POLITICA

El PJ Misiones fortalece su padrón y activa suspensiones preventivas en el proceso de normalización

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La Intervención Normalizadora del Partido Justicialista –Distrito Misiones– informó la continuidad del proceso de normalización y fortalecimiento partidario, con dos ejes centrales: la recomposición del padrón de afiliados tras años de caída sostenida y la aplicación de medidas disciplinarias preventivas ante denuncias formalmente presentadas. La estrategia combina reconstrucción institucional, actualización generacional y control orgánico, con impacto directo en la vida interna del partido y en el proceso electoral en curso.

Recuperación del padrón y renovación generacional

A ocho meses de iniciada la campaña de afiliación impulsada tras la asunción de la Intervención, el PJ Misiones logró revertir una tendencia de pérdida progresiva de afiliados que se verificaba de manera constante desde 2003. El dato de partida exhibe la magnitud del deterioro: de aproximadamente 130.000 afiliados a comienzos del año 2000, el padrón había descendido a 52.000 en abril de 2025, con una composición mayoritaria de personas mayores de 50 años.

En ese contexto, la campaña permitió incorporar más de 5.000 nuevas afiliaciones, recepcionadas en la sede provisoria del Partido Justicialista, que funciona en instalaciones del SMATA “hasta tanto la Justicia disponga la restitución de la sede partidaria”. Las nuevas altas fueron presentadas para su aceptación y registración ante la Justicia Federal con competencia electoral al 30 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los plazos y procedimientos vigentes.

Un rasgo destacado del proceso es el perfil etario: más de la mitad de las nuevas afiliaciones corresponde a menores de 35 años, distribuidos en distintas localidades de la provincia, que “adhieren al ideario y la doctrina justicialista”. La Intervención subraya así una renovación generacional que busca equilibrar la estructura partidaria y fortalecer su proyección futura.

Además, se informó que unas 250 afiliaciones adicionales permanecen en etapa de control, cuya presentación formal quedó condicionada por la feria judicial. Estas serán elevadas ante la autoridad electoral dentro de los plazos establecidos para el cierre del padrón del proceso electoral en curso. Sin perjuicio de ello, la Intervención aclaró que el proceso de afiliación continúa abierto conforme a la Carta Orgánica, aunque las nuevas altas que se produzcan en adelante se incorporarán con posterioridad al actual proceso electoral.

Denuncias internas y suspensión preventiva de afiliaciones

En paralelo al fortalecimiento del padrón, la Intervención Normalizadora dio curso a denuncias presentadas por afiliados justicialistas contra Pedro Alberto Arrúa, Myriam Analía Comparin y Fernando Martín Kornuta, en sus calidades de ex secretario del Consejo Político Provincial, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial y ex apoderado partidario, respectivamente.

Las presentaciones imputan, entre otras conductas, un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, la documentación contable y los libros partidarios a las autoridades interventoras legítimas.

Ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los sumarios disciplinarios para determinar responsabilidades orgánicas. En ese marco, y de conformidad con el artículo 25, inciso m), de la Carta Orgánica del Partido Justicialista –Distrito Misiones–, se resolvió la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones.

Con el objetivo de garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, se fijaron las audiencias correspondientes, en las que se correrá traslado formal de las acusaciones a los involucrados.

Reconstrucción institucional y reglas orgánicas

La Intervención Normalizadora reafirmó su compromiso con la reconstrucción institucional del Partido Justicialista en Misiones, el respeto irrestricto de la Carta Orgánica y la plena vigencia de los principios democráticos que rigen la vida interna del movimiento. El doble abordaje —expansión del padrón y control disciplinario— apunta a ordenar la estructura partidaria, asegurar la legalidad de los procedimientos y recomponer la legitimidad interna en un contexto electoral sensible.

Desde una perspectiva política e institucional, las decisiones adoptadas impactan tanto en la configuración del padrón habilitado como en la definición de responsabilidades dentro del partido, con posibles reacciones de los sectores involucrados y efectos sobre la dinámica orgánica del PJ en la provincia.

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El Gobierno declaró a filiales de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas

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El Gobierno declaró este miércoles a las facciones del Líbano, de Egipto y de Jordania de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas.

La Oficina del Presidente informó que la medida se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”.

Así, se dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estad, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, señaló el texto oficial.

Se incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Con esta medida, “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”, se indicó. 

“Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado.

Se recordó, además, que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”. 

“Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”´, finalizó el texto.

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Bolivia declara la emergencia energética y social por la crisis de combustibles y la falta de dólares

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El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el territorio nacional ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de divisas. La medida, que tendrá vigencia por un año, habilita un paquete de disposiciones excepcionales para garantizar el abastecimiento energético y sostener la actividad económica, en un contexto de restricciones externas y tensiones sobre el sistema productivo.

La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, que autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es mitigar el impacto de la crisis sobre la población y recomponer condiciones mínimas de funcionamiento de la economía.

El Decreto Supremo 5517 y el alcance de las medidas excepcionales

Según establece el Decreto Supremo 5517, la emergencia energética y social habilita al Estado a adoptar mecanismos extraordinarios para asegurar el suministro de combustibles y energía. El texto oficial señala que la norma busca “establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”.

Entre los ejes centrales de la medida se encuentra la apertura excepcional a la importación privada de derivados del petróleo, permitiendo su comercialización a precio de importación. Esta disposición apunta a aliviar los cuellos de botella generados por la falta de divisas y las dificultades para sostener los volúmenes de importación necesarios para cubrir la demanda interna.

El régimen previsto por el decreto establece que el acceso a la infraestructura energética deberá realizarse en condiciones no discriminatorias, un punto clave para habilitar la participación del sector privado sin alterar el funcionamiento básico del sistema.

Déficit de diésel y alivio regulatorio para el abastecimiento

Uno de los factores determinantes de la emergencia es el “déficit extremo” de diésel, combustible estratégico para el transporte, la agroindustria y otros sectores clave de la economía boliviana. En respuesta, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas, eliminando por el plazo de un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.

Además, el decreto establece el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y reducir los costos y demoras asociados a la operatoria aduanera. Esta combinación de desregulación y alivio arancelario busca acelerar el abastecimiento interno y contener el impacto de la escasez sobre los precios y la actividad productiva.

En términos operativos, la norma instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un plazo de hasta 15 días.

Posibles repercusiones

La declaración de emergencia energética y social marca un punto de inflexión en la política económica y energética de Bolivia. En el corto plazo, las medidas apuntan a sostener el funcionamiento del transporte, la producción agroindustrial y los sectores estratégicos, que dependen de manera crítica del suministro de diésel y otros combustibles.

Desde el plano institucional, la habilitación de importaciones privadas a precio de importación y el alivio regulatorio implican una flexibilización significativa del esquema vigente, con el objetivo de responder a una coyuntura caracterizada por la escasez de dólares y las restricciones externas. A su vez, la presión inflacionaria constituye un riesgo adicional, en tanto la falta de combustibles tiende a trasladarse a costos logísticos y precios finales.

En este contexto, la efectividad del decreto dependerá de la rapidez en la implementación de los cambios administrativos y de la capacidad del sector privado para aprovechar el nuevo marco excepcional. El escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema una vez finalizado el período de emergencia y sobre el impacto de estas decisiones en la estructura energética y económica del país.

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BlackRock ve un “tercer orden mundial” tras la captura de Maduro y no cambia su estrategia de inversión

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La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro no modificaron la estrategia de inversión de BlackRock. El mayor gestor de activos del mundo encuadró el episodio dentro de un escenario de creciente fragmentación geopolítica, al que definió como un “tercer orden mundial”, pero descartó impactos inmediatos sobre los mercados globales y ratificó su postura favorable al riesgo.

La evaluación surge de un informe difundido la semana pasada por el equipo de estrategia de BlackRock, en el que la firma analizó las implicancias macroeconómicas y financieras de la ofensiva estadounidense y del traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados a drogas y armamento. Pese al peso simbólico y político del operativo, la gestora consideró que los mercados ya operan bajo un régimen de alta dispersión de resultados posibles y que el evento no altera, por ahora, la dinámica financiera internacional.

Un nuevo régimen macroeconómico marcado por la fragmentación

Para BlackRock, la situación en Venezuela se inscribe en un cambio estructural más amplio del orden global. En su diagnóstico, los acontecimientos recientes reflejan un “nuevo régimen macroeconómico” impulsado por megafuerzas de largo plazo, entre las que se destacan la fragmentación geopolítica y la transformación energética.

Estos eventos son la manifestación de nuestro marco de nuevo régimen macroeconómico: un mundo con una amplia gama de resultados a largo plazo impulsados por megafuerzas, especialmente la fragmentación geopolítica y la transformación energética”, sostuvo la firma en el documento citado.

En esa línea, BlackRock afirmó que el mundo atraviesa el “tercer orden mundial distinto desde la Segunda Guerra Mundial”, caracterizado por Estados Unidos redefiniendo sus relaciones económicas y estratégicas con el resto del planeta. Este contexto, señaló la gestora, incrementa la incertidumbre política, pero no necesariamente se traduce en riesgos sistémicos para los mercados financieros globales.

Sin contagio financiero y continuidad de la estrategia pro-riesgo

A pesar del shock político que implicó la captura de Maduro, BlackRock aseguró que no observa señales de contagio hacia los activos globales. En consecuencia, mantuvo sin cambios su posicionamiento estratégico: sobreponderación en acciones estadounidenses, exposición al tema de inteligencia artificial y preferencia por bonos de mercados emergentes en moneda dura.

Vemos un impacto limitado en los mercados globales por ahora”, indicó el informe. Y agregó: “Nuestra postura pro-riesgo y sobreponderación en acciones de EE.UU., el tema de IA y bonos de mercados emergentes no ha cambiado”.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sostuvo que la acción militar en Venezuela no implica un cambio de régimen, sino un relevo de liderazgo. Para BlackRock, la falta de un plan político y militar claro respecto del futuro venezolano introduce un alto nivel de incertidumbre regional, aunque sin consecuencias inmediatas para los portafolios globales.

No hay un plan político ni militar claro para lo que viene, vemos mucha incertidumbre por delante. Pero esto puede no importar mucho a los mercados globales”, advirtieron los analistas de la gestora.

Energía, commodities y un impacto acotado

Uno de los canales de transmisión que el mercado sigue con atención es el energético. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción actual representa apenas alrededor del 1% del suministro global. Sobre esa base, BlackRock descartó disrupciones relevantes en los precios de los commodities.

Venezuela puede tener las mayores reservas de petróleo del mundo, pero sólo produce alrededor del 1% del petróleo mundial. Esperamos un impacto limitado en el corto plazo y un impacto ligeramente negativo en el largo plazo sobre los precios del petróleo”, señaló la firma.

Asimismo, el informe indicó que no se esperan cambios significativos en la producción de petróleo, gas y minería venezolana en el corto plazo, lo que refuerza la idea de que el canal de materias primas no actuará como vector de contagio macroeconómico inmediato.

Venezuela y la transición política bajo observación

En el plano político, BlackRock anticipó que el foco estará puesto en la eventual hoja de ruta hacia una transición y en el rol que puedan asumir figuras clave del actual esquema de poder. En particular, el informe mencionó la atención sobre la continuidad de Delcy Rodríguez, leal a Maduro y al expresidente Hugo Chávez, en un eventual liderazgo interino.

Observamos cualquier hoja de ruta hacia una transición y si Delcy Rodríguez permanece en el centro de cualquier liderazgo interino”, precisó el documento, aunque aclaró que estos factores no tendrían incidencia directa sobre la estrategia de inversión global.

En síntesis, para el mayor gestor de activos del mundo, la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela confirma la consolidación de un orden internacional más fragmentado y volátil, pero no altera el apetito por riesgo ni la asignación estratégica de activos en el corto plazo.

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Estados Unidos congela la tramitación de visas de inmigrante para 75 países y endurece su política migratoria

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El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, una medida que profundiza el giro restrictivo de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La decisión, comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, se fundamenta en criterios económicos y refuerza el objetivo de limitar el ingreso de extranjeros que busquen radicarse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por un portavoz del Departamento de Estado, que confirmó que la medida alcanza exclusivamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Según precisó la cartera diplomática a través de su cuenta oficial en X, la suspensión responde a que los inmigrantes provenientes de esos países “reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

Argumentos oficiales y alcance de la suspensión

De acuerdo con la explicación brindada por el Departamento de Estado, la restricción se mantendrá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”. El énfasis en el impacto fiscal y social de la inmigración se inscribe en una línea discursiva sostenida por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó públicamente el alcance de la decisión y señaló que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso de Somalia, Leavitt remarcó que sus ciudadanos fueron objeto de críticas directas por parte del presidente tras un escándalo vinculado al presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes somalíes.

Además, la funcionaria compartió un artículo de Fox News que amplía el listado de países alcanzados por la suspensión, entre los que figuran Brasil, Egipto y Tailandia, naciones que mantienen relaciones diplomáticas consideradas amistosas con Estados Unidos. El Departamento de Estado mencionó también a Haití y Eritrea entre los países incluidos en la medida.

Antecedentes y endurecimiento de la política migratoria

La congelación de la tramitación de visas de inmigrante se suma a una serie de decisiones adoptadas por la administración Trump desde su retorno al poder, orientadas a reducir de manera drástica la inmigración permanente. El propio presidente no ha ocultado su preferencia por limitar el ingreso de personas que no sean de ascendencia europea, una postura que ha generado fuertes controversias a nivel interno e internacional.

Trump ha realizado declaraciones especialmente duras hacia la comunidad somalí, a cuyos integrantes calificó como “basura” y a quienes instó a “regresar al país de donde vinieron”. En contraposición, el mandatario expresó su disposición a facilitar la inmigración desde países escandinavos.

En este contexto, el Departamento de Estado informó el lunes previo al anuncio que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un solo año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional comunicó el mes pasado que la administración ya deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

Impacto y reacciones esperadas

La medida no afecta a las visas de turismo ni de negocios, aunque la Casa Blanca ratificó que avanzará con una revisión exhaustiva del historial en redes sociales de todos los solicitantes, un requisito que amplía los controles migratorios incluso para ingresos temporales.

El congelamiento de las visas de inmigrante para 75 países anticipa posibles tensiones diplomáticas, en especial con naciones que no mantienen conflictos abiertos con Washington y cuyos ciudadanos se verán impedidos de iniciar procesos de radicación permanente. Al mismo tiempo, la decisión refuerza el mensaje político interno de la administración Trump, centrado en el control del gasto público y la reducción del impacto fiscal de la inmigración.

En términos económicos y sociales, la suspensión podría impactar en sectores productivos que históricamente se nutren de mano de obra inmigrante, aunque el gobierno estadounidense prioriza el argumento de la sostenibilidad del sistema de asistencia social y la protección del empleo local.

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