POLITICA

EUTA no garantiza el servicio de transporte de pasajeros el jueves

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Las Empresas Unidas de Transporte Automotor del departamento Capital (EUTA) informó que debido al Paro Nacional del próximo jueves, no pueden garantizar el Servicio del Transporte Público de Pasajeros.

En su comunicado informan que: Ante este paro nacional convocado y ratificado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y al que adherirá como parte afiliada, UTA (Unión Tranviarios Automotor) las empresas informan que “está fuera de su alcance satisfacer y responder a las necesidades de los usuarios, por lo que estos quedarán supeditados a la modalidadad/es de aplicación de la medida por parte de los chóferes afiliados a la  seccional UTA Misiones”.

Por tal razón, “la prestación de un servicio mínimo o la alteración total o parcial del mismo, no dependerá de la voluntad de las empresas”.

De todas maneras y como regularmente ocurre, las empresas “dispondrán de toda su flota e infraestructuras necesarias, para que los agentes calificados de conducir las unidades puedan desarrollar la actividad el jueves 6 de abril, honrando nuestro compromiso asumido con la sociedad”.

Por otra parte invitan a los usuarios del servicio a visitar su Fan Page en Facebook, un canal establecido como vía de contacto: https://web.facebook.com/eutaposadas/

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Sergio Moro dijo que no hay que cerrar empresas por corrupción

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El juez brasilero Sergio Moro dijo que el propósito de la investigación de corrupción no es cerrar empresas. Por el contrario: se sanciona a las personas que cometieron delitos, se aplican multas que puedan pagarse, se exige el cambio de procedimientos y las empresas tienen que seguir funcionando porque, es obvio, generan empleo y generan riqueza.

Presenciaron la conferencia, titulada “La lucha contra la corrupción y Estado de Derecho”, el ministro de Justicia, Germán Garavano, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el vicerrector de la UCA, Gabriel Liborio y el decano de la facultad, Daniel Herrera.

El juez Sergio Moro es una estrella en Brasil, donde una parte de los ciudadanos lo considera un héroe nacional, mientras otros le acusan de haber sido pieza fundamental de lo que ellos laman un “golpe” para sacar al Partido de los Trabajadores del poder. Pero también fuera de su país tiene un enorme predicamento. Lo ha demostrado en Buenos Aires, donde ha sido recibido con entusiasmo no solo por los ciudadanos sino también por el Gobierno de Mauricio Macri, que lo considera un ejemplo.

El juez brasileño Sergio Moro, instructor de la mayor causa anticorrupción de Brasil conocida como ‘Lava jato’, aseguró: “La corrupción sistémica afecta la productividad de la economía, genera costos adicionales, ahuyenta a los inversores”.

Moro explicó en la Universidad Católica, ante las preguntas de Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción del Gobierno argentino, que una de las claves del caso Lava Jato, que ha dinamitado la política y el mundo empresarial brasileño y ha conmocionado también a Perú, Colombia y otros países (menos la Argentina de Laura Alonso), fue el apoyo de la opinión pública, que sirvió como “protección” para él, los fiscales, la policía y todos los que intervienen en esta compleja negociación. Moro, que admite haber sufrido todo tipo de presiones –“presiones siempre hay”, dijo varias veces- explicó que una de las mejores decisiones que tomaron fue hacer públicas todas las audiencias.

Moro tiene como referente a Giovanni Falcone, el juez asesinado por la mafia en 1992 después de haber organizado contra ellos un maxiproceso que también se basó en las confesiones de los “arrepentidos”. Moro dice que cuando tiene algún momento de dificultad relee la biografía de Falcone y entiende que las presiones que él sufre no son nada comparado con lo que aguantó el italiano, que murió en un espectacular atentado en plena autopista en Sicilia camino del aeropuerto.

“En Lava Jato la opinión pública protegió a la justicia de las presiones”

Moro explicó en la Universidad Católica, que una de las claves del caso Lava Jato, que ha dinamitado la política y el mundo empresarial brasileño y ha conmocionado también a Perú, Colombia y otros países, fue el apoyo de la opinión pública, que sirvió como “protección” para él, los fiscales, la policía y todos los que intervienen en esta compleja negociación. Moro, que admite haber sufrido todo tipo de presiones –“presiones siempre hay”, dijo varias veces- explicó que una de las mejores decisiones que tomaron fue hacer públicas todas las audiencias.

“Según la Constitución brasileña, todos los procesos deben ser públicos. En la práctica eso es excepcional. La mayoría de estos procesos complejos suelen llevarse de forma secreta. Nosotros decidimos tratar estos casos con el máximo de transparencia y publicidad. Es importante que la opinión pública pueda controlar lo que está sucediendo, saber qué está haciendo la justicia. Eso permitió que hubiese un gran apoyo de la opinión pública y eso sirvió como protección de la justicia, porque cuando se involucran personas poderosas hay gran riesgo de obstrucción, hay presiones. Millones salieron a las calles y protestaban contra la corrupción y apoyaban las investigaciones”, aseguró.

Moro, que ha sido acusado en su país de tener intenciones políticas, defiende con firmeza su actuación, recuerda que se implicó a dirigentes de diferentes partidos, y asegura que el resultado final será positivo para Brasil. “Estos hechos son una vergüenza, pero ningún país debe sentir vergüenza por la aplicación de la ley. Brasil está dando pasos importantes para enfrentar la corrupción sistémica. Lava Jato por encima de todo sirve para reforzar la democracia de Brasil”, insistió.

Moro defiende la delación premiada. “En estos delitos de corrupción los únicos testigos son los propios corruptos, el que paga y el que cobra. Usamos un delincuente como testigo contra sus pares. Ellos no actúan por arrepentimiento sino por beneficios. Esto tiene un precio, un delincuente confeso recibirá una sanción menor de la que le corresponde. Pero si nos ofrece pruebas relevantes para incriminar a otros, compensa. Lo solemos hacer con el criminal de menor nivel que delata al jefe. Esa colaboración siempre tiene un precio pero también sería injusto ir solo contra la base y no la cúpula de la organización. Hay que pagar el precio. En Lava Jato también fue importante la utilización de la prisión preventiva, que siempre es una excepción pero fue muy útil”.

La clave definitiva, para Moro, además del apoyo de la sociedad civil, está en las empresas. Si no pagaran sobornos, se acabaría la corrupción, al menos la sistémica, la detectada en Lava Jato, con tarifas fijas entre el 1%y el 3% de los contratos. Por eso él ofrece conferencias a empresarios con frecuencia, y cuenta con orgullo que, además de encarcelar a los más importantes del país, logró que las empresas pidieran perdón a los brasileños en anuncios en los periódicos.

Pero él rechaza cualquier cierre de empresas por cuestiones de corrupción. Según él, los responsables son sancionados, las empresas son multadas, cambian sus procedimientos pero deben seguir generando empleo y riqueza económica.

Según Moro, Brasil “está dando pasos serios e importante contra la corrupción sistémica” y lo atribuyó a que “millones de brasileños salieron con banderas a las calles contra la corrupción y apoyando las investigaciones” judiciales. “La corrupción sistémica afecta la productividad de la economía, genera costos adicionales, ahuyenta a los inversores”, expresó y aseguró que “enfrentar la corrupción sistémica nos va a traer ganancias económicas y beneficios a la calidad de la democracia”.

Moro explicó que aunque los casos ‘Lava jato’ y otros anteriores “sean motivos de orgullo institucional para la Justicia de Brasil” aún “es temprano para afirmar que estamos saliendo de sistema de corrupción sistémica” a la cual definió como una “corrupción serial. En toda la región latina de América hay mucho aún por hacer para mantener el fortalecimiento de las instituciones y Argentina no es una excepción”, sentenció.

Y que la operación ‘Lava Jato’ estableció que “había coimas de 1% al 3% de cada contrato” de las empresas constructores a la petrolera estatal Petrobras y sostuvo que ese dinero alcanzaba suma de “millones de dólares porque los contratos eran muy grandes”.

“En esas tasas de corrupción había una división: una parte quedaba para los directivos de Petrobras y otra iba a políticos y partidos políticos que sostenían la permanencia de esos directores en sus cargos”.

El juez cuantificó los resultados de la mayor causa penal anticorrupción en Brasil al enumerar que “de las 150 acusaciones penales individuales aproximadamente 28 ya han sido juzgados y tienen sentencia firme” y preciso que “tenemos 5 legisladores federales condenados por corrupción y lavado de dinero”.

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Bonadio procesó a Cristina y la embargó por $ 130 millones

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El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el marco de la causa Los Sauces y la embargó por 130 millones de pesos.

Según la resolución, la expresidenta fue procesada como autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles.

También fueron procesados los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe.

La medida también implica la prohibición de salida del país tanto para la exprimera mandataria como para sus hijos.

La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer contra Cristina y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas.

El pasado 7 de marzo, la exmandataria acudió a los juzgados federales llamada a declarar por Bonadio y tras declinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.

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Acuerdo por Yacyretá: El presidente Cartes suspendió su viaje a Buenos Aires

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Lo confirmó el canciller nacional, Eladio Loizaga, debido a los últimos acontecimientos políticos ocurridos en ese país. El mandatario se iba a reunir con Mauricio Macri el 7 de abril para firmar el memorando de acuerdo sobre Yacyretá.

La reunión fue pospuesta para después de Semana Santa, según informaron funcionarios paraguayos.

El presidente se va a dedicar “de lleno a la mesa de diálogo”, cuya primera sesión está pactada para este miércoles de mañana, dijo Loizaga.

Para este miércoles a las 9:00 hora local está pautado el primer encuentro de la mesa de diálogo en el Seminario Metropolitano en Asunción con el objetivo de llegar a un entendimiento entre los sectores políticos que apoyan la aprobación de una enmienda constitucional que permita la reelección presidencial y los que lo adversan.

No está claro todavía si los sectores críticos de la iniciativa acudirán a la cita.

Cartes y su par de Argentina, Mauricio Macri, se iban a reunir esta semana con el objetivo de firmar un memorando de entendimiento para resolver el problema del endeudamiento de la represa hidroeléctrica binacional de Yacyretá el viernes.

Además, Loizaga afirmó que la reunión quedó pospuesta hasta después de Semana Santa debido a que “deben ajustarse algunos números” relacionados a la represa instalada sobre el río Paraná.

El memorando de entendimiento, que se está negociando desde hace casi tres años se refiere a una deuda contraída por la Empresa Binacional Yacyretá, cuya construcción comenzó en 1983 con financiación argentina, y que requiere una solución rápida para que se puedan financiar obras de ampliación y mantenimiento del complejo hidroeléctrico.

Por otra parte, Cartes iba a participar además del Foro Económico Mundial sobre América Latina, que se realizará en Buenos Aires, pero en su lugar acudirá Loizaga.

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La UCR priorizará a sus candidatos y amenaza con pedir internas en Cambiemos

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En la Convención Radical que se reunió en la ciudad de La Plata, se instruyó a la Mesa Directiva del Comité Nacional a ratificar los acuerdos políticos-programáticos nacionales efectuados a partir de la Convención Nacional de Gualeguaychú, “jerarquizando la construcción política con los partidos que conforman Cambiemos”.

Sin embargo, se pusieron condiciones. Uno de los principales puntos es que los acuerdos políticos distritales deberán potenciar la competitividad electoral de la Unión Cívica Radical en todas las categorías de cargos y jurisdicciones y se “priorizará el acceso de nuestros candidatos a los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales, para garantizar así el fortalecimiento de nuestra representación parlamentaria”.

“A tal efecto, podrán establecerse listas de unidad con las demás fuerzas de la coalición o, en su defecto, dirimir la mejor oferta electoral del espacio político en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, advierte el documento final.

Asimismo, la Convención señaló que “únicamente podrán denominarse “Cambiemos” aquellas alianzas transitorias distritales que integre la Unión Cívica Radical” y que las juntas electorales deberán estar integradas por representantes de la Unión Cívica Radical y procurar que ninguna fuerza tenga mayoría absoluta.

La Convención adelantó que en caso de que no se respeten las condiciones de la alianza electoral de 2015, la Unión Cívica Radical de cada distrito estará autorizada a constituir otras pactos  políticos y se podrá autorizar, de manera excepcional, la adhesión de boletas de sufragio con las categorías a cargos provinciales en coaliciones más amplias.

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