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Ziliotto anunció un impuesto extraordinario a “los altos ingresos” para alimentos y obra pública

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Por Juanjo Beascochea – El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, lamentó hoy “haber tenido razón en diciembre” cuando había advertido “acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo económico y jurídico” del Gobierno nacional y anunció dos proyectos para paliar la situación económica que contemplan un “aporte extraordinario”, al inaugurar este mediodía el período legislativo 2024.

“Al asumir en diciembre ratifiqué la decisión de continuar en la senda del desarrollo económico y social de la provincia. Agregué que era imprescindible seguir fortaleciendo nuestro modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión y de bienestar social creciente, pero también advertí acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo jurídico y económico que el gobierno nacional pretendía instaurar en la Argentina”, sostuvo Ziliotto desde la Cámara de Diputados.

El mandatario provincial lamentó que no se ha “equivocado” ya que esa “amenaza se ha transformado en una dura y angustiante realidad”, y adelantó que se enviarán dos proyectos para paliar la situación económica provocada por el recorte de fondos que ejecuta el Gobierno nacional.

El primero proyecta garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social, ya que “los recursos previstos en el presupuesto 2024 indudablemente serán insuficientes”.

“Para hacer frente a esa mayor erogación, estableceremos un aporte solidario y extraordinario que alcanzará principalmente a todo el sector financiero, pero además a los altos salarios públicos provinciales y a la posesión de inmuebles y vehículos vinculados a las mayores valuaciones fiscales”, detalló y subrayó que “no hay modo que el ajuste” lo sigan pagando los sectores más vulnerables.

Ziliotto explicó que la segunda iniciativa se vincula a un “imprescindible salvataje de la obra pública”, ya que el Gobierno nacional canceló “el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el gobierno provincial y que pagaba el Gobierno Nacional según convenios con esta provincia y que han sido avalados por esta legislatura”.

“Pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV. Ello sin perjuicio de nuestra intención de concluir, con recursos propios, las 630 viviendas del plan Procrear, suspendidas por el recorte nacional, ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el gobierno nacional en La Pampa”, explicó.

En tanto, el gobernador sostuvo que “sólo han transcurrido 80 días de gestión y ya convivimos con una inflación desenfrenada producto de una devaluación inédita y de la libertad tan deseada que aplican a gusto los formadores de precios sin control con un Estado ausente”.

Ziliotto dijo que “la suba irracional de los precios de los alimentos está llevando a la pobreza y a la indigencia a una abrumadora mayoría de la sociedad argentina”.

“Como si esto fuera poco, el Gobierno nacional ha confirmado su menosprecio al país federal, identificando a las provincias como Estados inviables y de ser las causantes del déficit fiscal nacional”, lamentó y aseguró que La Pampa “no es responsable de ningún déficit nacional” y que la provincia “no tiene déficit ni deudas y es ejemplo de orden fiscal”.

“Somos una de las pocas provincias que le genera al Estado nacional más dólares de los que consume. Somos la provincia con el mayor índice de desarrollo humano y con la mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. En nuestra provincia año a año se acentúa la diferencia entre empleo privado y empleo público registrado”, apuntó.

Y agregó que en el período 2011/2022 se generó “más empleo privado que público” y que “tres de cada cuatro agentes públicos son los que diariamente tienen la responsabilidad de sostener la salud, la educación, la seguridad o la justicia”.

“Nuestra provincia es una de las que proporcionalmente menos depende de la coparticipación federal. Presupuestariamente el pago de salarios público se encuentra por debajo del 40 % del total de los recursos”, resaltó.

Asimismo, aseguró que, en este escenario de ajuste, “la prioridad será atender a la educación y la salud, la seguridad ciudadana, el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y el sostenimiento de la obra pública”.

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Imputaron a Alberto Fernández en la causa por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa que investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, tras lo cual el aún titular del Partido Justicialista afirmó que esa denuncia era “falsa” porque se trataba de “una operación” en su contra y resaltó que en su mandato no realizó “negocios con nadie”.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

Por su parte, el expresidente se defendió de la acusación al afirmar que la denuncia “es falsa” y pidió que “se investigue” para que la Justicia pueda corroborarlo.

“Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto”, indicó Fernández en diálogo con radio La Red.

El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo “negocios con nadie”, que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos” y que eso es algo que “ningún operador de prensa” se lo va a “salpicar”.

“Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado”, agregó.

Fernández pidió que “se investigue” porque “si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín”, en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.

El artículo periodístico aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

“El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad”, apuntó Fernández.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (Anses) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

Al explicar los motivos por lo que es “falsa” la denuncia en su contra y que “no es un acto de corrupción”, Fernández planteó que se trata de una “operación” y que se da cuenta “de dónde viene”.

“Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene”, destacó aunque agregó que “no tiene ganas” de “profundizar” en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que “cada uno se haga cargo de lo que ha hecho”.

Sobre el decreto 823/2021, el exmandatario afirmó haberlo impulsado para “terminar con la corruptela del seguro en el Estado”.

“En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, sostuvo.

De la publicación de Clarín surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, indicó el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

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Destacan que el gobierno debe buscar consensos para impulsar el paquete fiscal

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El presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), José Simonella, destacó la necesidad de alcanzar consensos entre los distintos actores políticos para poder impulsar el paquete fiscal, y en una segunda etapa, avanzar hacia una reducción de déficit de forma estructural.

Simonella disertó en la charla “Reformas propuestas, sus implicancias económicas y perspectivas futuras de la economía” en la provincia de Salta donde también dialogó al respecto de las perspectivas económicas para este año.

El dirigente de Facpce afirmó que “si el gobierno logra recomponer la relación con los gobernadores y alcanza los consensos mínimos necesarios para impulsar el paquete fiscal, debería reemplazar la estrategia de licuación por reducir el déficit de forma estructural, sumado el aporte de ingresos de un blanqueo y una moratoria”.

Por otra parte, sostuvo que “a partir de junio, con el aporte de la cosecha y un acuerdo con FMI, podría generarse espacio para la unificación del tipo de cambio o quita de cepos”.

Durante su exposición, Simonella también sostuvo que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste basado en “licuación”, y explicó que, en el corto plazo, esa estrategia “tiene fecha de vencimiento”.

“El límite a la velocidad del ajuste será el acompañamiento de la gente”, señaló Simonella, y a su vez añadió que “en Argentina el apoyo social es inversamente proporcional al nivel de la inflación y al valor del dólar”.

Por último, manifestó que “en el mundo virtual las cosas son más fáciles que en la vida real, vivir el ajuste es mucho más difícil que apoyarlo o pensarlo en las redes”.

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El conflicto entre Chubut y el Gobierno tensiona al PRO y aleja aún más a Bullrich y Macri

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Por Javier Peverelli – La disputa de la provincia de Chubut con el Gobierno nacional sigue generando coletazos en la situación interna del PRO y pone cada vez mayor distancia entre el expresidente Mauricio Macri y la actual titular de la fuerza y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le pidió al exmandatario que se “pronuncie” sobre un conflicto que tiene distintas posturas dentro del partido.

Bullrich consideró que Macri “debería pronunciarse como expresidente” respecto de la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por el recorte de la coparticipación.

Y dijo que no tiene “problema” en que el exmandatario sea el nuevo presidente de esa fuerza, pero afirmó que para ello es necesario “definir dónde está, qué ideas defiende y si está en favor del cambio”.

“Me sorprende la actitud de Nacho Torres. Desde el PRO creemos en la ley como principio de convivencia y tenemos que pronunciarnos al respecto. Por eso junté a un grupo importante de dirigentes que ponen bien en claro que no vamos a hablar nunca de violación a la propiedad privada”, indicó la ministra en declaraciones a Radio Rivadavia sobre la carta difundida en respaldo al Gobierno nacional en su disputa con Chubut.

En esa línea, Bullrich afirmó que Macri -quien no firmó la nota- “debería pronunciarse como expresidente” al respecto y remarcó que no tiene “problema” en que el exmandatario sea el nuevo presidente del PRO, pero es necesario “definir dónde está, que ideas defiende y si está en favor del cambio”.

“Estoy esperando su pronunciamiento. ¿Dónde está el PRO? En sus ideas y posicionamiento del lado del Gobierno”, aseguró.

El expresidente, que regresó la semana pasada de sus vacaciones, se reunió un día antes de que estalle el conflicto entre Chubut y Nación precisamente con Torres, a quien le pidió “24 horas para resolver el tema”, pero como “no hubo resultados concretos” el gobernador decidió ir a la Justicia, según señalaron a Télam fuentes del mandatario chubutense.

Macri, que se perfila para encabezar una posible lista de unidad para presidir el PRO, no logró mediar en la disputa y hasta el momento continúa sin pronunciarse públicamente al respecto.

Para Bullrich, la discusión “no es quién es el presidente” del partido amarillo sino “dónde están parados”.

“¿Estamos apoyando el cambio o a medias? Esto lo voy a llevar al PRO, sea quien sea el presidente. Yo no voy a serlo porque soy ministra y no tengo tiempo”, aclaró sobre las nuevas autoridades que deben elegirse en las próximas semanas.

En este escenario de tensión dentro del partido, la ministra sufrió la renuncia de uno de sus colaboradores más cercanos: el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Sebastián García De Luca.

“Un placer acompañarte hasta acá Patricia Bullrich. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona. Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo”, expresó García De Luca en su cuenta oficial de X.

Bullrich explicó que su salida provino de “una charla” que venían manteniendo hace semanas: “Llevamos adelante una práctica de a todo o nada, y él tenía cierta incomodidad. Tiene una idea más de negociaciones, donde cedés cosas para conseguir otras, y ahí terminás perdiendo la capacidad de conducción”, consideró.

García De Luca es uno de los dirigentes que -como Macri- no firmó el comunicado que publicó recientemente el PRO en apoyo al Gobierno del presidente Javier Milei y en rechazo a la postura de Torres.

A este contexto se suma la frustrada reunión que se iba a realizar el lunes entre el bloque de 38 diputados que dirige Ritondo; el propio gobernador chubutense Torres, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Según detallaron fuentes partidarias a esta agencia, la reunión en la que se iba a debatir la posición del PRO “por ahora” no se va a llevar a cabo.

Si bien Frigerio formó parte de una de las 10 provincias de Juntos por el Cambio (JxC) que firmó un comunicado en solidaridad con Chubut, el mandatario se separó hoy de la actitud de ese distrito al afirmar que no cree “en el ojo por ojo” y que no es “la mejor forma de solucionar las cosas”.

“Hay que poner el foco en la gente, que decidió que hay que mirar para adelante. Por eso, no tenemos que dar este espectáculo bochornoso de políticos peleándose entre ellos. No voy a entrar en eso, no creo que sea la forma de manejarnos. Estoy dedicado a gestionar y a resolver los problemas de los entrerrianos, no me van a encontrar haciendo otra cosa”, indicó en diálogo con Radio La Red.

En esa postura intermedia también se ubicó la diputada María Eugenia Vidal, quien afirmó en un reportaje hace días que “Torres tiene que asumir el cargo en una provincia que no administró y que fue mal administrada”, al igual que su compañero de banca Alejandro Finocchiaro, al señalar que el Gobierno nacional debe “buscar alguna vía alternativa de financiamiento”.

Entre los nombres más resonantes de las más de 200 adhesiones dirigentes y militantes del PRO que sí firmaron la nota en contra del planteo de Chubut están Damián Arabia, Fernando Iglesias, Silvana Giudici, Gerardo Milman, Diego Valenzuela, Federico Pinedo, Juan Pablo Arenaza, Francisco Sánchez, Eduardo Macchiavelli, Pablo Tonelli y Claudio Avruj.

Quien sí le envió “todo” su “apoyo” al mandatario chubutense fue el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar en redes sociales que “la riqueza de nuestro país es la riqueza de las provincias” y que el “Gobierno no puede desconocerlas”.

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Coca-Cola Andina de Mendoza invierte US$ 30 millones para reabrir fábrica que generará 200 empleos

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La empresa Coca-Cola Andina puso nuevamente en funcionamiento su planta en la localidad mendocina de Godoy Cruz, iniciativa que generará unos 200 puestos de trabajo y demandó una inversión de US$ 30 millones, se informó hoy..

La adquisición de la nueva línea de producción se realizó a través del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión, que les permite a las empresas sumar maquinaria sin pagar derechos aduaneros, y que es gestionado por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Esta nueva línea de llenado de bebidas en empaques retornables, montada donde hasta ahora sólo había un depósito, fue producto de la decisión de la empresa de ampliar su presencia en Cuyo, según explicó el subgerente de Comercio Exterior de la compañía, Leandro Ariano.

El Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión (conocido como Régimen 256) establece el pago del 0% en concepto de derechos de importación para todos los bienes nuevos que formen parte de nuevas líneas de producción completas y autónomas, y su excepción al pago de tasa de comprobación de destino.

Se trata de un incentivo promocional dirigido a alentar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad de los productos industrializados a través de la incorporación de tecnología de última generación.

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