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Marcelo Cardozo y un golpe al contrabando VIP que salpica a nombres como L-Gante, la China Suarez y La Joaqui

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Por orden del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, una compleja investigación por contrabando internacional de vehículos de alta gama derivó en una serie de allanamientos simultáneos que permitió desbaratar una organización que operaba entre Paraguay, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando autos deportivos de lujo ingresados ilegalmente al país que después eran usados y exhibidos por La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, entre otros influencers.

La causa, instruida por el fiscal federal Marcelo Bernachea, avanzó a partir de una investigación técnica de la Dirección General de Aduanas que detectó un patrón reiterado de ingresos irregulares de vehículos por pasos fronterizos del noreste argentino. Con esas pruebas, el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, autorizó cinco allanamientos simultáneos, ejecutados con apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva, todos organismos dependientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los operativos, encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, concluyeron con la detención e incomunicación de dos ciudadanos argentinos, además del secuestro de treinta millones de pesos, veinte mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación.

En el marco de las medidas ordenadas por el juez Cardozo, se incautaron cuatro automóviles deportivos de matrícula paraguaya, valuados en más de cien millones de pesos cada uno: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, además de una camioneta Toyota SW4 de patente argentina.

El esquema de contrabando

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización utilizaba de manera fraudulenta el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur, previsto en la Resolución General 1419 de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. El mecanismo consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los autos a la Argentina declarando fines turísticos, pero al regresar a su país dejaban los vehículos en territorio argentino, donde eran utilizados por sus verdaderos propietarios.

Las pruebas reunidas por la Aduana -cuyo alerta inicial se produjo en Paso de los Libres- permitieron al juez Cardozo tener por acreditado un ardid sistemático, organizado por dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes controlaban los automóviles y los explotaban comercialmente.

Ambos exhibían los vehículos en redes sociales y los utilizaban en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para producciones audiovisuales y eventos. Uno de ellos se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La causa está encuadrada en el artículo 865 del Código Aduanero, que tipifica el contrabando agravado, con penas de hasta diez años de prisión. Según las actuaciones que tramitan en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, la operatoria se habría iniciado al menos en el año dos mil veintitrés y podría involucrar más vehículos y personas.

Bajo la dirección del juez Marcelo Cardozo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni más secuestros, en una causa que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en la frontera norte de Misiones.

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Peor que en la pandemia: Misiones perforó el piso de  los 100 mil trabajadores

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La muy fuerte crisis que atraviesa el mercado de trabajo en todo el país y en particular en Misiones dejó un dato alarmante: por primera vez en casi cinco años, la provincia cuenta con menos de 100 mil empleos en el sector privado formal.  

El dato surge de la última publicación de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que corresponde a octubre de 2025; cuando Misiones registró  99.225 trabajadores en el sector privado formal en la serie desestacionalizada, siendo el menor volumen de empleo de los últimos 57 meses para la provincia y perforó el piso de los  cien mil empleos por primera vez desde febrero de 2021, en plena recuperación pospandemia.  

Misiones llegó a esa cifra luego de sufrir su cinco caída consecutiva en la comparación mensual: en octubre el descenso fue de 0,9%, equivalente a la pérdida de 884 empleos respecto a septiembre, siendo así una de las seis provincias con mayor descenso mensual. 

De este modo, entre junio y octubre, Misiones perdió unos 3.558 empleos en el sector privado formal.  

En la comparación interanual, Misiones continúa presentando una fuerte contracción: la merma fue de 4,5% contra octubre de 2024, equivalente a 4.559 empleos menos respecto a ese período y la cuarta caída más alta del país en ese nivel comparativo. 

Por su parte, si se analiza la variación del empleo durante la era Milei, las  bajas continúan agravándose: entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, Misiones perdió 9.678 empleos, lo que representa una baja del 8,9%, la sexta más fuerte del país. 

En el plano regional, las cuatro provincias del NEA presentaron caídas del empleo mensual  en octubre: la de Chaco fue la más leve (-0,2%), seguida por Corrientes (-0,4%), luego Misiones y Formosa tuvieron las bajas más fuertes (-1,0%). 

A nivel nacional, el empleo cayó -0,3% mensual desestacionalizado (quinta baja al hilo) y se perdieron 17.900 empleos en este mes. En lo que va de la era Milei, la baja es del 2,8%,lo que significa la pérdida de 176.908 puestos de trabajo.

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Competitividad: Misiones aplica una inédita rebaja impositiva a los combustibles

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El Gobierno de Misiones avanzó con una de las decisiones fiscales más relevantes del año para el sector energético: la reducción drástica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la venta mayorista de combustibles en estaciones de bandera blanca, que pasará a tributar 1%, cuando hasta ahora estaba alcanzada por una alícuota del 4,5%. La medida implica una baja superior al 75% de la carga impositiva y busca equiparar el tratamiento tributario del combustible al de la actividad industrial. Tendrá un fuerte impacto en los costos operativos de empresas y también en la logística.

La decisión fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, que se apoya en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107, que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar alícuotas y regímenes de recaudación para promover el desarrollo económico .

Hasta ahora, la comercialización mayorista de combustibles estaba gravada como una actividad comercial, lo que generaba una distorsión impositiva en una cadena de valor estratégica para toda la economía. El nuevo esquema reconoce su rol productivo y logístico, y lo alinea al tratamiento que reciben las actividades industriales, reduciendo de manera significativa el costo fiscal que enfrentan los operadores del sector.

La resolución establece con claridad que la venta mayorista de combustibles para reventa comprendidos en la Ley Nacional 23.966 pasará a tributar una alícuota del 1%, mientras que la venta mayorista general de combustibles y lubricantes continuará gravada al 4,5% . De este modo, se diferencia explícitamente al eslabón que abastece al mercado interno y a las estaciones de servicio.

El propio texto oficial fundamenta la medida en la necesidad de “evitar distorsiones impositivas, fortalecer la competitividad del sector y promover condiciones equitativas que favorezcan la inversión y el sostenimiento de la actividad económica en la Provincia” . En términos prácticos, esto significa crear un entorno más favorable para que las empresas que importan, almacenan y distribuyen combustibles puedan operar con mayor previsibilidad y menores costos.

El impacto de esta decisión se proyecta a lo largo de toda la cadena: desde los grandes mayoristas y operadores logísticos, pasando por las estaciones de servicio, hasta el consumidor final. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo que se traslada en cascada, por lo que una reducción de esta magnitud mejora los márgenes del sector y reduce la presión sobre los precios finales.

Además, en una provincia de frontera como Misiones, donde existe una fuerte competencia de precios con Paraguay y Brasil, la reducción impositiva refuerza la competitividad local y desalienta la fuga de consumo hacia el exterior.

La resolución también faculta a la Dirección General de Rentas a dictar la normativa reglamentaria necesaria para la implementación del nuevo régimen , garantizando su aplicación efectiva en el sistema tributario provincial.

En síntesis, Misiones redefine el tratamiento fiscal del combustible para alinearlo con una lógica productiva y no meramente comercial. La baja de impuestos sobre un insumo clave como el combustible no solo fortalece al sector energético, sino que impacta de manera transversal en el transporte, la industria, el comercio, el turismo y el costo de vida, consolidando una estrategia orientada al crecimiento y la competitividad de la economía provincial.

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Productores yerbateros reclamaron al INYM recuperar facultades y frenar precios por debajo del costo

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Referentes del sector productivo yerbatero mantuvieron una reunión formal en enero de 2026 con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Martín Correa, en la que entregaron un petitorio de siete puntos y plantearon la crítica situación económica de los productores, marcada por precios de la hoja verde muy por debajo de los costos oficiales. El encuentro, realizado en la sede del organismo, expuso con crudeza la tensión entre el funcionamiento actual del mercado, la pérdida de herramientas regulatorias del Instituto y el impacto social en pequeños y medianos productores, tareferos y cooperativas.

Participaron de la reunión Jorge Skripczuk y Luis Andrusyszyn, por la Asociación Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, por la Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro; y Jorge Lizzinies, en representación de la Cooperativa Jardín América. Tras el encuentro, los productores coincidieron en destacar la apertura al diálogo del nuevo presidente, aunque advirtieron que el precio de la hoja verde y la regulación del mercado siguen siendo el núcleo del conflicto.

El petitorio: precios, facultades del INYM y una agenda territorial

El documento presentado ante el presidente Correa, fechado en enero de 2026 y registrado oficialmente por el INYM, propone siete ejes de trabajo. Entre ellos, se destacan la necesidad de desarrollar un plan de trabajo conjunto con el sector productivo en las distintas zonas yerbateras, la recuperación de las facultades del Instituto para intervenir en la formación de precios, y una agenda específica para mejorar el valor de la hoja verde de yerba mate.

El petitorio también solicita continuar con las becas estudiantiles, con una referencia explícita a unas 600 becas, reforzar el apoyo a las marcas chicas mediante canales de comercialización, y sostener las tareas de inscripción, inspección y control de calidad en toda la cadena, con el objetivo de garantizar una yerba mate de alta calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

Otro punto central es la continuidad del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG), considerado clave para el blanqueo laboral y la formalización del trabajo rural, y la articulación con el gobierno provincial para acceder a financiamiento con tasas y plazos adecuados que permitan el desarrollo de cooperativas, emprendedores y pequeños productores.

El pedido más urgente hoy es la continuidad de la CCG y trabajar una agenda que permita devolverle herramientas al INYM”, señaló Jorge Skripczuk, quien remarcó que el planteo fue compartido con el presidente y que “en muchos puntos ya se está trabajando”.

Precios por debajo del costo y mercado desregulado

Durante la entrevista posterior a la reunión, los productores describieron una situación económica que consideran crítica. Según relataron, el kilo de hoja verde en planta se está pagando entre 60 y 80 pesos, mientras que el último costo oficial calculado por el propio INYM fue de 450 pesos, cifra que, además, quedó desactualizada frente a la inflación acumulada.

A mí hoy me van a pagar 80 pesos. Saque la cuenta, no puedo”, expresó uno de los productores, sintetizando el desfasaje entre costos y precios. Desde el sector señalaron que, en el esquema actual, el mercado fija los valores, lo que permite que quienes concentran poder de compra “tiren los precios para abajo”, afectando directamente a los productores primarios.

Luis Andrusyszyn fue enfático al señalar que el reclamo central es recuperar la facultad del Instituto para establecer al menos un precio base. “No hablamos de fijar un precio arbitrario, sino de un precio base que garantice estabilidad y que no se trabaje por debajo del costo”, afirmó. En la misma línea, advirtió que muchos productores hoy no pueden afrontar impuestos, servicios básicos ni el monotributo, mientras que el precio de la yerba en góndola continúa en alza.

Reorganización del INYM, credibilidad y advertencia de conflicto

Desde el sector valoraron la predisposición del nuevo presidente del INYM, a quien identificaron con una agenda basada en transparencia, reorganización interna y eficiencia institucional. “Tenemos que hacer que el INYM vuelva a ser creíble y efectivo en sus decisiones, siempre defendiendo al pequeño productor”, sostuvo Waldemar Schwider, quien reclamó reglas claras y sanciones para quienes no cumplan.

Jorge Lizzinies, por su parte, subrayó el valor simbólico de que el Instituto vuelva a tener conducción: “Durante todo el año pasado pedíamos un presidente. Hoy lo tenemos. Venimos a escucharlo y a trabajar en conjunto”. También recordó que el INYM fue creado para defender al pequeño y mediano productor, y advirtió que, si no hay respuestas, el sector no descarta medidas de fuerza, evocando las históricas protestas con tractores de 2001 y 2002.

No obstante, los referentes señalaron que acordaron dar un compás de espera y avanzar en una mesa ampliada de diálogo, con reuniones también en el interior de la provincia, para descomprimir la creciente tensión social en las zonas productoras.

Foto de portada Marcos Otaño

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Oberá marca el pulso de construcción en la región NEA

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¿Y si la recuperación viene del interior del interior? A nivel sectorial, la actividad más golpeada en los últimos dos años fue, sin ningún lugar a dudas, la construcción. El freno a la obra pública como decisión política del Gobierno nacional, sumado a cierto parate a nivel provincial por falta de financiamiento, produjo una brusca caída hacia inicios de 2024 que no logró repuntar con claridad hacia el 2025 e incluso, por momentos, se deteriora aún más. A eso, se agrega el hecho de que los costos para la inversión privada se encarecieron notablemente y el crédito, pese a mostrar una expansión general, no llegó siempre a este sector, que aún expresa que ese es uno de los tantos limitantes. 

En el último reporte del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que mide el INDEC, las expectativas no son optimistas para el sector. Entre los empresarios que se dedican a obras privadas, sólo el 13% considera que para el primer bimestre del año el sector presentará mejoras, mientras que el 18,5% considera que empeorará y el 68,5% cree que se mantendrá sin cambios. 

Igual de pesimista es el marco para los empresarios que se dedican a la obra pública: el 24% cree que el escenario empeorará y el 54,1% que se mantendrá igual. 

En el contexto actual, la respuesta “se mantendrá igual” equivale a sostener un ritmo de actividad altamente debilitado y en pisos históricos, equivalente a hablar de “la paz del cementerio”. Peor aún, el 20,8% de los proyectos de obra privada anticipa una disminución de personal y apenas el 8,5% lo incrementarían.

Otro dato saliente de esa encuesta del INDEC es la identificación de los principales factores que podrían estimular el crecimiento del sector; es decir, qué hace falta para que se reactive la construcción. Entre los empresarios de la obra privada, las respuestas se centran en tres cuestiones: el 31% expresó que el factor clave es el crecimiento de la actividad económica; el 19% la estabilidad de precios y otro 19% la disponibilidad de crédito. 

También el INDEC preguntó lo mismo, pero a la inversa: ¿Cuáles piensa que son las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector? El 28,3% respondió “la caída de la actividad económica”, el 10% la “falta de crédito” y el 12% los “atrasos en la cadena de pagos”.

Queda claro que el sector está mirando actividad, precios y financiamiento como los factores limitantes para lograr cierta reactivación, siendo así un reflejo casi exacto de lo que sucede en casi toda la economía real del país.

En este escenario, Misiones ha mostrado una fuerte contracción de la construcción en los últimos dos años, sufriendo por encima del promedio nacional los efectos de recortes de obra pública, desfinanciamiento nacional y encarecimiento de costos y del crédito, entre otras cosas. Pero es interesante observar cómo se mueve el sector no solo a nivel provincial, sino haciendo doble click sobre el desempeño puntual de ciertos municipios para intentar analizar desde dónde podría llegar la reactivación deseada. 

Para esto, uno de los insumos disponibles, son los datos respecto a permisos de obra y superficie autorizada a construir que el INDEC suministra mes a mes sobre más de 200 municipios de todo el país; de Misiones, hay relevamiento para 7 de ellos. 

El último dato disponible, que corresponde a octubre, muestra a una ciudad que sobresale por encima del resto: Oberá. En la capital del Monte, los permisos de obra otorgados fueron los más altos del mes en misiones (totalizaron 35) con un crecimiento del 16,7% interanual y del 40% contra el mes anterior. 

El volumen de permisos de octubre es el más alto no solo del año, sino de los últimos 29 meses, pero no se trata de un dato aislado: presenta alzas en los últimos cuatro meses consecutivos y en siete de los diez meses del año registró la mayor cantidad de permisos en la provincia. 

Acumulado – Permisos
Acumulado Permisos
Oberá224
Formosa194
Resistencia163
Posadas147
Goya132
Corrientes101
Pto. Iguazú95
Eldorado88
Clorinda88
Alem82
Apóstoles56
Curuzú Cuatiá47
P. de la Patria38
P. de los Libres35
Puerto Rico27
Bella Vista26
Pero vale ir un poco más allá todavía en la comparación y observar su posición en el NEA: en octubre Oberá fue la ciudad con el segundo mayor volumen de permisos otorgados de toda la región, solo debajo de Resistencia que tuvo un mes excepcionalmente bueno (pero venía mostrando una tendencia decreciente). 

Pero insistimos: lejos de ser un dato aislado, fue una constante en el año. Si tomamos los datos acumulados de enero a octubre, Oberá se erige como el municipio del NEA con el mayor volumen de permisos de construcción otorgados, con un total de 224, ubicándose por encima de todas las capitales de las cuatro provincias que conforman la región, y exhibe un crecimiento acumulado del 23%, también un desempeño relativo muy superior a las grandes urbes del NEA. 

¿Cómo les fue a los otros municipios misioneros relevados? En cantidad de permisos acumulados del año, a Oberá la secunda Posadas con un total de 147. La capital misionera si bien tuvo un buen octubre (+28,6% mensual) todavía sigue muy atrasada en el acumulado anual (-47,9%). En tercer lugar se ubica Puerto Iguazú con 95 permisos en los diez meses del año, mostrando una buena dinámica: en octubre creció 71,4% mensual y en el acumulado del año lleva +25,0%, por lo que este municipio es también un pilar de reactivación para la provincia. Eldorado se ubica más atrás con 88 permisos y exhibiendo también un buen desempeño acumulado (+41,9% interanual). Leandro N. Alem (82 permisos y +3,8% acumulado interanual), Apóstoles (56 permisos y +5,7%) y Puerto Rico (27 permisos y -10,0%) completan el ranking. 

En resumen: de siete municipios, cinco muestran subas acumuladas en el año y solo dos, entre ellos Posadas, presentan bajas. ¿Será que la reactivación viene desde el interior del interior argentino? 

Veamos que ocurre con el segundo indicador: la superficie autorizada a construir; esto es, el tamaño de las obras. En metros cuadrados acumulados, Posadas lidera con amplia comodidad no solo a nivel provincial sino también regional. En la capital misionera, la superficie autorizada en los diez meses del año totaliza 104.563 metros cuadrados; si bien muestra una merma contra el 2024 (-39,8%), su liderazgo en el NEA es indiscutible. 

El municipio que le sigue es Corrientes con 60.127 metros cuadrados autorizados, 42% menos que en Posadas. A su vez, el podio regional se completa con Oberá con 53.175 m2

Hay una diferencia clave entre estos tres municipios: mientras que las dos capitales presentan bajas contra el año anterior, Oberá vuelve a destacarse al mostrar expansión, que llega al 8,3%. 

Acumulado – m2 autorizados
Acumulado m2 autorizados
Posadas104.563
Corrientes60.127
Oberá53.175
Resistencia47.682
Eldorado43.234
Formosa35.926
Pto. Iguazú25.642
Goya21.341
Alem15.956
Clorinda15.152
Curuzú Cuatiá9.798
Puerto Rico9.442
Apóstoles9.120
P. de la Patria8.222
P. de los Libres5.648
Bella Vista5.587

Podemos hacer una tercera mirada, sobre el tamaño promedio de las obras: esto es, cruzar la cantidad de metros cuadrados autorizados con los permisos otorgados para tener un indicador de tamaño promedio de cada obra y dimensionar así el perfil municipal del sector: pueden ser pocas obras de mucha superficie; o muchas obras de poca superficie. En este caso, Posadas muestra el mayor tamaño promedio de obra de todo el NEA, con un promedio de 711 metros cuadrado por obra; Corriente se ubica segunda y otro municipio misionero da la nota al meterse en el podio, pero en este caso no es Oberá: es Eldorado, con 491 metros cuadrados de obra promedio. 

¿Qué podemos llevarnos de todo esto? Como primera reflexión, cabe señalar que en un contexto macroeconómico adverso y con un sector de la construcción que sigue operando en niveles históricamente bajos, existen dinámicas locales que desafían el diagnóstico general. Municipios como Oberá, y en menor medida Puerto Iguazú y Eldorado, muestran que la actividad puede encontrar motores propios cuando confluyen cierta estabilidad local, decisiones de inversión privada de menor escala e incluso acompañamiento estatal mediante tasas bajas y subsidios al crédito y/o a la actividad en sí misma. 

Es cierto que no se trata todavía de una reactivación plena, ni mucho menos homogénea, pero no deben dejarse de lado estas señales concretas que rompen con la idea de parálisis total y permiten pensar que el interior del interior puede funcionar como motor de una recuperación más gradual y dispersa.
Estos brotes verdes son fundamentales, pero todavía frágiles y sobre todo, altamente sensibles a la evolución de la actividad general, al acceso al crédito y a la estabilidad de precios, exactamente los mismos factores que el propio sector identifica como determinantes. Entonces, si bien la recuperación puede venir desde el interior del interior, se necesita todavía un esquema macroeconómico que sostenga, expanda y contagie al resto del territorio.

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