vie. Dic 5th, 2025

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El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad

By Redacción Economis 2 meses ago
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Tras el rechazo al veto y la ratificación del proyecto original por parte del Congreso, la legislación se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial

Este lunes, tras el rechazo veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, como ya había adelantado hace una semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la ley quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

La medida se oficializó mediante la publicación del Decreto 681/2025, en el Boletín Oficial. Así, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la legislación, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

En ese sentido, estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.

A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI).

En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.

Por esto mismo, el Gobierno decidió postergar su aplicación hasta tanto el Congreso precise de dónde se obtendrán los fondos. De hecho, en el decreto mencionaron que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento. Además, esta decisión del Gobierno se enmarca en el artículo 5 de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional.

El Congreso de la Nación, según el Ejecutivo, “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

El Poder Ejecutivo ya había vetado la ley mediante el Decreto N° 534/25, argumentando que “resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. En esa oportunidad, advirtieron que la falta de previsión presupuestaria “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”.

Pese a estos reparos, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación insistieron con la sanción de la ley por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

El texto oficial subraya que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma.

“Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señala el texto.

La promulgación fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas presupuestarias que permitan la puesta en marcha efectiva de la emergencia nacional en discapacidad.

El Gobierno ajustó el Presupuesto 2025 para reforzar la atención a las personas con discapacidad

A través de la Decisión Administrativa 24/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, dispusieron una modificación presupuestaria para reforzar la financiación destinada a la atención de personas con discapacidad. La medida responde al reclamo de actualización de los prestadores del sistema y comenzará a regir el 1° de octubre.

El ajuste presupuestario implica un incremento de los fondos asignados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, mientras que se reduce la partida correspondiente a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, utilizada habitualmente para compromisos generales del Estado.

El núcleo de la medida radica en la necesidad de adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos impostergables, en particular aquellos vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El documento oficial reconoce que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.793, que contempla el financiamiento de estos gastos. Sin embargo, la ejecución de esa ley se encuentra suspendida hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como lo establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

A pesar de esa suspensión, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió avanzar con una readecuación de los créditos presupuestarios para dar respuesta, a partir del 1° de octubre, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad.

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Stelatto eliminó varias secretarías para optimizar recursos y reducir costos

By Redacción Economis 3 meses ago
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El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, oficializó mediante el Decreto N.º 717, con fecha 1 de septiembre de 2025, una profunda reestructuración en el esquema orgánico y funcional de la Secretaría de Gobierno Municipal. La medida busca adecuar la administración a la delicada situación económica y financiera, optimizar el uso de los recursos y evitar superposiciones de funciones.

El decreto sostiene que la baja en la recaudación, la retracción de fondos nacionales y el incremento de obligaciones administrativas obligan al municipio a ordenar sus estructuras internas. En este marco, Stelatto remarcó que el objetivo es “asegurar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales y fortalecer el control de las finanzas públicas”, al tiempo que se reduce el gasto político.

A partir del 1 de septiembre se eliminaron ocho direcciones generales y coordinaciones que funcionaban en el ámbito de la Secretaría de Gobierno. Entre ellas, se destacan:

  • Dirección de Seguridad Ciudadana y sus dependencias.
  • Dirección de Control Comunal.
  • Dirección de Registro y de la Propiedad del Automotor.
  • Dirección de Derechos Humanos.
  • Dirección de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
  • Dirección General de Métodos Participativos, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano.
  • Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
  • Dirección de Capacitación y Formación de Centros de Resolución de Conflictos.

En total, se eliminaron ocho cargos jerárquicos con el propósito de reducir la estructura política-administrativa. En paralelo, se crearon nuevas áreas de gestión dentro de la Secretaría de Gobierno, con foco en la reorganización de funciones y la optimización del control ciudadano:

  • Dirección de Control Comunal, con divisiones de nocturnidad, habilitaciones, atención al contribuyente, inspección de obras privadas, y control de la vía pública.
  • Dirección de Derechos Humanos, que incluye un departamento de previsión y asistencia al personal municipal y sus familias.
  • Área Municipal de la Diversidad Sexual.
  • Dirección de Métodos Participativos, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano, con departamentos de gestión barrial, relevamiento social y psicológico, mediación, y resolución de conflictos.

Asimismo, se incorporaron bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno las administraciones de “La Placita del Puente” y “La Placita”, dos espacios comerciales claves para la economía urbana.

La reestructuración busca dotar de mayores facultades de control y seguimiento a la Secretaría de Gobierno, con énfasis en la gestión de la nocturnidad, la administración de habilitaciones comerciales y el ordenamiento de la vía pública. El decreto resalta que el ordenamiento funcional es una herramienta clave para “responder a los desafíos económicos y garantizar la transparencia en el manejo de fondos municipales”.

Con este rediseño, Stelatto apunta a achicar el gasto político, simplificar la administración y reforzar la presencia municipal en el territorio, en un contexto de crisis económica nacional y caída en la transferencia de recursos federales.

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Estados Unidos interceptó embarcación con drogas en el Caribe: Trump acusa a Venezuela

By Redacción Economis 3 meses ago
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El presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses destruyeron un barco cargado de drogas en el Caribe, procedente de Venezuela. La operación, confirmada también por el secretario de Estado, se produce en un contexto de máxima tensión con el régimen de Nicolás Maduro y marca una nueva fase en la ofensiva norteamericana contra el narcotráfico regional.

El martes 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reveló en la Casa Blanca que las fuerzas armadas de su país llevaron adelante una operación naval en el Caribe sur que culminó con la destrucción de una embarcación vinculada al narcotráfico internacional.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde allí. Lo hemos eliminado”, declaró Trump en el Despacho Oval, en un mensaje que rápidamente tomó relevancia global.

El mandatario destacó la labor del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien le informó sobre el desarrollo de la misión. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio comunicó en su cuenta oficial de X que se trató de un “ataque letal contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y era operada por una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos”.

Según fuentes de la administración norteamericana, la operación forma parte del despliegue de buques de guerra en el Caribe anunciado semanas atrás y constituye una de las medidas más directas contra las estructuras de narcotráfico que Washington vincula con el régimen de Nicolás Maduro.

Escalada diplomática y militar entre Washington y Caracas

El anuncio se inscribe en una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Maduro había decretado recientemente un estado de “máxima preparación” frente a lo que calificó como “amenazas militares” del Pentágono.

La Casa Blanca acusa desde hace años al líder venezolano de liderar una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en el Caribe y Centroamérica. La administración Trump había reforzado estas denuncias en el último mes con un mayor despliegue naval en la región, aunque hasta ahora las acciones militares se habían limitado a tareas de patrullaje y control.

Analistas consideran que este operativo marca un punto de inflexión en la estrategia: ya no se trata de disuasión, sino de una acción directa con resultado letal contra un objetivo marítimo presuntamente vinculado a la “narcopolítica” venezolana.

Caracas, por su parte, no descartó respuestas diplomáticas y denunció una “provocación imperialista” destinada a justificar una intervención mayor.

Narcotráfico, elecciones y el tablero internacional

La noticia no solo tiene consecuencias en el plano bilateral, sino también en la política interna de Estados Unidos y en la dinámica regional.

  • Para Trump, el operativo refuerza su narrativa electoral de mano dura contra el narcotráfico y contra gobiernos que considera “hostiles” en América Latina.
  • Para Venezuela, supone un golpe simbólico que podría profundizar el aislamiento internacional y justificar nuevas sanciones económicas.
  • En la región, el episodio incrementa la presión sobre países del Caribe y Sudamérica que funcionan como corredores de tránsito de drogas hacia el mercado estadounidense.

El momento coincide además con un frente de tensión paralelo entre Washington y Moscú. El propio Trump manifestó su “decepción” con Vladimir Putin tras la cumbre de Alaska, mientras que Rusia intenta recomponer el diálogo diplomático sobre la guerra en Ucrania en coordinación con China.

En ese tablero global, el endurecimiento de la Casa Blanca frente a Maduro envía una señal estratégica tanto a sus aliados europeos como a sus rivales internacionales: Estados Unidos está dispuesto a pasar de la retórica a la acción concreta en materia de seguridad regional.

Entre la disuasión y el riesgo de escalada

El desenlace de este operativo plantea escenarios diversos:

  • En el corto plazo, Estados Unidos buscará consolidar un efecto disuasivo frente a las redes de narcotráfico y reforzar la narrativa electoral de Trump.
  • En el mediano plazo, la reacción de Caracas será determinante. Un endurecimiento de Maduro podría derivar en más sanciones o incluso en incidentes militares.
  • A nivel regional, el episodio puede activar un debate sobre la soberanía marítima y el rol de las fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a países latinoamericanos.

En cualquier caso, la operación confirma que la relación entre Washington y Caracas entra en una fase de máxima tensión, con el narcotráfico como eje visible y con un trasfondo geopolítico que involucra a Rusia, China y el conflicto en Ucrania.

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Los bancos centrales no previenen las crisis financieras ni controlan la inflación

By Cristian Milciades 4 meses ago
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Escribe Daniel Lacalle / Mises Institute – Los bancos centrales se han convertido en la fuerza dominante en los mercados financieros.

Las decisiones de flexibilización y endurecimiento mueven todos los activos de los bonos al capital privado. Se supone que su función es controlar la inflación, proporcionar estabilidad de precios y garantizar el funcionamiento normal del mercado. Sin embargo, hay poca evidencia de éxito en el logro de sus objetivos. La era del dominio de los bancos centrales se ha caracterizado por ciclos de auge y caída, crisis financieras, incentivos políticos para aumentar el gasto público y la deuda, y una inflación persistente. Los bancos centrales de las economías desarrolladas recientemente han asumido un papel cada vez más intervencionista.

La creación y proliferación de bancos centrales durante el siglo pasado prometía una mayor estabilidad financiera. Sin embargo, como la historia y los acontecimientos actuales muestran continuamente, los bancos centrales no han evitado las crisis financieras. La frecuencia y la gravedad de estas crisis han fluctuado, pero no han disminuido, desde que los bancos centrales se convirtieron en la figura principal en la regulación del mercado financiero y las intervenciones monetarias. En cambio, la banca central ha introducido nuevas fragilidades y ha cambiado la naturaleza, pero no la recurrencia, de la agitación financiera.

La evidencia empírica disipa el mito de que los bancos centrales pusieron fin a la era de las frecuentes crisis financieras. Independientemente de la supervisión del banco central, un auge crediticio precedió a una de cada tres crisis bancarias. ¿Quién creó esos auges crediticios? Los bancos centrales, a través de la manipulación de los tipos de interés. Según la base de datos completa de Laeven y Valencia, hubo 147 crisis bancarias solo entre 1970 y 2011, en una era de dominio casi universal del banco central. Las crisis financieras siguen siendo un fenómeno global persistente, que ocurre en ciclos que coinciden con episodios de expansión del crédito. Los bancos centrales a menudo han prolongado períodos de auge con tasas bajas y compras de activos elevadas y han creado momentos abruptos de caída después de cometer errores sobre la inflación y los riesgos crediticios.

Según el trabajo de Reinhart y Rogoff, la tasa de crisis no ha cambiado drásticamente con la banca central. En cambio, las formas de las crisis evolucionaron. Las crisis gemelas (bancaria y monetaria) siguen siendo comunes, y la gravedad, medida en pérdida de producción o costos fiscales, a menudo ha aumentado, especialmente a medida que las instituciones financieras y los gobiernos se entrelazaron con las autoridades monetarias.

La Gran Crisis Financiera de 2008, la crisis de la deuda soberana de la eurozona y el estallido inflacionario de 2021-2022 se encuentran entre los eventos con los costos más altos de la historia, lo que contradice la opinión de que los bancos centrales han neutralizado el riesgo o el costo de las crisis.

Los bancos centrales actúan como “prestamistas de última instancia” y reguladores. Sin embargo, con cada crisis posterior, la solución es siempre la misma: programas de compra de activos más grandes y agresivos y tipos reales negativos. Esto significa que los bancos centrales han pasado gradualmente de prestamistas de última instancia a prestamistas de primera instancia, un papel que ha amplificado las vulnerabilidades. Debido a la globalización de la banca central moderna y las innovaciones financieras, las crisis tienden a ser de mayor escala y más complejas, lo que afecta a la mayoría de las naciones. La profunda participación de los bancos centrales en los mercados significa que sus políticas, como la liquidez de emergencia o las compras de activos, enmascaran los riesgos sistémicos, lo que lleva a quiebras tardías pero más dramáticas.

En muchas economías avanzadas, las recientes oleadas de crisis fueron provocadas por la acumulación de deuda y las distorsiones del mercado diseñadas por los bancos centrales, a menudo con el pretexto de mantener la estabilidad. Tanto el FMI como el Banco Mundial señalan que alrededor de la mitad de los episodios de acumulación de deuda en los mercados emergentes desde 1970 involucraron crisis financieras, y los episodios asociados con las crisis están marcados por un mayor crecimiento de la deuda, resultados económicos más débiles y reservas agotadas, independientemente de la banca central.

Las grandes crisis de las últimas décadas han puesto de manifiesto que los bancos centrales no evitan las perturbaciones sistémicas. A menudo, sus intervenciones solo han retrasado el ajuste de cuentas, pero han empeorado los desequilibrios subyacentes, en particular la deuda pública. Los bancos centrales no previenen las crisis financieras. Los remodelan, a menudo haciendo que sus consecuencias sean de mayor alcance, al tiempo que trasladan los costos al público a través de la inflación y la monetización de la deuda.

La prioridad creciente: apoyar al gobierno sobre el manejo de la inflación

Como argumenté recientemente, los bancos centrales están priorizando cada vez más la distribución de la deuda pública sobre la lucha contra la inflación. Los bancos centrales tienen una prioridad: mantener viva la burbuja de la deuda pública. Los bancos centrales inyectan constantemente liquidez para estabilizar a los emisores soberanos en lugar de mantener la estabilidad de precios. Solo en 2025, los vencimientos de la deuda mundial alcanzarán casi 2,78 billones de dólares, y se espera que los bancos centrales continúen relajando las políticas monetarias, incluso cuando la inflación resulte persistente.

Los bancos centrales utilizan su enorme poder para disfrazar la insolvencia de los emisores soberanos y encarecer su deuda, lo que conduce a la consiguiente asunción excesiva de riesgos y a la inflación de los precios de los activos. Además, la idea de que las tasas bajas y las compras de activos son herramientas que ayudan a los gobiernos a reducir sus desequilibrios fiscales y a llevar a cabo la prudencia presupuestaria es negada por la realidad. Las tasas artificialmente bajas y las compras de activos justifican déficits persistentes y una deuda elevada.

Los bancos centrales están permitiendo la inflación y la inestabilidad financiera cuando deberían estar conteniéndola. Al ignorar los agregados monetarios y los riesgos creados por la creciente intervención del gobierno en la economía y la emisión de moneda a través de instrumentos de deuda, los bancos centrales están permitiendo la nacionalización lenta de la economía.

La equivocada expansión monetaria del banco central y la política de tipos negativos de 2020, perpetuada hasta bien entrado 2022 a pesar del aumento de la inflación, es un claro ejemplo. Los gobiernos se beneficiaron en el período de expansión con enormes compras de deuda que permitieron un aumento desacertado del gasto público y la deuda. Mientras tanto, los ciudadanos y las pequeñas empresas sufrieron una alta inflación. Por lo tanto, cuando los bancos centrales finalmente reconocieron el problema de inflación que ayudaron a crear, mantuvieron políticas laxas que priorizaban la liquidez, lo que alimentó más irresponsabilidad del gobierno, y el aumento de tasas dañó las finanzas de las familias y las pequeñas empresas que anteriormente sufrieron el estallido de la inflación. Los gobiernos no estaban preocupados por los aumentos de tasas porque aumentaron los impuestos.

La respuesta de la Reserva Federal al aumento de los déficits públicos ha favorecido sistemáticamente una mayor intervención pública y un aumento de los niveles de deuda, incluso a expensas de una mayor inflación, lo que ha socavado su independencia y credibilidad.

La independencia se desvaneció cuando los bancos centrales abandonaron o ignoraron la estabilidad de precios, culpando de la inflación a varios absurdos en lugar del gasto público y el crecimiento de la oferta monetaria.

El Banco de Inglaterra, por ejemplo, sigue recortando las tasas y relajando la política con el aumento de la inflación.

Los bancos centrales tienden a relajar la política monetaria cuando los gobiernos aumentan el gasto y los impuestos. Sin embargo, los formuladores de políticas afirman ser estrictos y dependientes de los datos cuando los gobiernos reducen los impuestos y el gasto. ¿Por qué? Los bancos centrales han pasado de ser autoridades monetarias independientes que salvaguardan el poder adquisitivo de la moneda y controlan la inflación a facilitar la distribución de la creciente deuda pública y disfrazar la creciente insolvencia de los emisores.

La banca central moderna ha demostrado que ninguna autoridad debe fijar por sí sola los tipos de interés y la liquidez. Se han equivocado constantemente por el lado del aumento del tamaño del gobierno en la economía y han hecho estimaciones erróneas de la inflación y el crecimiento del empleo. La razón de esto es sencilla: a medida que aumenta el tamaño del gobierno en la economía y la deuda soberana, que a menudo se considera el activo más seguro, el papel del banco central se vuelve cada vez más importante para mantener la estabilidad del mercado.

Muchos bancos centrales afirman que no interfieren con la política fiscal y siguen siendo independientes… excepto cuando alguien se atreve a reducir los impuestos y el gasto político. Como tal, los bancos centrales no son un límite para la asunción de riesgos, el aumento del gasto público y la irresponsabilidad presupuestaria, sino más bien una herramienta que permite el exceso del mercado y del gobierno.

Daniel Lacalle, economista y gestor de fondos. Es profesor de economía global en IE Business School en Madrid.

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El Partido de la Victoria cuestionó a Cacho Bárbaro por frustrar la unidad opositora

By Redacción Economis 4 meses ago
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El Partido de la Victoria (PV) difundió un comunicado en el que responsabilizó al referente del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, por el fracaso en la conformación de un frente electoral de unidad en Misiones.

Según el PV, desde su espacio y desde la intervención del Partido Justicialista (PJ) existió “una férrea voluntad” de alcanzar la unidad del campo nacional y popular en la provincia. Como ejemplo, señalaron que para las elecciones provinciales del 8 de junio accedieron a ceder al PAyS el primer y tercer lugar de la lista, condición planteada por ese partido para sumarse al frente.

No obstante, el comunicado asegura que el PAyS sumó nuevos requisitos, como quitar la frase “por la Patria” del nombre del frente y vetar a Mónica Gurina, representante de Unión Popular, del segundo lugar en la lista. Ante la negativa, Bárbaro se retiró de la negociación, lo que, según el PV, fragmentó a la oposición.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el PV afirmó que volvió a intentar un acuerdo, pero que se encontró “otra vez con la intransigencia” de Bárbaro, quien habría impuesto nuevamente encabezar la lista y obtener el tercer lugar. Ante el vencimiento de los plazos, el PV invitó al PAyS a integrarse al frente y continuar el diálogo, pero la propuesta fue interpretada por el agrario como una negativa, rompiendo nuevamente el acuerdo.

El comunicado también cuestiona lo que describe como “actitudes misóginas” del dirigente, señalando como ejemplos la exclusión de Gurina y ataques a la ex diputada nacional Cristina Brítez. “Son conductas inadmisibles en un proyecto que defienda y promueva la participación de más compañeras en toda la provincia”, señala el texto.

Asimismo, el PV sostuvo que las agresiones de Bárbaro “nunca fueron respondidas” por las dirigentas mencionadas, pero que consideran necesario “poner límites a conductas más parecidas a los modos de Milei que a la construcción de un espacio capaz de enfrentar sus políticas”.

Finalmente, la agrupación expresó que, a su entender, la intención de Bárbaro “es conservar su pequeño espacio” y no construir una oposición capaz de disputar el poder en Misiones. “Entiende la política como un negocio, no como una herramienta para transformar la vida de los misioneros”, concluye el comunicado.

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