Este domingo se decide si se aprueba o rechaza una nueva Constitución. Los puntos principales y los que más dividen a la población.

La cuenta regresiva comenzó. Este domingo a las 8 de la mañana, hora de Chile -las 9 en Argentina-, abrirán los centros de votación. Y cuando caiga la noche de este lado de la cordillera, el país tendrá el resultado de una elección que divide a la sociedad y generó en estos días enfrentamientos que en algunos casos llegaron a la violencia física.

El texto de la nueva Constitución, que deberá aprobarse o rechazarse en este “plebiscito de salida” tiene su séquito de detractores y otros tantos defensores. ¿Pero qué está en juego?

El texto, de 11 capítulos divididos en un total de 388 artículos busca responder a las principales demandas que los chilenos hicieron oír en la inédita revuelta de octubre de 2019, cuando una protesta por el aumento del boleto del metro se convirtió en una poderosa reacción contra sociedad anclada en leyes de la dictadura, con profundas desigualdades sociales y económicas y un sistema democrático para muchos deficiente o desactualizado.

En noviembre de ese año el entonces presidente de centroderecha Sebastián Piñera anunció un histórico acuerdo entre diferentes sectores políticos, oficialistas y opositores -entre ellos el entonces joven diputado Gabriel Boric- para redactar una nueva Constitución que pudiera canalizar esos reclamos y descomprimir la tensión.

Si se adopta la nueva Constitución, reemplazará a la que está vigente hoy, redactada en 1980 bajo el régimen de Augusto Pinochet, y de fuerte perfil neoliberal.

Pese a las reformas que se le hicieron al texto en los gobiernos democráticos de las últimas dos décadas, no se eliminaron los artículos que aún mantienen los derechos a la salud, la educación y las jubilaciones en manos del mercado, con poca injerencia del Estado. Y aunque para muchos fue este el modelo que permitió décadas de estabilidad y crecimiento económico en el país, para otros es la base de las inmensas desigualdades en el acceso a estos derechos básicos siguen profundamente arraigadas en el país.

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”, reza el preámbulo de un libro que se distribuyó en forma gratuita en una fuerte campaña oficial para asegurar que el país “vota informado”.

Pero en la recta final, lo que parece claro es que este proceso “participativo y democrático” no tuvo el resultado esperado. De ahí que las encuestas de distintas consultoras vaticinen un posible triunfo del “rechazo”, aunque en los últimos días el “apruebo” ganó adherentes y achicó las diferencias, según los sondeos que se difundieron “en off”, porque las leyes electorales no permiten publicarlos aquí desde dos semanas antes de la elección.

Más de 15 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas. Y por primera vez desde 2012 esta elección será obligatoria, después de una seguidilla de comicios -incluidos los presidenciales- que fueron optativos.

Así, se espera una participación récord, uno de los motivos por los que los analistas y políticos hablan aquí de una elección histórica.

El 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, los chilenos fueron convocados a las urnas por primera vez por el gobierno de Piñera para decidir si querían cambiar la actual Constitución.

Un 78% de los votantes dijo “sí” en una consulta en la que sin embargo sólo participó el 50% de la población. Alli se decidió a la vez que el nuevo texto lo elaboraría una convención elegida en las urnas.

En mayo de 2021 los chilenos eligieron a los 155 integrantes de la convención, que debía mostrar paridad de género y reservar 17 puestos a los pueblos indígenas, que representan cerca del 13% de la población chilena.

Esa elección marcó un giro en el país, pues fueron desplazados los partidos tradicionales, especialmente los aliados al gobierno de Piñera, y se hicieron lugar los candidatos independientes o miembros de organizaciones sociales hasta entonces marginadas de la política.

El 4 de julio de 2021 se inició el trabajo de la nueva Convención. En un proceso con polémicas, con retrasos en el comienzo, con algunos escándalos y peleas entre los integrantes -que en algunos casos fueron transmitidos en vivo y en directo por TV y provocaron un fuerte descrédito- con fuertes críticas especialmente desde la derecha, la Constituyente trabajó durante un año exacto.

El 4 de julio de este año, el borrador fue entregado al presidente Gabriel Boric, quien convocó de inmediato el plebiscito.

El nuevo texto entierra el sistema neoliberal que rige en Chile desde la dictadura y avanza hacia un estado social de derecho con una mayor presencia de lo público. Está considerada la Constitución más feminista del mundo y declara como pilar el “Estado ecológico”, una decidida apuesta en defensa del medio ambiente y la vocación de luchar contra la crisis climática.

A la vez, avanza hacia un sistema de salud primaria universal, un fortalecimiento de la educación pública y un sistema de jubilaciones también estatal.

Además abre la puerta a revertir la privatización de recursos esenciales como el agua y facilitar el acceso a la vivienda y a otras conquistas de igualdad de derechos y justicia social.

Uno de los puntos más controvertidos -que causa fuerte resistencia sobre todo en sectores más conservadores- es el que incluye la definición de Chile como un Estado plurinacional y reconoce la existencia de los 11 pueblos originarios chilenos en el marco de un país cuyo territorio es único e indivisible.

Precisa que el Estado debe promover y garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, respetar sus derechos colectivos e impulsar mecanismos que favorezcan el reconocimiento de la diversidad étnica. Además, debe proteger sus derechos a la autonomía y al patrimonio, otorgar el reconocimiento de sus tierras y recursos.

Otro elemento que causa fuerte rechazo es que plantea la eliminación del Senado y propone la creación de una de Cámara de las regiones, que apuntaría a la descentralización.

También desató aquí controversias y peleas el tema del aborto. Uno de los artículos consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluidos los de decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre la “reproducción”.

El texto no especifica hasta qué mes se podría interrumpir un embarazo, pero señala que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”, dejando la responsabilidad en las manos del Congreso.

En Chile existe el derecho a abortar en tres causales: por inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre o en casos de violación.

Como sea, tanto los partidarios del Rechazo como los del Apruebo tienen claro que este texto no convence a una enorme porción de la sociedad chilena. Y ambas veredas ya piensan en reformas y nuevos pactos para otra Constitución

About The Author