Escribe Rebecca Ray en Dialogo Chino – El giro de China hacia la energía verde en América Latina es una buena noticia. Pero el “cómo” es tan importante como el “qué”

Con la noticia de que Honduras ha establecido relaciones diplomáticas con China — y de que esta a su vez aceptó financiar la ampliación del complejo hidroeléctrico hondureño de Patuca — es momento para reflexionar sobre el cambio en la financiación china para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

¿China volverá a su papel anterior a la pandemia como principal financiador de estatales petroleras como la brasileña Petrobras? ¿O cumplirá su compromiso de promover la energía verde en el extranjero? Y lo que es igual de importante, ¿los acreedores chinos pondrán en práctica las nuevas políticas verdes de Beijing para la gestión de sus inversiones en el extranjero?

Al considerar los préstamos de China en América Latina y el Caribe, dos grandes instituciones financieras de desarrollo ocupan un lugar central: el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Hace una década, el apoyo de estas instituciones a la región alcanzó niveles que rivalizaban con las del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero durante la pandemia de Covid-19 esa financiación se redujo a cero. 

Dos años después, la financiación china a América Latina y el Caribe está resurgiendo y posiblemente cambiando hacia nuevos sectores. Mientras que los primeros préstamos chinos se concentraban en grandes montos y líneas de crédito para petroleras, la nueva financiación en curso está enfocada en préstamos más cortos y centrados en proyectos específicos.

No cabe duda de que es alentador que los préstamos chinos para América Latina y el Caribe se alejen de los combustibles fósiles y caminen hacia sectores más preocupados con el clima. Ya se fueron los años de las líneas de crédito de diez dígitos para las compañías petroleras. En su lugar están surgiendo proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. De hecho, dos de los tres nuevos compromisos de financiación anunciados por China en 2022 se refieren a la adaptación al clima: son proyectos para reforzar las carreteras costeras en Barbados y Guyana. Mientras tanto, los préstamos que se están negociando este año incluyen la ampliación de dos grandes proyectos de energías renovables: el parque solar de Cauchari, en el norte de Argentina, y el complejo hidroeléctrico de Patuca, en Honduras. 

Sin embargo, para que lo “barato” salga “bueno y bonito”, los proyectos financiados por China también tendrán que tener en cuenta los riesgos medioambientales y sociales locales, además de los globales. En otras palabras, cómo se planifican y gestionan los proyectos es tan importante para la sostenibilidad como qué tipo de proyecto se planifica. 

Una instalación de energía verde mal planificada puede provocar daños ecológicos considerables y conflictos sociales. El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras, abandonado por la empresa china Sinohydro en medio de un conflicto medioambiental, es un claro ejemplo de la importancia de la gestión de riesgos medioambientales y sociales. Además, casi la mitad de las emisiones de carbono de América Latina y el Caribe proceden de cambios en el uso del suelo, como la deforestación tropical. La gestión de los impactos ambientales en bosques y otros ecosistemas, bien como en las comunidades que esos ecosistemas sustentan, es una parte indispensable de la mitigación del cambio climático en la región.

Cumpliendo las políticas verdes

Las nuevas directrices de sostenibilidad anunciadas por Beijing, además de los compromisos ambientales en toda América Latina y el Caribe, han demostrado que los líderes globales comprenden cada vez más el papel de la gestión de riesgos medioambientales y sociales para el éxito de los proyectos — así como la protección de ecosistemas y comunidades. 

En 2021 y 2022, las nuevas orientaciones verdes del gobierno chino incluyeron cambios para inversionistas y para el sector de construcción civil, además de directrices exclusivas para que los inversionistas desarrollen mecanismos transparentes para recibir y resolver reclamos. 

También se han producido cambios significativos en América Latina y el Caribe. La región reconoce la importancia de mantener ecosistemas sanos para la vida de las comunidades indígenas y tradicionales, y han acogido los derechos de estos grupos a través de acuerdos de las Naciones Unidas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Acuerdo de Escazú también representa un gran avance en el tema, ya que es un tratado regional que se compromete con la transparencia, la participación de las partes interesadas y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales relacionadas con el desarrollo de nuevos proyectos. 

Muchas de estas directrices y compromisos se adoptaron durante la pandemia de Covid-19, cuando la financiación de nuevos proyectos se estaba acabando. Pero ahora que los proyectos vuelven a empezar, China, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de renovar su relación financiera, basada ahora en principios y compromisos de desarrollo sostenible. 

En Brasil, por ejemplo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido políticas medioambientales firmes en su nuevo gobierno, mientras que su homólogo chino, Xi Jinping, defiende una “civilización ecológica” como eje de desarrollo. Ambos se iban a reunir hace unos días en Beijing — un encuentro esperado por muchos en busca de señales sobre el estado de la relación de China con América Latina —, pero Lula pospuso su visita por cuestiones de salud. 

Los dos proyectos de gran escala que aún se discuten — la posible ampliación del parque solar de Cauchari y la central hidroeléctrica de Patuca — son oportunidades importantes para poner en práctica estos nuevos compromisos. Ambos proyectos tienen potencial para contribuir significativamente a la reducción de las emisiones regionales de carbono. Sin embargo, a nivel local, cada uno de ellos también tiene riesgos medioambientales y sociales a lo largo de sus etapas de operación. Las coordinaciones de los proyectos pueden anticiparse a los posibles impactos medioambientales y sociales por medio de tres categorías de territorios sensibles: áreas protegidas nacionales, tierras indígenas y hábitats críticos para la biodiversidad. Por ejemplo, el parque solar de Cauchari, en su tamaño actual, ya se encuentra dentro de los tres tipos de territorio sensible, mientras que Patuca está situada río arriba de los tres tipos de zonas — un punto crucial para cualquier represa.

No cabe duda de que los proyectos no son necesariamente imprudentes por su mera proximidad a territorios sensibles, pero su ubicación indica la necesidad de una mayor gestión medioambiental y conciencia sobre los posibles riesgos. Por supuesto, estas categorías de territorios sensibles no abarcan todos los riesgos posibles, pero sus definiciones globales permiten hacer comparaciones entre países.

Hay tres factores fundamentales para la gestión de riesgos ambientales y sociales en los proyectos de infraestructura: evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) exhaustivas, participación significativa de las partes interesadas y compromiso de transparencia a lo largo de todo el proyecto. Si sólo estos dos proyectos chinos (el de Argentina y Honduras) se financian este año, será crucial que los bancos y contratistas chinos se aseguren de que las EIAs sean exhaustivas, que las consultas a los indígenas incluyan a comunidades locales y cercanas, y que todo el proceso sea transparente. Siguiendo estos tres pasos, las empresas chinas pueden asegurarse de que están cumpliendo las nuevas políticas verdes de financiación, construcción e inversión de China, así como los compromisos de los países latinoamericanos en virtud del Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. 

Si China sienta un precedente basando sus decisiones para estos dos proyectos en sus nuevas directrices ecológicas, su giro hacia la energía verde será una poderosa fuerza para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Rebecca Ray es becaria postdoctoral de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston

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