Con el voto clave de cinco radicales que mutaron su voto original, entre los que se encontraba el misionero Martín Arjol, la Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional. El Gobierno necesitaba 85 votos. Consiguió 87.

Fue clave el cambio en el sentido del voto de varios legisladores nacionales de la UCR. Fueron los cinco diputados radicales visitaron el martes a Javier Milei en la Casa Rosada. Se trata de Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. Salvo Tournier, el resto votó a favor de la reforma en junio.

Mientras que también colaboraron las ausencias. La radical santacruceña Roxana Reyes que había votado a favor en junio ahora no estuvo en el recinto. La misma actitud tomó el radical chaqueño Gerardo Cipolini. Pedro Galimberti, diputado de la UCR por Entre Ríos, renunció a su banca para ir a ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande y su lugar fue ocupado por una diputada del PRO que votó a favor del veto.

La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno. 

Una serie de incidentes se registraban esta tarde en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial a la ley que buscaba incrementar las jubilaciones.   

Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron hoy reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La protesta se realizaba frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones de las últimas semanas. 

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, había apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También, a modo de prevención, se encontraban apostados oficiales de la Policía de la Ciudad.

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