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Cuál será el impacto en la coparticipación para las provincias por el acuerdo con el FMI

El estado de las finanzas públicas provinciales es mejor que el de la Nación; el ajuste real más fuerte se registra hace cuatro años en los salarios públicos.

Los gobernadores apoyan el acuerdo entre la Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso cuando, por lo consensuado, podrían recibir menos dinero de la Casa Rosada. Son conscientes de que el peor escenario posible era defaultear la deuda con el impacto que esa situación traería sobre la actividad. El recorte de transferencias discrecionales -por fuera de la coparticipación- que se plantea llega en un momento en que las finanzas provinciales gozan de mejor salud que las nacionales.

El capítulo “Otros gastos corrientes” del memorando firmado entre el Gobierno nacional y el FMI sostiene que “a fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos y, a la vez, proteger los ingresos reales de jubilados y pensionados y empleados del sector público”. En ese sentido, el compromiso es tomar “acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”.

En el 2021 la Nación giró, por fuera de la coparticipación, $606.177,5 millones. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, fue la más beneficiada con $239.239 millones; le siguió CABA con $57.793 millones (se incluyen las partidas por Seguridad que se envían por el recorte de la coparticipación) y el tercer puesto fue para Córdoba, con $22.362 millones.

En el primer bimestre de este año esas transferencias crecieron 5% real interanual y los analistas entienden que, incluso, se pueden haber adelantado fondos sabiendo que quedan entre los puntos a recortar.

Desde el Ieral, el economista Jorge Vasconcelos estima un ajuste de 0,2 puntos del PBI en ese segmento, con lo que pasaría a representar 1,2 puntos del Producto. Con ese recorte, se repartirían unos $840.000 millones este año y, siguiendo la lógica política de que Buenos Aires siempre es la más favorecida, se llevaría alrededor de $330.000 millones, con un crecimiento mayor al del resto de las jurisdicciones.

“El ajuste solo por efecto de la inflación no alcanza para cumplir las metas acordadas con el Fondo -dice Vasconcelos-. Los subsidios tampoco se podrán bajar en la medida de lo esperado por la suba de los precios internacionales de petróleo y gas, la otra variable que queda es la de transferencias discrecionales”.

Este año los ingresos del sector público nacional serán menores a los del año pasado porque, hasta el momento, no habrá recaudación por el Aporte Solidario (0,5% del PBI en 2021) y los ingresos vinculados al comercio exterior, en el mejor de los casos, serán similares, repasa Lorena Giorno, economista de Equilibra. No espera que la economía pueda crecer en términos reales y la “mayor fiscalización” prometida solamente tendrá un impacto “marginal”.

En ese contexto -coincide con Vasconcelos- aunque el 60% del gasto está indexado y el plan es mejorar el gasto en infraestructura, los subsidios y transferencias a provincias son los candidatos al recorte. Enfatiza que el año pasado los giros corrientes cayeron 14 puntos porcentuales respecto al 2020 (pasaron de 88% a 74%) mientras que los de capital crecieron 15 puntos porcentuales.

Para Giorno la salud fiscal de las provincias es “buena” ya que “reordenaron sus cuentas” a partir de que el Consenso Fiscal del 2020 -que suspendió toda baja de impuesto y habilitó subas de alícuotas- les dio “margen de acción”. A su criterio, no van a tener que recortar su gasto este año, aunque admite que los distritos más dependientes de la Nación “seguramente esas seguirán recibiendo apoyo”.

Salarios públicos derrotados

Los recursos que van por fuera de la coparticipación históricamente son una herramienta para disciplinar a los gobernadores y negociar apoyos a decisiones que necesita el Ejecutivo. No es un dato menor teniendo en cuenta los dos años que le esperan a Alberto Fernández cuando, por la interna de la propia alianza que lo llevó al gobierno, necesita negociar apoyos. Lo sucedido con el acuerdo con el Fondo es una muestra concreta.

Giorno insiste en que las provincias no deberán bajar gastos porque el pacto fiscal firmado a finales de 2021 las habilitó nuevamente a aumentar alícuotas Ingresos Brutos y crear otros, como el de la herencia que se menciona en el texto.

“El 2021 cerró con superávit financiero y primario para el consolidado de provincias -describe. Salieron de la pandemia mejor de lo que ingresaron por las transferencias discrecionales, porque los salarios públicos perdieron ampliamente frente a la inflación y porque un grupo importante renegoció sus deudas. El año pasado los ingresos provinciales mejoraron y eso les permitió mantener el orden”.

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, admite que las provincias se enfrentan a un desafío sobre qué camino tomar ante la baja de los giros discrecionales: sostener los superávits en base a ajustes del gasto; o reducir sus ahorros financieros en post de no ajustar.

Si la alternativa es la primera, los consultados coinciden en que uno de los principales puntos es, nuevamente, el gasto en personal, un ítem que en los últimos años fue ajustado. Según datos de Aerarium, en 2020 solo en tres provincias los salarios públicos quedaron por encima de la inflación y dos mejoran en términos reales el poder adquisitivo de sus empleados. El año pasado, a diferencia de los estatales nacionales, los provinciales de nuevo perdieron frente a la inflación.

“Son pocos los distritos que en 2021 exhibieron alza real de los salarios públicos -señala Pegoraro-. Si se repite la receta este año sería un nuevo golpe al bolsillo de un grupo que viene sufriendo recortes reales en los últimos cuatro años”.

La economista Diana Mondino ratifica que siendo el gasto en personal y previsional el más importante de las provincias, los salarios “seguramente volverán a subir por debajo de la inflación”. La baja conflictividad social a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de alguna manera permite a los gobernadores seguir por esa vía.

“La conflictividad social se redujo por la pandemia y también por el vínculo entre los sindicatos y el oficialismo. Uno tiene la ‘sospecha’ de que no tienen incentivos necesarios para la protesta”, deduce.

Mondino enfatiza que si bien el FMI no exige modificaciones, “nada le impide a los gobiernos hacerlas; hay un margen de libertad para decidir en qué se reduce. Incluso sorprende que digan que aumentará el gasto público en términos reales. Tendrá que reducir en gastos corrientes porque sino no hay manera de que cierren las cuentas”.

Quién hace qué

Otro punto susceptible de ajuste son los programas de inversión pública, particularmente de inversión real directa, que registró un “alto” crecimientos en 2021, en parte explicado por una fuerte asistencia de recursos por parte de Nación. Pegoraro apunta que eso implicaría, necesariamente, una reducción en el ritmo de proyectos de obra pública, que “atacaría de lleno al proceso de reactivación en muchas provincias”. Menciona que algunos distritos tuvieron al sector de la construcción como el eje fundamental del alza del empleo en 2021.

Mondino asegura que la definición de dónde se hacen las obras públicas la debe hacer el Congreso porque “sino es una forma de buscar votos”. Respecto del párrafo del memorándum que plantea que se tenderá a “mejorar la eficiencia del gasto público, la gestión de caja y la coordinación con los gobiernos provinciales”, ironiza con que “es lo que deberían haber hecho toda la vida”.

La consultora Idesa insiste, desde hace varios años, en que la superposición de intervenciones nacionales sobre servicios que administran los gobiernos provinciales es una de las principales fuentes de derroche fiscal. En función del presupuesto 2021 ejecutado equivalieron a 2,6% del PBI ($1.204 millones).

Idesa da cuenta que en la cartera de Desarrollo Social es donde se da la mayor superposición de funciones ($491.000 millones); seguida de Desarrollo Territorial y Hábitat ($290.000 millones), Educación ($186.000 millones), Obras Públicas ($113.000 millones), Salud ($68.000 millones) y Ambiente ($12.000 millones). La cuenta incluye también los $44.000 millones de ATN repartidos por Interior.

En general -según se argumenta- son fondos destinados a suplir la insuficiencia de la acción de las administraciones locales en áreas como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes.

Pegoraro plantea que si el camino que eligen los gobernadores es “sacrificar” sus superávits eso no significaría “un no ajuste” porque la “buena salud de las finanzas provincial no significa que puedan soportar solas la totalidad de ajustes que podrían realizarse”.

Giorno es más optimista: “Al final del año pasado los ingresos provinciales perdían dinamismo pero en enero se frenó esa caída con lo cual es altamente probable que se mantenga el nivel de recaudación provincial y eso evitaría el deterioro de las cuentas”.

Fuera de las transferencias corrientes discrecionales están también los giros de Anses a las cajas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación. Son 13 y el año pasado recibieron $25.000 millones; sin nuevo presupuesto ese monto quedó, por ahora, congelado.

Fuente: La Nación

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