ACUERDO CON EL FMI

El FMI respaldó el rumbo económico de Milei y dejó una señal clave sobre el regreso de Argentina a los mercados

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El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y dejó un mensaje que el equipo económico interpreta como una validación de la hoja de ruta que viene ejecutando desde diciembre de 2023. Durante su conferencia de prensa habitual desde Washington, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, recomposición de reservas y mejora de las condiciones financieras, aunque aclaró que la decisión de regresar a los mercados internacionales de crédito dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca consolidar la recuperación de la actividad y profundizar el proceso de desinflación, también necesita fortalecer el acceso al financiamiento voluntario para reducir la dependencia de organismos multilaterales y consolidar el esquema financiero de mediano plazo.

En ese contexto, Kozack sostuvo que Argentina continúa registrando “grandes avances” en la reconstrucción de sus principales variables macroeconómicas y valoró el esfuerzo orientado a fortalecer la resiliencia económica del país. Para el organismo, el programa vigente está permitiendo avanzar hacia una economía más abierta, eficiente y competitiva, un concepto que coincide con la narrativa oficial impulsada por el Ministerio de Economía.

El FMI también destacó que la actividad económica continúa expandiéndose mientras la inflación mantiene una trayectoria descendente. La combinación de crecimiento con desaceleración de precios es considerada por el organismo como una de las señales más relevantes del proceso de estabilización, especialmente luego de años marcados por desequilibrios fiscales, alta emisión monetaria y restricciones cambiarias.

Uno de los puntos más observados por los mercados es la evolución de las reservas internacionales. Sobre este aspecto, Kozack remarcó que la acumulación de activos externos sigue avanzando y que ello contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento para el país. La recuperación de reservas es uno de los pilares del acuerdo vigente con el Fondo y aparece como una condición indispensable para sostener la credibilidad del nuevo esquema cambiario y monetario.

La funcionaria también hizo referencia a la mejora en la percepción de riesgo de Argentina por parte de los inversores internacionales. Según explicó, los spreads soberanos se redujeron significativamente y actualmente se ubican por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una visión más favorable sobre las perspectivas económicas del país. A ello se suma la mejora de las calificaciones crediticias otorgadas por distintas agencias internacionales, un factor que fortalece las posibilidades de acceso al financiamiento privado.

Sin embargo, el organismo evitó fijar plazos o recomendaciones concretas respecto de una eventual emisión de deuda en los mercados internacionales. “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados son decisiones que toman las autoridades”, señaló Kozack, dejando en claro que la estrategia financiera seguirá siendo definida por el equipo económico liderado por Luis Caputo.

Detrás de esa definición existe una señal política relevante. El FMI reconoce que las condiciones financieras mejoraron de manera significativa respecto de los niveles observados al inicio de la gestión Milei, pero considera que la consolidación del proceso dependerá de mantener el equilibrio fiscal, fortalecer las reservas y profundizar las reformas estructurales que impulsen la productividad de la economía.

En ese marco, la portavoz destacó el papel que cumplen organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que continúan trabajando junto al FMI para facilitar una transición ordenada hacia un financiamiento más amplio y sostenible. Para el organismo, el respaldo de estas instituciones actúa como un puente que fortalece la confianza de los mercados internacionales.

Otro de los temas abordados fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consultada sobre los resultados de las modificaciones normativas recientemente reglamentadas, Kozack evitó realizar evaluaciones concluyentes y señaló que se trata de cambios demasiado recientes para medir su impacto. No obstante, sostuvo que el objetivo de estas reformas es promover la formalización laboral y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, uno de los desafíos estructurales más importantes de la economía argentina.

La prudencia del FMI en este punto refleja que, pese a los avances macroeconómicos, persisten interrogantes sobre la capacidad de la economía para generar empleo formal de calidad y reducir los elevados niveles de informalidad que caracterizan al mercado laboral argentino.

Finalmente, el organismo ratificó que Argentina mantiene una relación financiera normalizada con el Fondo. Kozack confirmó que el país se encuentra al día con todos sus compromisos y aseguró que la institución no tiene preocupaciones respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos.

Las declaraciones del FMI llegan apenas horas después de que el ministro Luis Caputo defendiera públicamente el rumbo económico ante empresarios de la construcción y asegurara que “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”. Desde Washington, el organismo pareció reforzar ese mensaje al reconocer avances concretos en estabilidad y financiamiento. Sin embargo, también dejó planteado el desafío central que enfrenta la administración Milei: transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido, inversión privada y generación de empleo formal.

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Caputo viaja a EE.UU. para destrabar USD 1.000 millones y redefine con el FMI la meta de reservas

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El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará la próxima semana a Washington D.C. para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto donde la Argentina aún no logra cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente. El dato central: está en juego la aprobación de un desembolso por USD 1.000 millones que impactaría directamente sobre las reservas.

La delegación argentina —integrada también por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili— llegará a Estados Unidos con una negociación abierta desde hace dos meses y con un punto crítico en discusión: la dificultad para transformar compras de dólares en acumulación efectiva de reservas.

La negociación: reservas en el centro del acuerdo

El eje técnico de la revisión no pasa por el frente fiscal ni monetario, sino por la dinámica de reservas. Según lo informado, el Banco Central compró cerca de USD 5.000 millones en lo que va del año, aproximadamente la mitad de la meta prevista para 2026.

Sin embargo, ese volumen no se tradujo en un fortalecimiento equivalente de las reservas netas. Parte de esos dólares fue absorbida por el Tesoro para afrontar pagos y obligaciones en moneda extranjera, lo que limita el impacto sobre el stock del BCRA.

Este punto se convirtió en el principal foco de discusión con el FMI: no se trata solo de generar divisas, sino de retenerlas.

Metas flexibles y posible “waiver”

El escenario se completa con un probable pedido de “waiver” (dispensa) por el incumplimiento de la meta de reservas en 2025. En paralelo, el Gobierno busca redefinir los objetivos futuros.

Tras la primera revisión, las metas trimestrales quedaron establecidas en niveles más bajos: reservas netas de USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, USD 1.600 millones para el segundo y USD 8.400 millones hacia fin de año.

Caputo plantea modificar esa lógica. Según expresó, el equipo económico propone reemplazar metas trimestrales por objetivos anuales, bajo el argumento de que el flujo de divisas depende de variables difíciles de anticipar, como el comportamiento de exportadores.

Menos rigidez y foco en la dinámica real de dólares

La negociación apunta a introducir mayor flexibilidad en el esquema de seguimiento del acuerdo. El cambio de metas implicaría reducir la presión sobre el corto plazo y trasladar la evaluación hacia un horizonte más amplio.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta restricciones externas: sin acceso pleno al mercado internacional de deuda —en un contexto donde el riesgo país se ubica en torno a los 550 puntos básicos—, la estrategia depende casi exclusivamente del superávit comercial y de la intervención en el mercado cambiario.

El FMI condiciona el ritmo del programa

El viaje de Caputo también tiene una dimensión política. La presencia conjunta con Daza y Bausili busca mostrar cohesión del equipo económico ante el FMI y los países miembros del organismo.

El Fondo, por su parte, mantiene capacidad de condicionamiento sobre el ritmo del programa económico. La aprobación del desembolso no solo implica liquidez, sino también una señal de respaldo institucional.

En ese equilibrio, la discusión sobre reservas se convierte en el punto donde se cruzan credibilidad, financiamiento y sostenibilidad del esquema cambiario.

Reservas, estabilidad y expectativas

El resultado de la negociación tiene efectos concretos sobre la economía. La acumulación de reservas es un factor clave para sostener la estabilidad cambiaria y reducir la incertidumbre financiera.

Si el desembolso se concreta, el BCRA podría fortalecer su posición, aunque el desafío estructural —retener los dólares— seguiría vigente.

Efectos indirectos sobre actividad y consumo

Para economías como Misiones, el impacto aparece por vía indirecta. La estabilidad cambiaria y la disponibilidad de divisas influyen sobre precios, costos logísticos y nivel de actividad, variables sensibles en una provincia con fuerte dependencia del comercio y las cadenas productivas regionales.

Sin datos específicos en el texto base, el efecto se vincula principalmente a la evolución macroeconómica general.

Negociación en curso y variables críticas

La segunda revisión del acuerdo sigue abierta. Entre las variables a observar se destacan la definición de nuevas metas, la eventual aprobación del “waiver” y la decisión final del FMI sobre el desembolso.

También será clave el margen que obtenga el Gobierno para flexibilizar el esquema de seguimiento sin comprometer la credibilidad del programa.

El resultado de las reuniones en Washington marcará el ritmo financiero de las próximas semanas.

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Georgieva recibió a Caputo en Davos y destacó la acumulación de reservas

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En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó “el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. La reunión se produjo en la antesala de la segunda revisión del acuerdo vigente, de la que depende un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, y a pocos días de un vencimiento de USD 824 millones en intereses, previsto para el 1° de febrero.

Señales políticas y financieras en Davos: respaldo del FMI y diálogo en un momento clave

El encuentro entre Caputo y Georgieva fue calificado como “breve”, pero se dio en un contexto de alta sensibilidad financiera. Tras la reunión, la titular del FMI compartió una imagen en sus redes sociales junto al ministro argentino y subrayó el “progreso en la acumulación de reservas”, una de las principales metas bajo observación del organismo.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva al ser consultada sobre la delegación argentina, luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Caputo citó el mensaje y respondió: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

La señal pública del FMI llega cuando una misión técnica del organismo se prepara para viajar a la Argentina en febrero, con el objetivo de realizar la segunda revisión del programa. De su aprobación depende la liberación de un giro por USD 1.000 millones, clave para reforzar la posición financiera del país y atender compromisos externos.

Vencimientos, reservas y la expectativa de un waiver

El calendario financiero inmediato agrega presión. El 1° de febrero, el Gobierno debe afrontar un pago de USD 824 millones en intereses al FMI. Fuentes del Ministerio de Economía evitaron precisar si el pago se realizará antes o después de la auditoría del organismo, y tampoco confirmaron la fecha exacta de arribo de la misión, más allá de que será durante febrero.

Entre los economistas, el consenso apunta a que el Ejecutivo cumplirá con el vencimiento. “El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión”, sostuvo Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

El foco central del análisis del FMI estará puesto en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. Si bien el equipo económico cumplió con las exigencias fiscales, no logró alcanzar el objetivo de reservas, lo que abre la puerta a la solicitud de un waiver (dispensa).

En la revisión anterior, el Fondo ya había recortado de manera significativa las metas para facilitar el cumplimiento. Inicialmente, el BCRA debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero el objetivo fue modificado a USD -2.600 millones. Aun así, la meta no se alcanzó, influida por la estrategia de no comprar divisas hasta tocar el piso de la banda cambiaria y, en menor medida, por ventas destinadas a contener el dólar antes de las elecciones legislativas.

Nueva fase del programa y compras del BCRA: el punto fuerte de la revisión

De cara a la próxima evaluación, el Banco Central llega con una posición más favorable. Desde el 1° de enero, comenzó una nueva etapa del programa económico, con bandas cambiarias ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un esquema de compras de dólares en función de la demanda de dinero.

En ese marco, el BCRA compró USD 712 millones en las últimas 12 jornadas, y al 20 de enero las reservas internacionales brutas alcanzaron USD 44.874 millones, tras adquisiciones por USD 716 millones en ese período. Luego de la primera revisión, el FMI había solicitado explícitamente que la autoridad monetaria “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible”, recomendando observar experiencias de Chile, Colombia y México.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, celebró el inicio de esta nueva fase: “Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, lo cual es bienvenido”.

Para 2026, las metas acordadas tras la primera revisión establecen que las reservas internacionales netas deben ubicarse en USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, en USD 1.600 millones al segundo trimestre y en USD 8.400 millones en diciembre, todos objetivos inferiores a los originalmente pactados.

Lectura económica e institucional

El respaldo discursivo de Georgieva en Davos refuerza la estrategia del Gobierno de mostrar alineamiento con el FMI y avances en los ejes centrales del programa, en especial la reconstrucción de reservas. Sin embargo, la necesidad de un waiver vuelve a poner en evidencia la fragilidad del frente externo y la dependencia de la política económica argentina de la validación periódica del organismo multilateral.

En el corto plazo, la atención del mercado estará puesta en dos definiciones: el pago del vencimiento del 1° de febrero y el resultado de la segunda revisión, de la que depende no solo el desembolso de USD 1.000 millones, sino también la señal de continuidad y previsibilidad del programa financiero.

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Cuál será el impacto en la coparticipación para las provincias por el acuerdo con el FMI

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El estado de las finanzas públicas provinciales es mejor que el de la Nación; el ajuste real más fuerte se registra hace cuatro años en los salarios públicos.

Los gobernadores apoyan el acuerdo entre la Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso cuando, por lo consensuado, podrían recibir menos dinero de la Casa Rosada. Son conscientes de que el peor escenario posible era defaultear la deuda con el impacto que esa situación traería sobre la actividad. El recorte de transferencias discrecionales -por fuera de la coparticipación- que se plantea llega en un momento en que las finanzas provinciales gozan de mejor salud que las nacionales.

El capítulo “Otros gastos corrientes” del memorando firmado entre el Gobierno nacional y el FMI sostiene que “a fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos y, a la vez, proteger los ingresos reales de jubilados y pensionados y empleados del sector público”. En ese sentido, el compromiso es tomar “acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”.

En el 2021 la Nación giró, por fuera de la coparticipación, $606.177,5 millones. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, fue la más beneficiada con $239.239 millones; le siguió CABA con $57.793 millones (se incluyen las partidas por Seguridad que se envían por el recorte de la coparticipación) y el tercer puesto fue para Córdoba, con $22.362 millones.

En el primer bimestre de este año esas transferencias crecieron 5% real interanual y los analistas entienden que, incluso, se pueden haber adelantado fondos sabiendo que quedan entre los puntos a recortar.

Desde el Ieral, el economista Jorge Vasconcelos estima un ajuste de 0,2 puntos del PBI en ese segmento, con lo que pasaría a representar 1,2 puntos del Producto. Con ese recorte, se repartirían unos $840.000 millones este año y, siguiendo la lógica política de que Buenos Aires siempre es la más favorecida, se llevaría alrededor de $330.000 millones, con un crecimiento mayor al del resto de las jurisdicciones.

“El ajuste solo por efecto de la inflación no alcanza para cumplir las metas acordadas con el Fondo -dice Vasconcelos-. Los subsidios tampoco se podrán bajar en la medida de lo esperado por la suba de los precios internacionales de petróleo y gas, la otra variable que queda es la de transferencias discrecionales”.

Este año los ingresos del sector público nacional serán menores a los del año pasado porque, hasta el momento, no habrá recaudación por el Aporte Solidario (0,5% del PBI en 2021) y los ingresos vinculados al comercio exterior, en el mejor de los casos, serán similares, repasa Lorena Giorno, economista de Equilibra. No espera que la economía pueda crecer en términos reales y la “mayor fiscalización” prometida solamente tendrá un impacto “marginal”.

En ese contexto -coincide con Vasconcelos- aunque el 60% del gasto está indexado y el plan es mejorar el gasto en infraestructura, los subsidios y transferencias a provincias son los candidatos al recorte. Enfatiza que el año pasado los giros corrientes cayeron 14 puntos porcentuales respecto al 2020 (pasaron de 88% a 74%) mientras que los de capital crecieron 15 puntos porcentuales.

Para Giorno la salud fiscal de las provincias es “buena” ya que “reordenaron sus cuentas” a partir de que el Consenso Fiscal del 2020 -que suspendió toda baja de impuesto y habilitó subas de alícuotas- les dio “margen de acción”. A su criterio, no van a tener que recortar su gasto este año, aunque admite que los distritos más dependientes de la Nación “seguramente esas seguirán recibiendo apoyo”.

Salarios públicos derrotados

Los recursos que van por fuera de la coparticipación históricamente son una herramienta para disciplinar a los gobernadores y negociar apoyos a decisiones que necesita el Ejecutivo. No es un dato menor teniendo en cuenta los dos años que le esperan a Alberto Fernández cuando, por la interna de la propia alianza que lo llevó al gobierno, necesita negociar apoyos. Lo sucedido con el acuerdo con el Fondo es una muestra concreta.

Giorno insiste en que las provincias no deberán bajar gastos porque el pacto fiscal firmado a finales de 2021 las habilitó nuevamente a aumentar alícuotas Ingresos Brutos y crear otros, como el de la herencia que se menciona en el texto.

“El 2021 cerró con superávit financiero y primario para el consolidado de provincias -describe. Salieron de la pandemia mejor de lo que ingresaron por las transferencias discrecionales, porque los salarios públicos perdieron ampliamente frente a la inflación y porque un grupo importante renegoció sus deudas. El año pasado los ingresos provinciales mejoraron y eso les permitió mantener el orden”.

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, admite que las provincias se enfrentan a un desafío sobre qué camino tomar ante la baja de los giros discrecionales: sostener los superávits en base a ajustes del gasto; o reducir sus ahorros financieros en post de no ajustar.

Si la alternativa es la primera, los consultados coinciden en que uno de los principales puntos es, nuevamente, el gasto en personal, un ítem que en los últimos años fue ajustado. Según datos de Aerarium, en 2020 solo en tres provincias los salarios públicos quedaron por encima de la inflación y dos mejoran en términos reales el poder adquisitivo de sus empleados. El año pasado, a diferencia de los estatales nacionales, los provinciales de nuevo perdieron frente a la inflación.

“Son pocos los distritos que en 2021 exhibieron alza real de los salarios públicos -señala Pegoraro-. Si se repite la receta este año sería un nuevo golpe al bolsillo de un grupo que viene sufriendo recortes reales en los últimos cuatro años”.

La economista Diana Mondino ratifica que siendo el gasto en personal y previsional el más importante de las provincias, los salarios “seguramente volverán a subir por debajo de la inflación”. La baja conflictividad social a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de alguna manera permite a los gobernadores seguir por esa vía.

“La conflictividad social se redujo por la pandemia y también por el vínculo entre los sindicatos y el oficialismo. Uno tiene la ‘sospecha’ de que no tienen incentivos necesarios para la protesta”, deduce.

Mondino enfatiza que si bien el FMI no exige modificaciones, “nada le impide a los gobiernos hacerlas; hay un margen de libertad para decidir en qué se reduce. Incluso sorprende que digan que aumentará el gasto público en términos reales. Tendrá que reducir en gastos corrientes porque sino no hay manera de que cierren las cuentas”.

Quién hace qué

Otro punto susceptible de ajuste son los programas de inversión pública, particularmente de inversión real directa, que registró un “alto” crecimientos en 2021, en parte explicado por una fuerte asistencia de recursos por parte de Nación. Pegoraro apunta que eso implicaría, necesariamente, una reducción en el ritmo de proyectos de obra pública, que “atacaría de lleno al proceso de reactivación en muchas provincias”. Menciona que algunos distritos tuvieron al sector de la construcción como el eje fundamental del alza del empleo en 2021.

Mondino asegura que la definición de dónde se hacen las obras públicas la debe hacer el Congreso porque “sino es una forma de buscar votos”. Respecto del párrafo del memorándum que plantea que se tenderá a “mejorar la eficiencia del gasto público, la gestión de caja y la coordinación con los gobiernos provinciales”, ironiza con que “es lo que deberían haber hecho toda la vida”.

La consultora Idesa insiste, desde hace varios años, en que la superposición de intervenciones nacionales sobre servicios que administran los gobiernos provinciales es una de las principales fuentes de derroche fiscal. En función del presupuesto 2021 ejecutado equivalieron a 2,6% del PBI ($1.204 millones).

Idesa da cuenta que en la cartera de Desarrollo Social es donde se da la mayor superposición de funciones ($491.000 millones); seguida de Desarrollo Territorial y Hábitat ($290.000 millones), Educación ($186.000 millones), Obras Públicas ($113.000 millones), Salud ($68.000 millones) y Ambiente ($12.000 millones). La cuenta incluye también los $44.000 millones de ATN repartidos por Interior.

En general -según se argumenta- son fondos destinados a suplir la insuficiencia de la acción de las administraciones locales en áreas como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes.

Pegoraro plantea que si el camino que eligen los gobernadores es “sacrificar” sus superávits eso no significaría “un no ajuste” porque la “buena salud de las finanzas provincial no significa que puedan soportar solas la totalidad de ajustes que podrían realizarse”.

Giorno es más optimista: “Al final del año pasado los ingresos provinciales perdían dinamismo pero en enero se frenó esa caída con lo cual es altamente probable que se mantenga el nivel de recaudación provincial y eso evitaría el deterioro de las cuentas”.

Fuera de las transferencias corrientes discrecionales están también los giros de Anses a las cajas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación. Son 13 y el año pasado recibieron $25.000 millones; sin nuevo presupuesto ese monto quedó, por ahora, congelado.

Fuente: La Nación

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Cristina Fernández convocó al Senado a debatir el acuerdo con el Fondo

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta firmó este martes el dictamen en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó este martes a la Cámara alta para debatir este jueves el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

A través del Decreto Parlamentario 17/22, firmado en la noche de este martes, Fernández de Kirchner convocó a la sesión especial desde las 14, informaron fuentes parlamentarias.

Dictamen

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta firmó este martes el dictamen en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada.

El dictamen, sin embargo, no tendrá los siete días de vigencia que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. Por ello, para celebrar la sesión, será necesario juntar el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto para habilitar la reunión parlamentaria “sobre tablas”.

En ese sentido, el Frente de Todos necesita de la colaboración del interbloque opositor de Juntos por el Cambio que este miércoles realizará una reunión para resolver qué postura tomará respecto de habilitar o no la sesión del jueves.

No obstante, se estima que el principal bloque opositor prestaría los dos tercios para la sesión, si se tiene en cuenta que apoyó de manera unánime el dictamen alcanzado en la tarde de este martes.

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