La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), a través del Tribunal de Defensa de la Competencia, actualizó el valor de la Unidad Móvil prevista en el artículo 85 de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, que pasará a ser de $1.450,05 a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. La decisión, formalizada mediante la Resolución 6/2026, tiene un impacto directo sobre los umbrales de notificación de concentraciones económicas, el cálculo de multas y otros parámetros clave del régimen antimonopolio argentino, en un contexto de alta inflación y reordenamiento institucional del sistema de control de mercados.

La actualización se basa en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025, publicado por el INDEC, y reemplaza el valor vigente en 2025, que era de $1.102,28, fijado por la Resolución 21/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. En términos prácticos, el nuevo valor redefine el alcance económico de las sanciones y obligaciones previstas en la normativa de competencia para todo 2026.

Qué es la Unidad Móvil y por qué es clave en la Ley 27.442

La Unidad Móvil es la unidad de cuenta creada por el artículo 85 de la Ley N° 27.442 para indexar automáticamente los principales montos del régimen de defensa de la competencia. Su función es evitar que la inflación licúe el efecto disuasivo de las sanciones y distorsione los umbrales regulatorios.

Según la propia resolución, la Unidad Móvil se utiliza para determinar, entre otros aspectos, los valores previstos en los artículos 9, 11, 33, 55, 59 y 84 de la ley, que incluyen:

• Umbrales de notificación obligatoria de concentraciones económicas.
• Montos máximos de multas por conductas anticompetitivas.
• Otros parámetros económicos relevantes del sistema sancionatorio.

El valor inicial de la Unidad Móvil fue fijado en $20, con actualización anual automática en función del IPC. Para 2025, el monto había ascendido a $1.102,28, y ahora, tras la variación acumulada del IPC de 2025, se eleva a $1.450,05 para 2026.

Fundamentos normativos y rol del Tribunal de Defensa de la Competencia

La resolución se apoya en un entramado normativo que busca poner plenamente en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia. La Ley N° 27.442 creó a la ANC como organismo descentralizado y autárquico, y estableció al Tribunal de Defensa de la Competencia como su órgano decisor.

La operatividad efectiva del sistema se consolidó mediante:

• El Decreto N° 480/2018, que reglamentó la ley.
• El Decreto N° 803/2025, que introdujo modificaciones para habilitar su aplicación inmediata.
• El Decreto N° 810/2025, que designó a los miembros de la ANC y constituyó formalmente el Tribunal.

En este marco, el Tribunal —integrado por Marcelo D’Amore, Lucas Trevisani Vespa y Eduardo Rodolfo Montamat— ejerce las facultades para actualizar la Unidad Móvil y garantizar la coherencia económica del régimen. La resolución aclara que el nuevo valor regirá desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y que, hasta tanto se produzca una nueva actualización anual, se mantendrá vigente ese monto.

Impacto económico y posibles efectos en empresas y mercados

El aumento de la Unidad Móvil tiene consecuencias inmediatas para empresas, estudios jurídicos y áreas de compliance, ya que eleva en términos nominales los montos de multas potenciales y ajusta los umbrales de notificación de operaciones de concentración. En un escenario de mayor fiscalización, el cambio refuerza el poder disuasivo del régimen sancionatorio y busca preservar la efectividad real de la política de competencia.

Desde el punto de vista institucional, la actualización también funciona como una señal de normalización del sistema de defensa de la competencia, con reglas previsibles y mecanismos automáticos de ajuste. Para los mercados, implica un marco regulatorio más consistente, alineado con la evolución de precios y con mayor capacidad de intervención efectiva frente a conductas anticompetitivas.