Se cumplió un año desde que Juan Pazo, ex secretario coordinador de Producción, visitó Posadas y, con promesas que nunca cumpliría, sentenció la crisis del sector yerbatero. Con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, Pazo garantizó la continuidad de la regulación estatal sobre los precios de la hoja verde, pero en los hechos desmanteló la Ley 25.564 y dejó sin protección a miles de pequeños productores.

El “pito catalán” es un gesto de burla que en Argentina y Uruguay se asocia a la falta de seriedad. Y eso fue precisamente lo que hizo Pazo con los yerbateros cuando, el 8 de febrero de 2024, se reunió en el Ministerio del Agro de Misiones con funcionarios provinciales y representantes del sector. En el acta firmada tras la reunión, el funcionario aseguró que el gobierno nacional intervendría en la fijación de precios en caso de que el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no lograra consenso. Sin embargo, nunca cumplió.

Con la llegada de la desregulación impulsada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, la promesa de Pazo quedó en el olvido. Desde ese momento, los precios de referencia para la materia prima dejaron de fijarse, lo que derivó en una caída histórica en el valor pagado a los productores.

El impacto de la desregulación

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la última fijación de valores de la hoja verde se realizó en septiembre de 2023, cuando el precio se estableció en 250 pesos por kilo y el de la yerba canchada en 950 pesos. Sin la regulación del INYM, los precios cayeron drásticamente: hacia finales de 2024, el kilo de hoja verde se pagaba entre 200 y 240 pesos, muy por debajo de lo necesario para cubrir costos.

Los más afectados fueron los pequeños productores, que representan el 65% del total del sector. Mientras tanto, los grandes molinos se beneficiaron comprando materia prima a precios irrisorios sin trasladar esa reducción a los consumidores, lo que generó mayores ganancias para los sectores concentrados.

Otro de los golpes al sector fue la inactividad del INYM, que quedó acéfalo tras la salida de Juan José Szychowski. A pesar de que en febrero de 2024 se anunció la designación de Daniel Notta como presidente, su asunción nunca se concretó. Esto dejó al organismo sin capacidad de acción, lo que favoreció a los grandes actores del mercado.

El desinterés del gobierno en regular la actividad también se reflejó en la falta de aprobación del presupuesto 2025 del INYM. Como recordó el diario La Nación, el organismo se financia con una Tasa de Fiscalización que se cobra a través de la estampilla en cada paquete de yerba mate vendido en el país. La falta de presupuesto compromete el funcionamiento del INYM, sumiendo al sector en una crisis sin precedentes.

Lejos de asumir responsabilidad por la situación del sector, Juan Pazo fue premiado con la conducción de la Dirección General Impositiva (ex AFIP), consolidando su posición en el gobierno libertario. Mientras tanto, en Misiones y Corrientes, miles de productores enfrentan un escenario crítico, con precios que no cubren los costos y sin un organismo que los proteja de los abusos del mercado.

El “pito catalán” de Pazo a los yerbateros fue mucho más que un gesto de burla: fue el inicio de una desregulación que desprotegió a los productores y favoreció a los grandes molinos. A un año de aquella promesa incumplida, el sector sigue esperando respuestas.