Ejecución presupuestaria nacional en 2024: caída histórica y repercusiones sociales

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La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en 2024 registró una caída real del 31% en comparación con 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este ajuste presupuestario impactó de forma drástica en áreas clave como salud, educación, desarrollo social y obra pública, generando un contexto de desfinanciamiento generalizado.

El gasto en Seguridad Social, que representa el 52% del presupuesto total, se redujo un 20% interanual. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recortó un 17%, mientras que las transferencias al PAMI disminuyeron un 60%. El Programa Potenciar Trabajo experimentó un ajuste del 85%, y el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 81%, dejando a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito sanitario, los recortes fueron significativos. La Superintendencia de Servicios de Salud redujo su ejecución en un 69%, mientras que programas críticos como “Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” sufrieron una caída del 47%. Además, la Atención Sanitaria en el Territorio casi se paralizó, con una disminución del 96%.

El ajuste también alcanzó al sector educativo, con una contracción del 45% en el gasto general. Programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98%) y Conectar Igualdad (-83%) enfrentaron recortes drásticos, comprometiendo el acceso a la educación en sectores vulnerables.

La paralización de la obra pública es una de las consecuencias más alarmantes. Programas como “Infraestructura en Municipios” y “Obras de Seguridad en Rutas Nacionales” reportaron caídas cercanas al 100%. En tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca registró un ajuste del 97%, impactando severamente en las economías regionales.

Mientras que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales sufrieron recortes generales del 21% al 29%, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vio un incremento real del 13% en su presupuesto.

El informe destaca que el 11% del gasto total fue destinado al servicio de la deuda pública, una cifra significativa en un contexto de ajuste generalizado. Esto pone en evidencia la priorización de los compromisos financieros por sobre las necesidades sociales.

La drástica reducción en programas sociales y de salud genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos. Además, la caída en la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado plantea interrogantes respecto al manejo de fondos que previamente habían sido declarados como ejecutados.

El 2024 se cierra como un año de ajustes históricos en la Administración Pública Nacional. La contracción en áreas sensibles deja en evidencia un modelo que prioriza el equilibrio fiscal en detrimento de las políticas sociales y de desarrollo, agravando la situación de los sectores más vulnerables.

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