El nuevo acuerdo firmado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) redefine el marco cambiario y monetario del país, pero también expone severas fragilidades estructurales en la balanza de pagos. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la estrategia oficial implica un puente financiero hasta 2030, basado en el endeudamiento externo, una liberalización parcial del cepo y ambiciosas reformas estructurales con altos riesgos de sostenibilidad en el largo plazo.

Nuevo préstamo con el FMI: un puente financiero hasta 2030 con riesgos de sostenibilidad y alto costo social

El fin del crawling peg y un nuevo régimen de bandas cambiarias

La administración de Javier Milei puso fin al esquema de crawling peg del 1% mensual, considerado insostenible por el CEPA, y lo reemplazó por un sistema de bandas para el dólar oficial, con pisos y techos que oscilan entre $1.000 y $1.400. Esta medida, acordada con el FMI, busca estabilizar las expectativas pero podría generar volatilidad en precios y mayor presión inflacionaria. El esquema recuerda al implementado en 2018 bajo la gestión de Dujovne y Sandleris, aunque con mayor amplitud y sin mecanismos claros de esterilización.

Unificación cambiaria parcial: liberación para personas, restricciones para empresas

El acuerdo contempla una liberalización casi total del mercado de cambios para personas físicas —incluyendo el fin del cupo mensual de USD 200 y restricciones cruzadas con el MEP/CCL—, mientras que las personas jurídicas aún enfrentan límites relevantes, especialmente para el giro de dividendos anteriores a 2025. Según CEPA, esta “salida parcial del cepo” deja stocks atrapados que podrían presionar la demanda de dólares a futuro.

¿Cómo se financia el nuevo modelo económico?

El nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas implica un endeudamiento con el FMI por USD 20.000 millones, además de compromisos con el Banco Mundial (USD 12.000 millones) y el BID (USD 10.000 millones). A eso se suman USD 5.000 millones de China y ampliaciones del repo con bancos internacionales. En total, se proyectan ingresos por USD 28.100 millones para 2025. No obstante, las necesidades financieras del año ascienden a USD 47.000 millones, generando un déficit de USD 15.200 millones, que el Gobierno deberá cubrir con nuevas fuentes de financiamiento o más ajuste.

Riesgos estructurales: deuda, inflación y presión cambiaria

El diagnóstico del CEPA es crítico: la cuenta corriente es deficitaria, las reservas netas siguen en terreno negativo (USD -7.346 millones al 31/3) y las metas del FMI implican una acumulación de USD 8.900 millones para diciembre de 2025, en un contexto donde ya se incumplieron metas previas. Además, la deuda con el organismo alcanzaría un récord de 43.100 millones de DEG en 2026, lo que representa más del 1.000% de la cuota argentina y supera las reservas brutas proyectadas.

Según el propio Fondo, la estrategia es “poco sostenible para su repago” y el riesgo de estrés soberano es alto, dada la incertidumbre sobre inflación, acceso al crédito y exposición externa.

Reformas estructurales y ajuste fiscal: las condiciones del FMI

El programa económico incluye una batería de reformas estructurales:

• Reforma laboral: flexibilización de condiciones de contratación y despido.
• Reforma tributaria: baja gradual de retenciones, impuestos al cheque y ganancias corporativas.
• Reforma previsional: revisión integral del sistema para diciembre de 2026.
• Privatizaciones: evaluación y plan de concesiones de empresas públicas incluidas en la Ley Bases.
• Reforma energética: liberalización del mercado mayorista y eliminación de subsidios.

En el frente fiscal, se proyecta un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025 y de 2,5% en 2027, con recortes en subsidios (0,6% del PBI), asistencia social y seguridad social. A su vez, el Ejecutivo se comprometió a aprobar la Ley de Déficit Cero para diciembre de 2026.

Perspectivas: un camino condicionado por el endeudamiento y la fragilidad externa

El CEPA advierte que la estrategia de “puente financiero hasta 2030” se basa en expectativas de un boom exportador en energía y minería, especialmente por Vaca Muerta. El FMI estima que el sector energético podría aportar un superávit de USD 18.000 millones anuales hacia el final de la década. Sin embargo, ese horizonte dependerá de inversiones sostenidas, estabilidad política y condiciones internacionales favorables.

El escenario de corto y mediano plazo es desafiante: alto riesgo país, baja capacidad de repago, caída de la producción y presión inflacionaria. Sin acceso pleno al mercado financiero, el plan económico podría entrar en tensión mucho antes de alcanzar sus metas estructurales.