Escribe Valeria Soczyuk* – El 2021 que recientemente termino, ha marcado el segundo año de la convivencia con el COVID, lo cual nos ha dejado una crisis estructural severa, que afecta de manera directa sobre los derechos de los trabajadores insertos en una Empresa que debe sobrevivir ante las políticas publicas y económicas de un Estado en donde, la desigualdad reagravada por la pandemia, es una compañera de los pueblos oprimidos.

La realidad nos demuestra que la crisis económica sigue aumentando trayendo ajustes, impactando directamente sobre los mas necesitados. Lo cual hace que el equilibrio pretendido por los principios del Derecho del Trabajo, queden cada vez mas desequilibrados.

No caben dudas que debemos destacar a partir de la declaración del estado de emergencia ante la llegada de la pandemia en marzo del 2020 en nuestro país, que el gobierno actual intento construir instrumentos, muchos de ellos hasta rozando la inconstitucionalidad, a los fines de salvaguardar los derechos de los trabajadores, todo lo cual no tenían otro horizonte que no fuera la conservación de la fuente de ingreso de una familia, SU TRABAJO.

Así, nos hemos encontrado con legislación nueva, la cual hizo que todos los laboralistas nos reunamos, experimentando la vida en relación mediante redes sociales, realizando conferencias por zoom, dictándose clases de manera virtual, debatiendo sobre el nuevo paradigma que se planteaba a partir de la realidad social y económica travesada por las empresas.

De esta manera se prorrogo la duplicación de las indemnizaciones en caso de despidos, el cual ya era un instrumento que se había planteado previo a la declaración de la pandemia, se consagro el principio de intangibilidad salarial y ante la incansable necesidad de resguardar el vinculo laboral, fue que se declaro la prohibición de los despidos sin justa causa. Trayendo a colación de que la justicia de Misiones, fue la primera del país en declarar nulo un despido sin justa causa en abril del 2020, el cual aun no se encuentra resuelto atento a la que empresa apelo la decisión de dos instancias judiciales y se encuentra aun pendiente en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia el pronunciamiento del mismo.

En todo el año 2020 y mediados del 2021 la preservación y la conservación de los puestos de trabajos estuvieron en la agenda del gobierno actual, lo cual demuestra su ideología y la preocupación del aumento del porcentaje de los desocupados en nuestro país. Pero a partir de que los contagios fueron bajando, la vida en sociedad fue volviendo a la normalidad, nos encontramos que se presentaron cuatro proyectos en el Senado de la Nación, que tienen por objeto nada mas ni nada menos que la eliminación de las indemnizaciones laborales por despido. Cuestión esta que nuevamente hizo prender las luces de alerta en los abogados laboralistas.

Recordamos que el régimen laboral argentino plantea que ante un despido arbitrario, el empleador debe abonar al trabajador una indemnización por esa ruptura abrupta del contrato de trabajo. Con los proyectos que se encuentran tratándose en el Congreso, se pretende sustituir las mismas y crear un seguro similar al actual régimen de los empleados de la construcción, el cual tendrá un aporte mensual y una vez finalizada la relación, el ex dependiente se hará acreedor de esa suma teniendo en cuenta la antigüedad.

Partiendo de la historia y de mi experiencia, la reforma a las indemnizaciones no es el camino justo ni mucho menos cuando lo que se pretende es inducir al error de que los trabajadores registrados son un costo para las empresas que obstaculizan al crecimiento de las mismas. 

La protección contra el despido arbitrario es un derecho constitucional el cual es innegociable e inalienable, existe una irrenunciabilidad de derechos. Los trabajadores no son una mercancía ni el objeto para un fin. Ya la Corte ha dicho que el trabajador es objeto de especial tutela. Esta convicción debe ser hoy el punto de partido y base de todo fundamento político y económico.

Lo que espero de la legislación laboral en este 2022 es la custodia de los derechos y garantías de las personas que al trabajar pierden su libertad a cambio de una remuneración. Partiendo desde la perspectiva de la persona del vulnerable y sabiendo que mediante la lucha permanente, vamos a lograr el deseado bien común de la clase trabajadora con una vida digna y siendo la justicia social, el instrumento para que el mundo sea lo mejor posible.

Valeria Soczyuk – abogada especialista en casos de accidentes de trabajo y cuestiones laborales

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Cristian Milciades

Periodista, productor de contenidos.

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