El último documento elaborado por el FMI expone la realidad financiera Argentina. A pesar de que el oficialismo celebra de forma constante un supuesto superávit, el organismo internacional admite que la economía registra números rojos.

El dato crucial que derriba el relato oficial fue discretamente ocultado por el FMI en una nota al pie de la página siete de su informe técnico. Allí, el organismo admite que el Gobierno excluye de sus gastos el pago de ciertos intereses de los bonos. «Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit total a cerca del 0,8% del PBI», confiesa el documento.

Los bonos capitalizables, conocidos como la «ingeniería de Caputo», no pagan a sus propietarios un monto mensual en concepto de intereses; en cambio, suman esa tasa al precio total del bono, que deberá ser pagado por el Estado a su vencimiento. El Tesoro, de esta forma, no paga los intereses mes a mes, pero genera una «bola de deuda exponencial» que el año pasado compuso más de 10 puntos del PBI.

Desde la asunción de Milei, la cifra de intereses escala a los 95 mil millones de dólares. El ajuste de Milei no resolvió el problema, sino que reemplazó la emisión monetaria por una bomba de endeudamiento que difiere los pagos hacia el futuro, con mayor ajuste para la clase trabajadora y más beneficios para el gran capital.

A pesar de este escenario de déficit oculto, el FMI insiste en una reforma previsional que ataca directamente los derechos adquiridos por los jubilados. Con el eufemismo de «garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo» y «mejorar la equidad», el Fondo ha lanzado el pedido de un desguace previsional punto por punto.

Entre las principales exigencias al gobierno libertario figura el aumento de la edad jubilatoria y de las mujeres. El FMI exige ajustar los parámetros según los «cambios demográficos», lo que se traduce en aumentar la edad de retiro bajo la excusa de la expectativa de vida y «equiparar» progresivamente la edad entre hombres y mujeres. Esta medida ignora por completo la doble jornada laboral y las tareas de cuidado no remuneradas que recaen históricamente sobre las trabajadoras.

La reducción de los subsidios energéticos es una de las prioridades inmediatas del FMI para asegurar el cumplimiento presupuestario que tendrá un grave impacto en la economía de los argentinos, en medio de un contexto donde la inflación de abril fue de 2,6 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al respecto, el FMI también instó al Gobierno a actualizar las canastas utilizadas para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una crítica que expone la falta de transparencia gubernamental. En su informe, el organismo remarcó la importancia de modernizar las estadísticas oficiales y sugirió avanzar en la publicación de datos de inflación basados en patrones de consumo más recientes, en un intento por corregir la distorsión de cifras. Además, pidió reforzar la autonomía del Indec.