El Decreto 339/2024 eliminó una red de programas estatales orientados a pequeñas y medianas empresas, por considerarlos “ineficientes, estériles y discrecionales”. Sturzenegger defendió el nuevo enfoque: menos regulaciones y más libertad económica.

En línea con la estrategia de desregulación y achicamiento del Estado que promueve la administración de Javier Milei, el Gobierno eliminó formalmente más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, que estructuraban programas de asistencia a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La decisión fue oficializada a través del Decreto 339/2024, que desactiva dispositivos como el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo y diversas iniciativas de articulación público-privada, certificación de calidad y promoción exportadora.

Fin a programas con bajo impacto y alta discrecionalidad

Según los fundamentos del decreto, estos programas eran “distorsivos de los precios de mercado”, afectaban la dinámica competitiva e implicaban un “expendio de recursos para beneficio de unos pocos”. En su lugar, el Gobierno propone un esquema de menor intervención estatal y un entorno macroeconómico más previsible.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue categórico: “No queremos que las PyMEs sean siempre pequeñas. El sueño es que conquisten el mundo, y para eso necesitan libertad, no caramelos paliativos”.

Sturzenegger defendió el enfoque libertario como el verdadero respaldo a las pequeñas y medianas empresas. En su visión, la reducción de regulaciones, la simplificación impositiva y la estabilidad macroeconómica son los pilares de una política PyME efectiva.

“Una buena política PyME es la que permite crecer, no la que incentiva a quedarse chico para recibir beneficios”, explicó. También denunció que la arquitectura previa estaba orientada al “amiguismo” y a favorecer a un 0,03% de las empresas.

Uno de los ejemplos citados fue el programa de competitividad del presupuesto 2025, que preveía asistir solo a 150 PyMEs sobre un universo superior a 500.000. “Un modelo para pocos, quizás amigos del poder, y seguramente de CABA”, ironizó.

Críticas a la intervención estatal y a la lógica asistencialista

El funcionario también cuestionó el rol histórico del Estado como generador de obstáculos para el desarrollo PyME. Retomó una frase del economista y empresario Javier González Fraga, quien afirmaba que “las regulaciones parecían diseñadas por los grandes, porque las PyMEs no podían cumplirlas”.

“Primero les rompemos las piernas y luego les ofrecemos un bastón pagado con plata ajena”, resumió Sturzenegger. Reforzó así la idea de que el verdadero impulso a las PyMEs pasa por reducir las trabas y liberar al sector productivo, más que por multiplicar subsidios o asistencias fragmentadas.

Desde el oficialismo destacan que los resultados de esta nueva estrategia ya comienzan a notarse. Entre los datos exhibidos se menciona que el crédito a MiPyMEs pasó del 1,1% al 1,9% del PBI en un año, lo que representa un crecimiento del 72%. Además, se reactivaron figuras como las sociedades anónimas simplificadas (SAS), eliminadas durante la gestión anterior.

“La verdadera política PyME se construye con menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”, sentenció el ministro.

Qué cambia con el Decreto 339/24

Entre las estructuras eliminadas se encuentran:

• El Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
• La Red de Agencias de Desarrollo Productivo.
• Esquemas de vinculación PyME–grandes empresas.
• Programas de certificación de calidad sin ejecución.
• Consorcios de exportación de baja escala.
• Capacitación e internacionalización sin impacto medible.

El decreto aclara que se respetarán los compromisos asumidos durante la vigencia de los programas derogados, aunque no se renovarán ni ampliarán en el futuro.

Con este nuevo paso, el Gobierno profundiza su estrategia de reformas estructurales orientadas a reducir el tamaño del Estado y a modificar el vínculo con el entramado productivo. La eliminación de los programas PyME marca el fin de una era de intervención estatal en el sector, y el inicio de una etapa donde la competitividad dependerá más de las reglas del mercado que del auxilio oficial.