El postergado Pacto de Mayo al que convocó el Gobierno, que todavía no se puede sellar por falta de acuerdo respecto a la Ley Bases, prevé que la sumatoria del gasto nacional, provincial y municipal no supere el 25% del Producto Bruto Interno (PBI). Ese sería, a criterio de la administración libertaria, el nivel óptimo del peso del sector público consolidado sobre la economía.

Así, llegar a ese objetivo implica que una vez que cierre el ajuste previsto para el 2024, se siga pasando la “motosierra” sobre el sector público. Hay que recordar que el gasto público equivalía al 25% del PBI en los años 90’, con el auge de la convertibilidad y el tipo de cambio atrasado.

Según un análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los diversos niveles de gobierno deberían disminuir la mayor parte de los distintos gastos el 81%. EL informe toma como base el 2004, un año en el que luego de la salida de la convertibilidad y reacomodados los números de la macro, la economía había llegado a ese piso de erogaciones.

El estudio elaborado por el economista Nadin Argañaraz se proyectan posibles caminos para lograr la meta del Pacto de Mayo, un esfuerzo que exige además un acuerdo político que vaya más allá de la actual gestión. Por caso, si el Gobierno supone que la economía se debe manejar un tipo de cambio ligeramente atrasado, el esquema exige una baja de impuestos, y para ello, una reducción del gasto.

El punto de partida es que en los niveles de gasto del Gobierno nacional, de las provincias y de CABA y de los municipios, el peso relativo del gasto consolidado del año 2023 habría sido de 39,5% del PBI.

La estructura de las erogaciones por nivel de gobierno permite afirmar que a la mitad del gasto la ejecutaba Nación y a la otra mitad las provincias, CABA y los municipios. Concretamente, entre las provincias y CABA un 40% y los municipios un 9%.

El otro aspecto que resulta relevante para la sociedad argentina es el destino que tiene el gasto público. El principal es el destinado al pago de sueldos y contrataciones del Estado, lo que representa un 12,2% del PBI. El 65% del gasto se concentra en las Provincias y CABA, estando a cargo de las prestaciones de servicios intensivos en mano de obra como la salud y la educación. El segundo gasto más importante de Argentina es en Prestaciones de la Seguridad Social, con un 9% del PBI. En este caso, $75 de cada $100 que gasta el Estado se concentra en el gobierno nacional.

En primer lugar el IARAF indica que para bajar al 25% del PBI, “la mayor disminución real sería el gasto en déficit operativo de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%)”.

Luego de ello, otro rubro de erogaciones muy fuertes corresponde a “transferencias de capital desde los municipios (con una disminución del 86,4%), y la inversión real directa nacional (con una caída del 57,4%)”.

En contraste, el reporte indica que “los tres gastos que necesitarían una menor variación serían transferencias corrientes desde las provincias (con una mínima disminución del 2,3%), el gasto en intereses de deuda provincial (con un descenso del 9%), y el gasto provincial en bienes y servicios (con una reducción del 20,7%)”.

Si se consideran los tres niveles de gobierno, en el sector público nacional los tres rubros que mayor ajuste requieren son el déficit operativo de empresas públicas nacionales, la inversión real directa y el gasto en transferencias corrientes desde la nación (-54,7%).

Por otro lado, en el sector público provincial, serían los salarios con el 39,9%; las prestaciones provinciales de la seguridad social, con el 34,3% y la inversión real directa provincial, con un ajuste del -31,7%.

En el sector público municipal, serían las transferencias de capital, la inversión real directa con el 45,8% y el gasto en bienes y servicios, con el 35%.

Milei y el objetivo del Pacto

Según señala la Consultora Sarandí, “el Presidente declaró en su discurso oficial de inicio de las sesiones ordinarias que tenía el objetivo de reducir el peso del gasto público consolidado del Estado argentino a solo 25% del PBI”.

“Bajo su criterio, sería un parámetro aceptable en relación a la capacidad de cobertura por medio de recursos genuinos y sin abrumar al sector privado con una presión impositiva excesiva”, dice la consultora.

El reporte considera que “las medidas de austeridad de sus primeros meses de gestión van en igual sentido, ya que las aplicaciones de fondos del primer cuatrimestre del año verificaron un recorte de 1,5 puntos del PBI en relación al cierre del 2023”.

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