Malvinas: Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
Tras el vencimiento del plazo de dos semanas que había otorgado al Reino Unido, el Gobierno de Javier Milei informó que presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La solicitud busca impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mientras se tramita un arbitraje internacional.
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La Argentina abrió una nueva instancia jurídica en la controversia con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial fechado el 13 de octubre de 2026, la Oficina del Presidente informó que el país presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
La presentación se produjo después de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno argentino había concedido a Londres para adoptar medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental que la Argentina considera bajo su soberanía. El requerimiento había sido anunciado el 28 de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar un procedimiento arbitral contra el Reino Unido.
La nueva solicitud busca preservar los derechos que reclama la Argentina y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la controversia. El pedido se inscribe en una estrategia diplomática y jurídica que apunta a trasladar la discusión a los mecanismos de solución de controversias previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Qué busca la presentación ante el Tribunal del Mar
El Gobierno argentino fundamentó su solicitud en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Esa disposición contempla la posibilidad de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar adopte medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver una controversia, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Convención.
Entre esas condiciones figuran la evaluación preliminar de la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir y la existencia de una situación urgente que justifique medidas de carácter provisional. El objetivo de este mecanismo es preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves mientras continúa el procedimiento principal.
La presentación argentina no implica, por sí misma, que el proyecto Sea Lion quede suspendido. La adopción de medidas depende de la evaluación que realice el Tribunal, que deberá determinar si corresponde intervenir y cuál sería el alcance de una eventual decisión.
Tampoco supone una resolución sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo se concentra en la explotación de los recursos hidrocarburíferos y en las obligaciones que la Argentina invoca en el marco del derecho del mar, mientras la controversia territorial continúa abierta.
Sea Lion, en el centro de la disputa por los recursos naturales
El proyecto Sea Lion está vinculado con actividades de exploración y explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration participan en el emprendimiento, que el Gobierno argentino cuestiona por considerar que avanza sobre recursos de su plataforma continental sin autorización nacional.
La disputa combina dos dimensiones. Por un lado, la histórica controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Por otro, las consecuencias económicas y jurídicas de desarrollar actividades hidrocarburíferas en una zona cuya jurisdicción es objeto de reclamos contrapuestos.
En su comunicado, la Presidencia argentina sostuvo que la explotación unilateral de esos recursos agrava la controversia reconocida por las Naciones Unidas. También reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El Reino Unido mantiene su propia posición sobre las islas y las actividades que se desarrollan en el área. En consecuencia, el proceso internacional deberá abordar los argumentos jurídicos presentados por las partes dentro de los límites de la jurisdicción que corresponda al órgano interviniente.
El arbitraje y las medidas provisionales: dos instancias diferentes
El procedimiento iniciado por la Argentina se apoya en el Anexo VII de la CONVEMAR, que establece un mecanismo de arbitraje para determinadas controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención. El tribunal arbitral deberá examinar el caso principal, mientras que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir de manera provisional antes de que aquel quede constituido, si se cumplen los requisitos procesales.
Esta distinción resulta central para entender el alcance de la iniciativa. El arbitraje busca encauzar jurídicamente la controversia, mientras que las medidas provisionales apuntan a evitar que el paso del tiempo o la continuidad de determinadas actividades afecten los derechos que cada parte invoca antes de que exista una decisión sobre el fondo.
La respuesta del Tribunal no está predeterminada por la presentación argentina. El órgano puede conceder las medidas solicitadas, establecer otras o rechazarlas, según su evaluación de los fundamentos jurídicos y de la urgencia planteada. Si se dictan medidas provisionales, estas deben cumplirse en los términos establecidos por la Convención.
Una nueva etapa de la estrategia diplomática argentina
La presentación ante el Tribunal del Mar representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno nacional para intentar impedir el avance del proyecto petrolero. El vencimiento del plazo otorgado al Reino Unido marca el cierre de la instancia de requerimiento anunciada en septiembre y la continuidad del reclamo por la vía jurídica internacional.
El resultado dependerá ahora del análisis que realice el Tribunal y del desarrollo del arbitraje. En términos prácticos, la cuestión inmediata es si se adoptarán medidas capaces de limitar temporalmente las actividades relacionadas con Sea Lion. En el plano más amplio, el procedimiento vuelve a situar en el ámbito internacional la discusión sobre los recursos naturales y los derechos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental.
La evolución del caso también permitirá observar cómo operan los mecanismos de solución de controversias del derecho del mar ante disputas que combinan reclamos territoriales, explotación económica y obligaciones internacionales. Por el momento, el anuncio oficial confirma la presentación argentina, pero no anticipa cuál será la decisión del Tribunal ni sus eventuales efectos sobre el desarrollo del proyecto.
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