El Programa de Restitución de Derechos a Víctimas de Trata pasa del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia. El Gobierno unificó la asistencia a víctimas de trata bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal para mejorar la eficiencia y la articulación institucional

Mediante la Resolución Conjunta 1/2025, publicada en el Boletín Oficial el 27 de junio, los Ministerios de Capital Humano y Justicia formalizaron la transferencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas a la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia.

La medida busca consolidar en un único ámbito las políticas vinculadas a la prevención, persecución penal, asistencia, acompañamiento y reparación de derechos en casos de trata de personas, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficacia operativa y evitar superposiciones funcionales entre áreas del Estado.

A partir de esta resolución, será la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia la encargada de coordinar, implementar y dictar las normas complementarias del programa, que hasta ahora estaba bajo la órbita de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano.

La Subsecretaría también tendrá facultades para reasignar funciones operativas y administrativas del dispositivo, garantizando continuidad en la atención y asistencia a las víctimas. La entrada en vigencia de la normativa se producirá a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el próximo 12 de julio de 2025.

Reorganización del Estado: antecedentes y razones de la transferencia

La creación del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata había sido dispuesta en mayo de 2025 por la Resolución 246 del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de unificar acciones dispersas hasta ese momento entre distintas áreas, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

No obstante, el diseño institucional aún presentaba solapamientos de funciones y una fragmentación operativa que, según los fundamentos de la nueva resolución, dificultaba la gestión eficiente de las prestaciones. Por eso, el Gobierno decidió avanzar hacia una mayor centralización y especialización, bajo un enfoque penal, jurídico y reparador.

Esta decisión se enmarca en una serie de reestructuraciones previas, como la transferencia del Instituto Emilia y Manuel Patiño —clave en la asistencia a víctimas— desde la Secretaría de Niñez hacia la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal, dispuesta por el Decreto 151/2025.

La unificación bajo el Ministerio de Justicia también responde a lo establecido en la Ley 26.364 y su modificatoria 26.842, que asignan a esa cartera competencias específicas en la lucha contra la trata de personas. De hecho, ya funciona en ese ámbito la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata, con amplia experiencia en operativos de rescate y acompañamiento psicosocial.

Con la nueva normativa, el Gobierno busca articular los distintos dispositivos en un solo programa de alcance nacional y federal, que refuerce la atención integral a las víctimas desde una lógica interjurisdiccional y con foco en la reintegración laboral y social.

La resolución conjunta firmada por Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) forma parte de una estrategia de reforma del Estado que apunta a eliminar duplicidades administrativas y fortalecer las respuestas estatales en áreas sensibles como la trata de personas, un delito que combina redes delictivas complejas, vulnerabilidad social y falta de acceso a derechos.

La centralización del programa en el Ministerio de Justicia podría potenciar la capacidad de respuesta del Estado en todas las etapas: desde el rescate hasta la restitución de derechos, incluyendo asistencia psicológica, legal, habitacional y acceso a empleo.