El Ministerio Público del Trabajo (MPT) presentó el pasado viernes (22) una Acción Civil Pública solicitando la prohibición del glifosato, el agroquímico más utilizado en los cultivos de Brasil, con fuerte presencia en producciones como soja, maíz y algodón, Lo que supone un posible golpe para las empresas químicas de la mayor economía de América Latina.

La demanda incluye la suspensión del registro, fabricación, comercialización, importación y exportación del glifosato y sus derivados en Brasil, y tiene como principales demandados a la Unión y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Una cancelación efectiva del registro del glifosato en Brasil afectaría a empresas como la alemana Bayer AG y otras que han utilizado el ingrediente activo en algunas formulaciones desde que expiró su patente en 2000.

En el escrito judicial, los fiscales del MPT -una división especial de la fiscalía encargada de proteger los derechos de los trabajadores- sostienen que existen riesgos para la salud humana, especialmente en lo relacionado con la exposición ocupacional de los trabajadores que manipulan el producto en el campo. Otro de los argumentos utilizados para justificar el pedido de prohibición total son los daños ambientales derivados de la contaminación.

La argumentación jurídica se basa en un giro científico internacional. El principal fundamento técnico utilizado por el MPT en esta nueva ofensiva judicial se apoya en un hecho reciente del escenario científico internacional. La revista especializada Regulatory Toxicology and Pharmacology retiró un estudio clásico publicado en el año 2000.

Ese artículo era considerado una de las principales referencias mundiales utilizadas por agencias reguladoras y empresas químicas para respaldar la seguridad del glifosato y rechazar su potencial carcinogénico.

Al retirar el trabajo citando preocupaciones éticas y posibles conflictos de interés de los autores originales, la publicación abrió margen para que el MPT argumente judicialmente que la base científica que sostenía la autorización comercial del principio activo perdió validez.

“Es una cuestión de salud pública”, dijo el fiscal brasileño Leomar Daroncho en un comunicado. “La autoridad competente debe tomar medidas para reevaluar los riesgos cuando haya una alerta o advertencia contra el uso de pesticidas por parte de organizaciones internacionales responsables de la salud”.

Alto impacto productivo

Brasil posee la mayor reserva de agua dulce superficial del mundo, representando aproximadamente el 12% del total global. Además, alberga la mayor selva húmeda del planeta, la Amazonia, y vastas extensiones de áreas continentales inundadas, como el Pantanal y el Araguaia, además de extensas cuencas hidrográficas distribuidas por todo el territorio. El país también figura entre los principales consumidores mundiales de agroquímicos.

Estudios de Embrapa Medio Ambiente muestran que los herbicidas representan cerca del 59% de todas las ventas de agroquímicos en Brasil. Según los investigadores, ese uso está directamente relacionado con la consolidación del Sistema de Siembra Directa en las últimas tres décadas.

En ese contexto, el glifosato resulta decisivo para la productividad de los cultivos brasileños, ya que gran parte de la producción de soja, maíz y algodón utiliza biotecnología de semillas genéticamente modificadas, desarrolladas específicamente para resistir la aplicación del herbicida.

Una investigación realizada por Pesticide Atlas en 2022 comparó la concentración de glifosato en aguas potables brasileñas y europeas. La sustancia de Bayer defendida por los agricultores es considerada de alto riesgo y fue autorizada por el gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia, en 2020, permaneciendo en uso durante cuatro años.

El estudio constató que Brasil permite cantidades mucho mayores de glifosato en el agua en comparación con la Unión Europea. Mientras en Brasil están autorizados hasta 500 microgramos por litro, en los países europeos solo se permite 0,1 microgramo por litro, lo que revela una autorización 5.000 veces mayor de la sustancia tóxica en territorio brasileño.

La acción judicial se encuentra en una etapa inicial. Por lo tanto, la fabricación, venta y aplicación de glifosato en los cultivos brasileños continúan autorizadas y desarrollándose normalmente en todo el territorio nacional, sin cambios prácticos para los productores rurales mientras el Poder Judicial analiza el fondo de la cuestión.

De avanzar la demanda, Brasil podría ir por el mismo camino iniciado en Misiones, que también prohibió el uso del glifosato, con una ley que entrará en plena vigencia en 2030, con una estrategia más gradual y orientada a la reconversión productiva.

Misiones intenta consolidar un modelo de transición ordenada hacia prácticas agrícolas más sustentables, evitando un corte abrupto que pueda afectar la competitividad exportadora o los procesos productivos de la provincia, al tiempo que promueve el desarrollo progresivo de bioinsumos y tecnologías alternativas en el sector agropecuario.