El modelo educativo de La Libertad Avanza promete premios por resultados y directores con poder para elegir docentes
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La Libertad Avanza quiere trasladar al sistema educativo de Misiones una lógica de gestión basada en indicadores, medición de resultados, control del gasto y mayor autonomía de las instituciones. No se trata de una única reforma, sino de cinco proyectos de ley que, articulados, modificarían aspectos centrales del funcionamiento de las escuelas públicas y privadas, desde la manera de registrar alumnos hasta los mecanismos para seleccionar docentes y distribuir recursos.
El paquete presentado por el diputado provincial Adrián Núñez parte de un diagnóstico de la escuela de dirigentes libertaria.
Los cinco proyectos tienen un denominador común: buscan eficiencia con los recursos existentes. Núñez destaca que no se crearían nuevos organismos y que las medidas se implementarían con estructuras y personal ya disponibles. Esa definición introduce una primera incógnita: cómo financiar evaluaciones, auditorías, sistemas informáticos y acompañamiento pedagógico adicionales sin comprometer otras funciones del sistema.
El primero de los proyectos propone crear el Sistema Provincial de Cruzamiento Trimestral de Matrícula Educativa (SICMET), una herramienta para unificar los registros del Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM).
Núñez sostiene que entre los registros de esos organismos existen diferencias cercanas a los 18.000 alumnos. Es una cifra relevante, aunque no explicó cuánto corresponde a diferencias de fechas de corte, metodologías, duplicaciones o errores administrativos. Tampoco demuestra por sí sola que existan alumnos ficticios.
El proyecto establece una actualización trimestral de la matrícula y propone utilizar el DNI como identificador único. Los pases entre establecimientos deberán registrar simultáneamente la baja en la escuela de origen y el alta en la institución de destino -lo que ya sucede en la actualidad-.
También se publicaría información sobre cantidad de alumnos, secciones, vacantes, cargos y horas docentes. Para las escuelas privadas que reciben subsidios, la matrícula efectivamente acreditada pasaría a ser un dato central para determinar los aportes estatales.
El sistema permitiría identificar establecimientos con capacidad ociosa y analizar la relación entre cantidad de alumnos y estructura docente. Esos indicadores podrían utilizarse para abrir o cerrar secciones, reorganizar turnos y planificar inversiones.
Aquí aparece una cuestión especialmente sensible para Misiones. Una escuela rural con pocos alumnos puede presentar indicadores de eficiencia desfavorables frente a una institución urbana sin que ello signifique que sus recursos estén mal utilizados. Su existencia puede ser indispensable para garantizar el acceso a la educación en comunidades dispersas.
El proyecto contiene una garantía expresa: una disminución de matrícula no produciría automáticamente la supresión de cargos, reducción de horas o desplazamiento de docentes. La decisión dependería de los criterios políticos y pedagógicos que se apliquen.
La segunda iniciativa crea el Sistema Provincial de Evaluación, Información y Mejora de la Calidad Educativa (SPECE).
La propuesta establece evaluaciones obligatorias en tercero y sexto grado de primaria y segundo y quinto año de secundaria. En cada nivel seleccionado se realizarían dos mediciones anuales: una diagnóstica al comienzo del ciclo lectivo y otra al finalizarlo.
Las áreas comprendidas serían Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Los instrumentos también deberían medir capacidades de razonamiento, comprensión, resolución de problemas y aplicación de conocimientos.
Para considerar representativos los resultados de un establecimiento se exigiría una participación mínima del 80% de los estudiantes del año evaluado.
El diseño busca superar una limitación de las mediciones que ofrecen principalmente fotografías de los aprendizajes en determinados momentos. Al comparar resultados iniciales y finales, permitiría analizar la evolución durante el año escolar.
El proyecto incorpora, además, un componente pedagógico: las escuelas con dificultades significativas o persistentes deberán elaborar planes institucionales de mejora, con acompañamiento técnico, capacitación docente y provisión de materiales, priorizando la alfabetización.
El artículo 21 establece que las evaluaciones de aprendizaje podrán constituir uno de los elementos considerados en los procesos de evaluación profesional docente. Es decir, los resultados no serían necesariamente ajenos a la valoración laboral.
Existe otra tensión dentro del propio texto. El artículo 25 contempla la publicación de resultados por establecimiento, mientras que el artículo 27 subordina esa difusión a las restricciones de la Ley Nacional de Educación 26.206, destinadas a evitar la estigmatización de alumnos, docentes e instituciones.
La cuestión no es menor. Publicar resultados escolares sin una interpretación rigurosa de las condiciones socioeconómicas puede generar comparaciones engañosas entre establecimientos que atienden poblaciones profundamente diferentes. Y al mismo tiempo, alentar “rankings” de escuelas.
Queda pendiente una definición decisiva: cómo se traducirá esa información en recursos concretos para las escuelas que más los necesitan.
Una evaluación puede identificar que los alumnos de una escuela rural tienen dificultades de comprensión lectora. No puede, por sí misma, garantizar conectividad, bibliotecas, docentes especializados o mejores condiciones materiales de aprendizaje.
El texto prevé acompañamiento y recursos, pero su financiamiento se remite a los créditos del presupuesto educativo vigente.
El tercer proyecto probablemente sea uno de los que genere mayor controversia sindical.
Bajo el nombre de Sistema Provincial de Planificación, Control y Eficiencia de la Planta Docente, La Libertad Avanza propone revisar los mecanismos de administración de cargos, licencias, suplencias, afectaciones y jubilaciones.
El esquema contempla cruces de información entre el CGE y el SPEPM cada treinta días para identificar inconsistencias, duplicaciones o incompatibilidades. Las diferencias detectadas deberán verificarse antes de aplicar cualquier medida administrativa.
También se establece que las afectaciones de docentes a otras funciones sean excepcionales, estén debidamente fundamentadas y tengan una duración máxima general de doce meses, con posibilidad de prórroga justificada.
Cada afectación que requiera contratar un suplente deberá registrar su costo presupuestario. Se propone, además, planificar las vacantes previsibles por jubilaciones y establecer mecanismos de seguimiento de licencias prolongadas y cambios de tareas.
Pero la novedad política más importante es la creación de un adicional salarial por asistencia efectiva, inspirado en el Ítem Aula que aplica Mendoza.
El proyecto plantea reconocer económicamente la prestación sostenida del servicio docente. Excluye expresamente del cómputo de inasistencias a las licencias anuales, por maternidad, por responsabilidades familiares y por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
También establece que las licencias legalmente reconocidas no pueden convertirse por sí mismas en antecedentes disciplinarios.
Sin embargo, no determina el monto del adicional ni define completamente cómo se resolverá su aplicación en todas las situaciones de enfermedad común o licencias médicas. Esa tarea queda en manos de la reglamentación, dentro de los límites legales.
Núñez sostiene que el incentivo se financiaría con los recursos que actualmente se destinan a suplencias y afectaciones.
La fórmula plantea un interrogante económico: si el ahorro esperado no se produce, ¿con qué fondos se pagará el adicional?
Tampoco se acompaña una estimación de la masa salarial alcanzada, el porcentaje de docentes que podría acceder al beneficio ni el ahorro proyectado por reducción del ausentismo.
La propuesta establece una evaluación independiente después de 24 meses de aplicación. Es un mecanismo de control posterior, pero no sustituye la necesidad de contar con una estimación financiera antes de implementar el régimen.
El debate también tiene una dimensión conceptual. Premiar la asistencia puede resultar atractivo como incentivo a la continuidad pedagógica, pero no equivale necesariamente a mejorar la calidad de la enseñanza. La presencia del docente es indispensable; no es, por sí sola, una medida suficiente de desempeño profesional.
Directores con poder para elegir docentes
El cuarto proyecto introduce una modificación relevante en el sistema de acceso a los cargos docentes de gestión estatal.
Actualmente, el orden de mérito elaborado por las Juntas de Clasificación y Disciplina constituye el instrumento central para la cobertura de vacantes.
La Libertad Avanza propone conservar ese mecanismo, pero incorporar una segunda instancia de selección vinculada al Proyecto Educativo Institucional de cada escuela.
Cuando exista una vacante, la institución deberá definir públicamente el perfil profesional requerido. La autoridad competente remitirá una nómina de postulantes habilitados, que no podrá ser inferior a tres, salvo insuficiencia de candidatos.
El director tendrá participación efectiva y podrá seleccionar al aspirante que considere más adecuado para el proyecto institucional, mediante una decisión fundada.
El sistema contempla antecedentes profesionales, experiencia, formación específica, competencias pedagógicas y eventualmente entrevistas.
La reforma desplazaría una parte del poder de selección desde un procedimiento general de clasificación hacia la conducción de cada establecimiento.
Sus impulsores consideran que esto permitiría conformar equipos docentes más adecuados a las necesidades pedagógicas de cada escuela.
Sus críticos podrían objetar que abre un espacio de discrecionalidad institucional en un sistema donde los directores también están insertos en estructuras jerárquicas, administrativas y políticas.
El quinto proyecto aborda una discusión de fuerte contenido económico: las condiciones bajo las cuales el Estado provincial financia establecimientos educativos privados.
La propuesta separa expresamente dos cuestiones: el derecho de una institución privada a funcionar y su eventual derecho a recibir aportes públicos.
La habilitación de una escuela no generaría automáticamente acceso a subsidios. Para obtenerlos, los nuevos establecimientos deberán acreditar una necesidad educativa concreta, inversión propia, capacidad económica y una propuesta pedagógica diferenciada.
El SPEPM tendrá a su cargo la elaboración de un Estudio de Necesidad Educativa, que deberá considerar la oferta pública y privada existente, la evolución demográfica, la disponibilidad de vacantes, las dificultades de acceso y las características socioeconómicas de la población.
La existencia de una escuela estatal cercana no será motivo suficiente para rechazar el subsidio, aunque deberá incorporarse al análisis.
También se establece que los aportes se calculen sobre la matrícula efectivamente acreditada, con mecanismos de auditoría, rendición de cuentas y devolución de importes liquidados en exceso.
Las instituciones que actualmente reciben financiamiento público conservarán los aportes mientras se realicen los procesos de revisión previstos.
Hasta aquí, la propuesta apunta a mejorar la transparencia en la utilización de recursos estatales.
Pero el articulado incorpora otra definición que merece atención: reconoce expresamente la posibilidad de que los establecimientos privados obtengan una rentabilidad razonable, sin que ello constituya por sí mismo un impedimento para recibir aportes estatales.
También contempla la autonomía de gestión, el reconocimiento de inversiones y la determinación de aranceles dentro de un régimen de información y control.
Esto introduce una tensión entre el financiamiento público de un servicio educativo y la posibilidad de obtener una ganancia empresarial.
La cuestión es otra: ¿qué criterios utilizará el Estado para determinar cuánto financiamiento público corresponde asignar a una institución privada que cobra aranceles y puede obtener rentabilidad?
También será necesario definir cómo se ponderarán las necesidades de las escuelas estatales frente a las solicitudes de financiamiento de nuevos establecimientos privados.
Leídos en conjunto, los cinco proyectos permiten identificar una orientación bastante definida. La Libertad Avanza propone un sistema educativo en el que las decisiones sobre recursos humanos, financiamiento, organización escolar y desempeño institucional estén crecientemente respaldadas por indicadores verificables. Su característica central es que la eficiencia administrativa aparece como el principal instrumento para mejorar la educación.
En una provincia como Misiones, con escuelas urbanas, rurales y de frontera, la discusión exige además considerar las diferencias territoriales. No cuesta lo mismo garantizar educación en un establecimiento céntrico de Posadas que sostener una escuela de baja matrícula en una colonia alejada.
Tampoco puede confundirse una menor relación de alumnos por docente con un uso necesariamente ineficiente del presupuesto.
La pregunta que atraviesa el paquete libertario es si los problemas educativos responden principalmente a deficiencias de administración o si también requieren una política más amplia de inversión, infraestructura, condiciones laborales y acompañamiento social.
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