El Congreso sancionó dos leyes claves para el sistema previsional con amplio respaldo, aunque sin los dos tercios necesarios para evitar un posible veto presidencial. El Ejecutivo anticipó su rechazo por el impacto fiscal.

En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado de la Nación convirtió en ley dos iniciativas claves para el sistema previsional argentino: la actualización de los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional por dos años. Ambas leyes fueron sancionadas con mayoría simple, pero sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindarse ante el anunciado veto del presidente Javier Milei, quien considera que las medidas comprometen el equilibrio fiscal.

Qué establece la nueva ley de actualización previsional

La iniciativa, impulsada originalmente por la oposición y aprobada previamente en Diputados, contempla:

• Un incremento del 7,2% en todos los haberes jubilatorios.
• Un aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000, con ajuste mensual por el índice de movilidad.
• La transferencia de fondos de ANSES a provincias con cajas previsionales no transferidas.
• La incorporación de la fórmula de movilidad previsional establecida en el DNU 274/24.
• Un plan de financiamiento que incluye la eliminación de exenciones de IVA y Ganancias a ciertos actores económicos, y el redireccionamiento de partidas asignadas a la ex SIDE.

Con 52 votos afirmativos y solo 4 abstenciones, el artículo central fue aprobado por unanimidad. El resto de los artículos también fue respaldado por amplias mayorías, aunque sin llegar a los 48 votos necesarios para un eventual rechazo del veto.

También se aprobó la prórroga de la moratoria previsional

La segunda ley sancionada extiende por dos años el capítulo II de la Ley 27.705, que regula el Plan de Pago de Deuda Previsional. La medida, también aprobada en Diputados, fue impulsada por Unión por la Patria y obtuvo en el Senado 38 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

La moratoria permitirá que personas sin los 30 años de aportes exigidos puedan acceder a la jubilación, mediante un plan de regularización. Según explicó el senador Mariano Recalde, “7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres no alcanzan los años de aportes requeridos”, por lo que la medida busca reconocer el trabajo no registrado o informal de millones de argentinos.

Debate intenso y cruce de argumentos sobre el impacto fiscal

Desde el oficialismo, tanto el jefe de Gabinete Guillermo Francos como el presidente de Diputados Martín Menem ratificaron que el presidente vetará cualquier iniciativa que “rompa el equilibrio fiscal”. Menem estimó que las dos leyes implicarían un costo fiscal cercano a USD 12.000 millones, es decir 1,8% del PBI.

En respuesta, la oposición defendió la viabilidad financiera de la ley y la existencia de fuentes de financiamiento claras. Recalde mencionó, entre otros recursos, el ahorro en sobrecargos del FMI, la revisión de exenciones tributarias, y la reasignación presupuestaria.

“No es cierto que el sistema previsional sea insostenible. Este proyecto tiene financiamiento. Solo implica voluntad política de priorizar a los jubilados”, enfatizó Recalde.

En el mismo sentido, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri sostuvo que el recorte del gasto en jubilaciones fue del 43% en lo que va de 2024, y denunció: “Para este gobierno, los jubilados son la casta”.

Mientras que sectores aliados al oficialismo como Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) insistieron en que la prioridad debe ser reducir la informalidad laboral y eliminar jubilaciones de privilegio, otros como Tagliaferri señalaron que el sistema requiere soluciones estructurales, pero que no se puede abandonar a los adultos mayores que no llegaron a jubilarse formalmente.

“En un país con altísimos niveles de informalidad, es injusto castigar a quienes no pudieron aportar los 30 años. Hay que construir un sistema solidario y sostenible”, expresó Tagliaferri.

Con la sanción de ambas leyes, el Congreso dio una fuerte señal política a favor de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Sin embargo, el desenlace dependerá de la decisión presidencial. Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier norma que comprometa su meta de déficit cero, por lo que la vigencia de las leyes dependerá de cómo evolucione la puja institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo.