En un fallo histórico que refleja el consenso político y social en torno a la seguridad vial, el Senado de la Nación aprobó por 66 votos a favor y sin votos en contra la reforma del Código Penal que endurece las penas para quienes provoquen muertes o lesiones en accidentes de tránsito bajo circunstancias agravantes. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, introduce penas de hasta 12 años de prisión e incorpora nuevas causales que reflejan la creciente preocupación por la imprudencia al volante.

La modificación aprobada en la sesión de este jueves se originó en la confluencia de varios proyectos impulsados por legisladoras como Victoria Huala (PRO), Beatriz Ávila (PJS) y Anabel Fernández Sagasti (UxP), además del exsenador sanjuanino Roberto Basualdo.

El oficialista Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, fue el miembro informante del debate. En su exposición recordó que los siniestros viales son “si no la primera, la segunda causa de muerte en Argentina”, y sostuvo que la reforma “cumple con un reclamo social prolongado y legítimo”.

Desde los palcos del recinto, familiares de víctimas nucleados en la asociación Madres del Dolor acompañaron la votación, otorgándole un fuerte contenido simbólico a la sesión.

Agravantes, nuevas figuras y endurecimiento de penas

El proyecto modifica los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, que regulan respectivamente el homicidio y las lesiones culposas cometidas por conducción de un vehículo con motor. Entre las novedades más relevantes se destacan:

• Penas más severas: se eleva la escala penal para homicidios viales de 4 a 8 años de prisión (antes era de 3 a 6), con posibilidad de llegar a 12 años cuando concurran tres o más agravantes. La inhabilitación para conducir será por el doble del tiempo de la condena.
• Nuevos agravantes incorporados: además de los ya existentes (huir del lugar del hecho, no asistir a la víctima o conducir bajo estupefacientes o alcohol), se agregan causales como:
  • alcoholemia superior a 0,0;
  • consumo de medicamentos que afecten la aptitud para conducir;
  • exceso del 30% sobre la velocidad máxima permitida;
  • conducción sin habilitación;
  • manipulación de teléfonos móviles;
  • cruce indebido de pasos ferroviarios.
• Lesiones culposas: se crea un tipo agravado con penas de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación cuando concurran tres o más de las circunstancias agravantes.

La norma también elimina la posibilidad de aplicar la suspensión del proceso a prueba, garantizando que los responsables enfrenten penas efectivas.

Fundamentos y voces del debate

La senadora Victoria Huala (PRO) destacó la magnitud del problema: “Según la OMS, cada día mueren 135 personas en el mundo por siniestros viales. En Argentina, más de 4.300 personas al año, sin contar quienes fallecen luego en hospitales. Por cada víctima fatal, tres quedan con algún grado de discapacidad”.

Para Huala, la reforma apunta a “lograr justicia real para las víctimas y sus familias” y a “terminar con la impunidad”.

En tanto, Anabel Fernández Sagasti (UxP) remarcó que el texto complementa la ley de Alcohol Cero, aprobada en 2023: “Quien maneja alcoholizado no es un accidente, es temerario. Es un hecho evitable y debe tener penas no excarcelables”.

El oficialista Pagotto subrayó que la ley “suplanta falencias que hasta ahora debían resolverse por interpretación judicial” y “evita que los vehículos sigan siendo armas mortales”.

La votación unánime refleja la transversalidad del reclamo por mayor seguridad vial y el peso de organizaciones civiles como Madres del Dolor, que durante años presionaron por sanciones más duras.

En el plano político, el consenso entre bloques antagónicos —desde La Libertad Avanza hasta Unión por la Patria— proyecta una señal de madurez institucional en un Congreso atravesado por tensiones.

En lo social, la medida busca generar un efecto disuasivo frente a conductas como el consumo de alcohol, el uso de celulares o el exceso de velocidad, que se han convertido en factores recurrentes en las estadísticas de siniestralidad.

Próximo paso en Diputados y hacia una reforma integral

El proyecto aprobado en el Senado ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento ágil por el amplio consenso alcanzado. Paralelamente, el Ejecutivo anunció que en breve se enviará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal, donde estas disposiciones quedarían integradas a un marco más amplio.

La expectativa de especialistas y familiares de víctimas es que la sanción definitiva de la norma permita avanzar en un cambio cultural: que la sociedad entienda que conducir bajo condiciones de riesgo no es un accidente, sino un delito grave.