Escándalo Kueider: la Justicia investiga una red de lavado con vínculos en Paraguay
Caso Kueider: el documento que usó la secretaria para justificar el dinero expuso a otros involucrados y suma sospechas.
El poder de representación otorgado por la empresa Goldsur a Iara Guinsel Costa revela quiénes serían los supuestos dueños de la firma, según un documento ratificado por un organismo oficial de Paraguay.
El 13 de octubre, a las 21:06, el exsenador Edgardo Kueider ingresó a Paraguay. Minutos después, cruzó la frontera su secretaria, Iara Guinsel Costa. No fue un viaje más. Apenas 48 horas después, los supuestos dueños de la empresa Goldsur S.A. le otorgaron un poder amplio de administración y disposición que le permitía a la joven intervenir “en todos sus negocios”. Ese documento terminó siendo la coartada para justificar el dinero encontrado en una mochila y expuso a otros involucrados en la trama. La Justicia paraguaya investiga a todas las personas mencionadas y espera un informe clave que podría definir el futuro de la causa.
La fecha clave fue el 15 de octubre. Según el poder, ese día el directorio cedió a Guinsel Costa el manejo de la empresa. El documento detalla que a partir de entonces podía representar a Goldsur “en todos sus negocios y asuntos de orden administrativo, comercial y judicial”.
Kueider y su secretaria estaban en Paraguay para esa fecha. El exsenador regresó a Argentina recién el 18 de octubre a las 14:38. Un dato llamativo del viaje fue que usaron otro vehículo, matrícula AG759RW, según registros migratorios. En sus traslados previos a Paraguay, habían utilizado una camioneta registrada a nombre de su socio, Daniel González, un histórico empleado de la Biblioteca del Congreso.
El día de su detención, Kueider y Guinsel Costa presentaron el poder de Goldsur para justificar los USD 211.000, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes encontrados en una mochila negra.
El documento también revela que detrás de Goldsur estarían José Fernando Courisat y Amado Andrés Torales Benega. Courisat, un paraguayo de 33 años vinculado a otras firmas, tiene su Registro Único del Contribuyente (RUC) inactivo, lo que le impide facturar o ejercer el comercio. Torales Benega, en cambio, no había aparecido hasta ahora en la investigación y se sospecha que sería otro prestanombre.
El poder otorgado a Guinsel Costa le permitía manejar Goldsur con amplias facultades, incluyendo la administración total de sus bienes, aceptación de créditos y pagos, así como la disposición de sumas de dinero y convenios de compensación de deudas.
Los fiscales paraguayos han centrado su investigación en la empresa y pidieron medidas de prueba. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ya confirmó a Courisat y Torales Benega como socios accionistas, pero también identificó a Pedro Roure Rius, asesor financiero y representante legal de la empresa.
En septiembre de 2024, Roure Rius adquirió el 100% del paquete accionario de Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A., con sede en Uruguay, y figura como propietario de un hotel en Asunción. Llamativamente, la empresa CSAP Asesoría & Inversión, dedicada a la venta de sociedades anónimas, también opera en la misma dirección donde se registró el poder de Goldsur.
El organismo tributario informó que Goldsur S.A. está habilitada, desde octubre de este año, para operar en actividades inmobiliarias, construcciones civiles e industria publicitaria. Sin embargo, aún se investigan sus movimientos financieros.
El futuro de la causa y el pedido de extradición
Kueider y su secretaria pasaron las Fiestas bajo prisión domiciliaria en el complejo “Tierra Alta del Maestro” de Villa Morra, Asunción. Paralelamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió la extradición del exsenador, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los abogados de Kueider deberán decidir si aceptan la extradición o la litigan judicialmente.
Mientras tanto, el fiscal José Arias de Entre Ríos investiga las empresas vinculadas a Kueider y su entorno. Tras el escándalo en Paraguay, ordenó allanamientos y secuestró los teléfonos de Daniel González, socio del exsenador, y de la abogada Adriana Crucitta, involucrada en varias firmas junto a González.