Escándalo por los alimentos: el Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre

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El Gobierno de Javier Milei le soltó la mano a uno de sus funcionarios: el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello, asegura que ya estaba investigando “irregularidades” de Pablo De la Torre, el funcionario desplazado por la retención de alimentos de comedores comunitarios y que ahora están a punto de vencer, en medio de un inusitado aumento de la pobreza.

Según dejó trascender Petovello, antes de que estallara la denuncia por los alimentos retenidos de manera indebida en galpones dependientes del Ministerio de Capital, ya había empezado una investigación interna por sospechas en torno al sistema de contrataciones de personal en el área a su cargo.

El funcionario desplazado viene de un municipio bonaerense como San Miguel, es hermano de Joaquín De la Torre, uno de llamados los barones del Conurbano, por lo que se empezó a mirar con lupa quiénes estaban trabajando en su equipo y de qué manera se habían incorporado.

Por eso el Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre y realizó una presentación en la Oficina Anticorrupción. La causa judicial se sorteará el lunes en la Justicia.

“Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones a la ministra. Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos en ese proceso. Pido paciencia y cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no es solo De la Torre”, afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

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El despido de Pablo De la Torre terminó conociéndose en medio de la crisis que se generó en torno a las denuncias que hicieron organizaciones sociales por la retención de alimentos en depósitos del Gobierno. Funcionarios nacionales primero habían afirmado que no habían alimentos retenidos, después que estaban pero estaban reservados para ser distribuidos en caso de catástrofe o emergencia y, finalmente, cuando la Justicia exigió un relevamiento pormenorizado reconoció que había, que algunos estaban cerca de su fecha de vencimiento y que, entre ellos, había leche en polvo.

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