El gobierno estadounidense pidió suspender la orden de entrega de acciones de YPF al sostener que viola la inmunidad soberana. Los beneficiarios del fallo confirmaron que no desean quedarse con los títulos.

El gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor de la Argentina en el marco del litigio por la expropiación de YPF, y solicitó la suspensión de la orden judicial que obliga al país a transferir sus acciones en la petrolera estatal, valuadas en aproximadamente US$ 16.000 millones.

El argumento central del Departamento de Justicia norteamericano es que la decisión de la jueza Loretta Preska viola el principio de inmunidad soberana establecido en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976, norma clave del derecho internacional estadounidense que limita las acciones legales contra gobiernos extranjeros en territorio norteamericano.

Inmunidad soberana y política exterior: los fundamentos del apoyo

En un escrito de 12 páginas, el gobierno estadounidense remarcó que la inmunidad soberana históricamente protege los bienes de Estados extranjeros frente a ejecuciones judiciales, salvo excepciones muy limitadas. En ese sentido, sostuvo que: “La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”.

Además, argumentó que permitir una ejecución sobre acciones en el extranjero sin consentimiento violaría el derecho internacional consuetudinario y generaría un precedente perjudicial: “Una interpretación contraria resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”.

Desde el gobierno argentino destacaron que este respaldo refuerza la posición legal del país y agrega peso político en un juicio que enfrenta intereses estatales, privados y geoestratégicos.

Los beneficiarios del fallo aclararon que no quieren las acciones

En paralelo al pronunciamiento estadounidense, los beneficiarios del fallo adverso a la Argentina informaron que no pretenden quedarse con las acciones de YPF si finalmente se ordena su entrega. A través de una presentación judicial, indicaron que buscarán un mecanismo para restituirlas, ya que no tienen interés en gestionar la empresa.

Sin embargo, reiteraron su exigencia de que Argentina depositemos una garantía financiera como condición para apelar el fallo. Según explicó el analista Sebastián Maril, esta estrategia modifica el escenario procesal del caso: “Plantean que si la Argentina transfiere las acciones y luego gana la apelación, podría no recuperarlas. Pero si apela sin garantía, no tendrían cómo ejecutar el fallo si lo pierde”.

El planteo endurece la posición de los demandantes, quienes en 2023 obtuvieron el fallo de la jueza Preska por la expropiación sin oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de YPF.

Qué viene ahora: definiciones clave en la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si Argentina puede continuar con el proceso de apelación sin necesidad de garantía, lo que permitiría evitar por el momento una ejecución de sentencia.

En caso contrario, se abriría la puerta a embargos de activos argentinos en el exterior, aunque el rechazo de los beneficiarios a quedarse con las acciones limita las alternativas de ejecución inmediata.

Este nuevo respaldo del Departamento de Justicia reafirma el posicionamiento diplomático de Estados Unidos a favor del principio de inmunidad soberana, y se suma al escrito que ya había presentado en noviembre de 2024 ante la jueza Preska con argumentos similares.