Acción Cooperativa ordenó la intervención de la CELO de Oberá por malversación de fondos

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La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá fue intervenida por el ministerio de Acción Cooperativa en relación con las deudas que mantiene con Energía de Misiones SA por la compra de energía. La deuda supera los mil millones de pesos y además sigue acumulando intereses. La Provincia había propuesto un plan de pagos, pero la entidad presidida por Pedro Helgue Andersson incumplió cada una de las cuotas. La Justicia trabó un embargo por 200 millones, aunque la deuda total asciende a 1.080 millones de pesos.

Midori Kayriyama, fiscalizadora del Ministerio de Acción Cooperativa es la encargada de supervisar los libros de la organización que provee los servicios públicos en una de las tres ciudades más importantes de Misiones. En paralelo, Energía de Misiones nombró recaudadores en las diez cajas de la CELO, que desde diciembre del año pasado no pagó un centavo de la deuda por compra de energía.

Las autoridades de la CELO buscaron frenar la intervención y evitar la presencia de los recaudadores en las bocas de cobro, que tuvieron que ser acompañados por la fuerza pública.

El objeto de la intervención es realizar una pericia para fiscalizar las cajas recaudadoras de la CELO, con presencia policial y acompañados por el funcionario César Pereyra Piguers, escribano público.

La ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez firmó la Resolución 157/22 con la cual ordenó  la fiscalización administrativa y financieramente de las cajas recaudadoras Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO).

A tal efecto designó a la contadora Midori Kayriyama quien, a las 12:15 se presentó en la sede central de la entidad para dar cumplimiento al mandamiento ministerial que entre otras cosas requiere un informe pormenorizado sobre el estado de la situación financiera actualizada de ingresos semanal e histórica.

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La ministra de Acción Cooperativa fundamenta lo resuelto, entre otras cosas, a la grave a situación económica y financiera en que se encuentra esa entidad y que pone en riesgo la provisión de servicios públicos esenciales para la comunidad, asociados y usuarios.

“En ejercicio de las facultades y atribuciones que me otorga la Ley designé a la contadora para que inicie la fiscalización de la cajas recaudadora, tarea que se inició al mediodía”, confirmó Rodríguez y adelantó  que “estamos analizando ampliar medidas a los efectos de verificar y establecer la situación real en la cual se encuentra la cooperativa”.

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