Un nuevo femicidio estremece al país. El caso de Úrsula Bahillo conmueve, genera impotencia y hace temer un descreimiento en las instituciones que deben actuar para evitarlo.

La joven de provincia de Buenos Aires tenía 18 años, y era permanentemente acosada en todas sus formas por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, policía. Está detenido por femicidio con los agravantes de “alevosía y ensañamiento”. Como si hiciera falta indignación social ante los hechos, durante la protesta de familiares y amigos en la comisaría donde Úrsula fue a denunciarlo 18 veces – 18 veces fue a revictimizarse – la fuerza del Estado no tuvo mejor reacción que la represión. No entendieron nada, no les importó nada.

Hartazgo generalizado por una nueva muerte evitable, por tener que recordarles a quienes integran comisarías y espacios donde se recepcionan denuncias que no es sencillo para una mujer víctima de violencia tener que ir a contar ese padecimiento, exponerse, confiar y decepcionarse una y otra vez. Hace falta más empatía, preparación, capacitar a quienes están en la primera línea de asistencia. Deben entender que su trabajo es fundamental.

Dictar una orden de restricción tampoco resulta útil sin control, se diluye en un mero consejo de la justicia para alguien que está decidido a matar. Que no le importan las consecuencias de sus actos.

De acuerdo al informe elaborado por el Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano, en los 31 días de enero se registraron 30 femicidios de mujeres y niñas en la Argentina; 1 Transfemicidio y 2 femicidios vinculados de varones adultos y niños. El informe coincide con lo que dio a conocer Mumalá a mediados de enero. De los hasta entonces 26 femicidios directos y vinculados, Mumalá afirma que son 21 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin su mamá. Y aporta que hubo 36 intentos de femicidio en todo el país desde que comenzó el año.

Para esta fecha el país padece un femicidio cada 23 horas

Sandra Galeano es la flamante subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia. Admitió que es el Estado el que debe actuar rápido para salvarla de un posible femicidio y generar confianza en la víctima y que se anime a denunciar.

“Este no es un tema que deba ser tapado, hay que hablarlo y trabajar en la prevención en cada barrio, contener y fortalecer desde el Estado los mecanismos que ya existen para asistir. Todavía hay resistencia de algunos sectores a hablar de estos temas, pero hay que caminar y abrir espacios en la comunidad para detectar casos de violencia. Se necesita más capacitación”.

Datos del Observatorio de Violencia Familiar y de Género dan cuenta de 21.701 denuncias por violencia en 2019 en Misiones. El 80,4% fueron mujeres mayormente de entre 20 y 30 años, y en el 32,4% el agresor fue la pareja, mientras que en el 24,7% se trató de una ex pareja.

La muerte de una mujer por su condición nunca es la primera acción de un asesino. Antes hubo violencia psicológica, económica, violencia física, separación del entorno, amenazas, una, dos, muchas. En ese proceso debe estar su familia, sus amigos, para alertar a la víctima y el Estado para ayudarla.

Mucho camino se recorrió para visibilizar los casos y que formen parte de la agenda de los medios que aún deben aprender a tratarlos. Desde el primer grito de #NiUnaMenos hasta los femicidios de las últimas horas la única certeza que tiene la sociedad es que lo mucho o poco que se hizo, es insuficiente.

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