A América Latina le falta mucho camino para eliminar la violencia de género

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Por Mariela Jara de Inter Press Service – “La región de América Latina y El Caribe ha tenido muchos avances frente a la violencia de género, pero ahora enfrentamos reacciones que evidencian que nuestros derechos nunca están firmes y que debemos estar siempre alertas para defenderlos”, afirmó Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mesecvi.

El Comité de Expertas es la instancia técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Mesecvi), conocida como Convención de Belem do Pará, que en el 2024 cumplirá 30 años de vigencia en los países de la región. Lo integran expertas independientes que cada Estado parte designa.

Chiarotti resumió para IPS la situación regional con claroscuros desde su residencia en la ciudad argentina de Rosario, al conmemorarse este sábado 25 de noviembre el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer instituido por Naciones Unidas.

La violencia de género vulnera los derechos humanos de una de cada cuatro mujeres en  esta región con una población femenina estimada en 332 millones, 51 % del total, y escala al grado extremo del feminicidio, crimen que en el 2022 costó 4050 vidas, según cifras confirmadas este mismo viernes 24 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Asimismo, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, sostuvo a IPS desde Ciudad de Panamá que la fecha emblemática busca llamar la atención de los Estados sobre la necesidad y la urgencia de poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez a través de la adopción de políticas públicas de prevención y de la inversión en programas para eliminarla.

De hecho, recordó, el 25 de noviembre abre 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Alertó sobre el hecho de que menos de 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, lo que deja claro que no encuentran garantías en el sistema de prevención y respuesta institucional y por ende no denuncian.

“Esto implica graves consecuencias para sus vidas y las de otras mujeres, ya que los perpetradores no deben enfrentarse a la justicia y se reproduce la impunidad y la violencia”, puntualizó.

Noel Vaeza indicó que, a pesar de estas preocupantes tendencias, hay más pruebas que nunca de que la violencia contra las mujeres se puede prevenir, por lo que urgió a los Estados para invertir en ello.

“La evidencia demuestra que la presencia de un movimiento feminista fuerte y autónomo es un factor crítico para impulsar el cambio de políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres tanto a nivel global como regional, nacional y local”, sostuvo la responsable regional de ONU Mujeres.

Explicó que muchas investigaciones han demostrado que es posible lograr reducciones a gran escala de la violencia contra las mujeres a través de acciones coordinadas entre los ecosistemas de prevención y respuesta locales y nacionales y las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

Por lo que, para avanzar en los marcos normativos y en la mejora de la arquitectura institucional y las asignaciones presupuestales para prevenir, responder y reparar la violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad de abogacía de los movimientos y organizaciones feministas y de mujeres es indispensable.

Mencionó también que siempre que hay avances, hay retrocesos, y “desafortunadamente la historia nos muestra que los cambios sociales como el machismo y la violencia requieren de esfuerzos de toda la sociedad y de planes y políticas que den respuesta hoy a las víctimas, pero permitan mejorar el sistema a mediano y largo plazo también”.

Subrayó que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia se agravó como consecuencia de la pandemia de covid y está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.

También mencionó la proliferación de nuevas formas de violencia y la persistencia de quienes no quieren enfrentar la justicia por sus violaciones, “o creen que no tenemos que garantizar los derechos humanos de las mujeres, se organizan y en la región tenemos situaciones como los ataques contra las defensoras y activistas de los derechos humanos que son más frecuentes”.

Noel Vaeza, de nacionalidad uruguaya, subrayó que hay más pruebas que nunca de que es posible cambiar esta realidad y de que para tener sociedades pacíficas, la reducción de la desigualdad y la pobreza son centrales, y todo esto dependerá de avanzar en la igualdad de género y los derechos de quienes han sido históricamente discriminadas.

Ellas son principalmente, adujo, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, en situación de movilidad, y las mujeres y niñas con discapacidad.

Ante los avances fuertes reacciones

“Estoy hace 20 años en el Mesecvi y puedo ver los cambios. Recordemos que recién en el 89 empiezan las leyes de violencia contra la mujer y que no teníamos servicios de atención, refugios, juzgados especializados y menos una Convención específica que la abordara, la nuestra fue la primera en el mundo”, rememoró Chiarotti,.

La abogada y docente universitaria, destacó que en 40 años el movimiento de mujeres instaló en la agenda pública el tema de la violencia contra la mujer y pudo lograr avances tan gigantescos que “podríamos ser denominadas el lobby más exitoso de la historia al posicionar un asunto de manera tan masiva y mundial”.

Y agregó: nos pasó también que no creíamos entonces, en el 86, 87, 88, que el fenómeno había impregnado todas las estructuras, no solo el ámbito íntimo; había violencia simbólica, institucional, política y muchas otras formas, lo que nos llevó a exigir más respuestas, sobre todo del Estado, que al ser patriarcal, admitía a las mujeres con fórceps.

También excoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Chiarotti advierte que en estos momentos enfrentan reacciones a la medida de los avances logrados al punto que han surgido alianzas inimaginables para ponerles freno como la de El Vaticano con iglesias evangélicas conservadoras y con grupos de ultraderecha.

Mencionó también la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que en junio del 2022 anuló el derecho al aborto en ese país, vigente por casi 50 años.

“Ahí te das cuenta de que nuestros derechos nunca están firmes, que siempre debemos estar alertas para defenderlos. Y es difícil que un movimiento que es cíclico, que tiene olas, picos de alza, de baja y reconstitución, esté siempre alerta”, analizó.

Se refirió además al reciente triunfo del candidato Javier Milei en su país y los peligros que representa para los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de la memoria.

“No va a ser la primera vez que este pueblo, y que las mujeres especialmente, entremos en una etapa de resistencia, porque vivimos resistiendo los ataques misóginos y apuntando a la vida desde siglos, pero se nos avecina una etapa muy dura”, manifestó.

Añadió que América Latina tiene democracias frágiles, de pocos años y en crisis que impactan en los derechos de las mujeres. “Muchos de nuestros países salieron de dictaduras, el que más tiene 50 o 60 años de democracia, tendremos que trabajar para defender la institucionalidad democrática usándola para defender nuestros derechos”, dijo.

Prevención: tarea eludida por los Estados

La experta sostuvo que como el trabajo de prevención de la violencia de género es más costoso y de largo que el de la sanción y menos redituable políticamente, los esfuerzos de los países son débiles en esa área pese a su importancia.

“Limitar el trabajo en la sanción y atención es como ver una gran roca con la que la gente se tropieza y golpea, a la que se cura y enseña a bordearla, pero sin removerla del camino. Sin prevención siempre tendremos víctimas pues no se transformará la cultura discriminatoria que reproduce la violencia”, alertó.

Pero si aun así se suma lo que los países invierten para abordar y erradicar la violencia contra las mujeres en la región, ninguno llega a 1 % de su presupuesto nacional según el Tercer Informe Hemisférico del Mesecvi publicado en el 2017, que no habría tenido cambios en este punto.

En septiembre de este año, Naciones Unidos publicó un estudio dando cuenta de que se necesita una inversión de 360 000 millones de dólares para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres al 2030, establecido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Con ello se avanzaría a eliminar el flagelo de la violencia de género.

Mariela Jara periodista para IPS en Perú desde 2017
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¿Debería prohibirse a los líderes militares hablar en la ONU?

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Por Thalif Deen de IPS Noticias – La oleada de golpes militares en países africanos -entre ellos Burkina Faso, Sudán, Guinea, Malí y, ahora, Níger- ha suscitado una pregunta legítima: ¿Cuál debería ser la respuesta de las Naciones Unidas, un organismo mundial que tiene como gran apuesta la democracia multipartidista, ante las tomas del poder por parte del ejército?

La condena contra las interrupciones militares de los gobiernos democráticos sí suele haber.

Un día después del golpe militar en Níger del 26 de julio, el secretario general, António Guterres, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo condenaron enérgicamente,  e igual lo hicieron los 15 miembros del Consejo de Seguridad, en una rara unanimidad sobre un asunto aparentemente políticamente divisivo.

Pero, ¿y si estos líderes militares pretenden ejercer su derecho a intervenir en las fase inaugural de la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comienza el 20 de septiembre?

Como señaló el diario The New York Times el domingo 30 de julio, el cinturón golpista de África se extiende de costa a costa y se ha convertido en «el corredor de gobiernos militares más largo de la Tierra».

En una época pasada, la ONU proporcionó una plataforma a al menos cuatro de estos líderes, entre ellos el cubano Fidel Castro (1959-2006), el coronel libio Muammar  Gaddafi (1977-2011), el maliense Amadou Toure, quien asumió el poder tras un golpe de Estado en 1991, pero más tarde fue elegido democráticamente como presidente, y el ghanés Jerry Rawlings, quien tomó el poder en 1979, ejecutó a antiguos líderes políticos, pero más tarde fue presidente civil elegido democráticamente.

Pero, irónicamente, hubo al menos un caso en el que un primer ministro de Tailandia –un país en el que los golpes de Estado militares se sucedían con gran frecuencia-  fue expulsado del poder cuando se dirigía a la Asamblea General de la ONU, lo que le dejó sin hogar y le envió al exilio político en un país de Medio Oriente.

El golpe de Estado tailandés de 2006 tuvo lugar el 19 de septiembre de 2006, cuando el Ejército Real Tailandés aprovechó su ausencia para desalojar del poder al  gobierno provisional al primer ministro Thaksin Shinawatra, en el poder desde 2002.

Desde entonces si propagó un consejo no pedido a los líderes mundiales que visitan la ONU en Nueva York: Si dirigen un gobierno políticamente inestable, asegúrense de llevar a todos sus jefes militares (del ejército, la marina y las fuerzas aéreas) como miembros de su delegación, para así evitar un golpe de Estado en su país durante su ausencia.

El embajador Anwarul K. Chowdhury, quien fue representante permanente de Bangladesh ante la ONU (1996-2001) y secretario general adjunto de las Naciones Unidas (2002-2007), dijo a IPS que países que respetan la democracia participativa, deberían impulsar una resolución, para que los líderes de golpes militares contra gobiernos electos no puedan hablar en la ONU.

Citó entre los órganos del sistema de la ONU en que deberían quedar excluidos a la propia Asamblea General, así como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) y el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra.

“Creo que una resolución así se aprobaría por amplia mayoría. Solo necesitamos que unos pocos Estados miembros, que crean en la democracia, den ese primer paso valiente, decidido y con visión de futuro que tanto necesitamos. Espero que la Asamblea General adopte una decisión que haga historia», afirmó.

También tendría como efecto, adujo, que los líderes militares sabrían que la ONU no permitirá que sus países se unan a ninguna de sus operaciones de paz ni que ocupen ningún alto cargo en el sistema de la ONU.

Chowdhury, quien fue presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU (2000 y 2001) y presidente de la Comisión Presupuestaria y Administrativa de la ONU (1997-1998), afirmó que esos dirigentes deberían pagar un precio por sus acciones antidemocráticas.

Recordó que cuando ocupaba cargos en la ONU alertó en muchas ocasiones sobre la importancia de la “cultura de paz” dentro del órgano mundial. “Esta toma de conciencia se ha vuelto más pertinente en medio del militarismo, la militarización y el armamentismo cada vez mayores que están destruyendo nuestro planeta y nuestra gente”, planteó.

A su juicio, solo la democracia participativa puede reflejar eficaz y adecuadamente el verdadero espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que comienza con las palabras «Nosotros los pueblos».

Pero, ¿hay algo más eficaz y con mayor legitimidad para representar la opinión de los pueblos de los distintos Estados miembros en este parlamento mundial deliberativo?

Stephen Zunes, profesor de Política en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que las Naciones Unidas fueron fundadas originalmente por los aliados victoriosos en la guerra contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945).

Tener un gobierno democrático nunca fue un requisito previo para ser miembro de la ONU, pero el especialista recordó que el principio de que debe existir un orden internacional basado en normas sí implicaba que esos principios también debían aplicarse a los de los Estados miembros.

Del mismo modo, las disposiciones sobre derechos humanos adoptadas por las Naciones Unidas también implican la necesidad de un gobierno democrático.

Un primer paso importante para estar a la altura de sus fundamentos democráticos sería que las Naciones Unidas prohibieran a los líderes de regímenes militares hablar ante las Naciones Unidas, afirmó Zunes, especialista en temas de la ONU y de su Consejo de Seguridad.

“Desgraciadamente, los poderosos gobiernos autocráticos, como Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, probablemente se opondrían a esta norma», afirmó. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica a favor de la democracia, también podría tener objeciones, acotó.

Aseguró en ese sentido que “el gobierno de Joe Biden es el mayor defensor de los regímenes autocráticos, y proporciona armas a 57 % de las dictaduras del mundo”.

“De hecho, el general egipcio (Abdel al) Sisi es el segundo mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos, y los contribuyentes estadounidenses gastan más de mil millones de dólares anuales para apuntalar su régimen militar, que tomó el poder en un sangriento golpe militar en 2013″, destacó Zunes.

Cuando en 2004 la Organización para la Unidad Africana -ahora la Unión Africana- prohibió a los golpistas participar en las cumbres africanas, el entonces secretario general, Kofi Annan (1997-2006), fue un paso más allá y dijo que esperaba que algún día la Asamblea General de la ONU siguiera sus pasos y prohibiera a los líderes de gobiernos militares hablar ante la Asamblea General.

La propuesta de Annan representó un hito histórico, pero nunca llegó a cristalizarse en una institución en la que son los Estados miembros, y no el secretario general, quienes gobiernan la Organización.  Y cualquier medida de este tipo podría volverse en contra de los Estados miembros si, algún día, se encuentran representando a un país dirigido por un líder militar.

El franco Annan, nacional de Ghana, también afirmó que «algunos dirigentes africanos siguen escamoteando miles de millones de dólares de fondos públicos, incluso mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas sanitarios fallan, los escolares no tienen ni libros, ni pupitres, ni profesores, y los teléfonos no funcionan».

Huelga decir que la ONU no hace distinciones entre «dictadores benévolos» y «dictadores implacables», pero como institución internacional que predica la democracia multipartidista y las elecciones libres, sigue consintiendo que los líderes militares o producto de un golpe hablen en público, mientras los agasaja durante las sesiones anuales de la Asamblea General.

«Sí, por supuesto», respondió Chowdhury sobre si las Naciones Unidas deberían establecer una norma que impida que esos golpistas hablen en la ONU, y añadió que ya debió hacerse cuando Annan lo sugirió a comienzos del milenio..

El Grupo Africano, el mayor grupo regional de Estados miembros en la ONU, lo habría defendido no solo porque la OUA ya había prohibido la presencia de golpistas en sus cumbres,  sino también porque la propuesta procedía de un secretario general que era hijo de África.

“Perdimos esa oportunidad cuando un líder visionario de la ONU tuvo el valor de sugerir que la Asamblea General de la ONU siguiera el ejemplo de África. Han pasado dos décadas. No creo que ningún otro Secretario General tenga el valor de sugerirlo públicamente», consideró Chowdhury.

Thalif Deen corresponsal de Inter Press Service (IPS)
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Víctimas de violencia en Misiones: en el 25 por ciento de los casos hay un altísimo riesgo de letalidad

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El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) publicó el tablero interactivo que recoge los datos de todas las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD). De esta manera, toda la ciudadanía podrá acceder de forma pública a los mismos a través de tableropad.mingeneros.gob.ar.

El PAD es una política pública que fortalece el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país. El trabajo se realiza de manera coordinada en los distintos niveles del Estado, con organizaciones sociales y comunitarias.

Este programa puso en funcionamiento equipos interdisciplinarios especializados para la atención y abordaje de situaciones de violencia de género. A dos años de su lanzamiento, cuenta con 51 equipos en todo el país y más de 24 mil situaciones acompañadas.

El tablero cuenta con la información de la cantidad de personas asistidas, las características principales de las personas en situación de violencia, las situaciones que atravesaron y las características de las personas agresoras, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.

Misiones tiene 2209 personas asistidas por el programa Asistir Derechos. El 98,6 por ciento sufrió violencia doméstica. El 93,2 sufrió violencia física y el 93,1, violencia psicológica. 

El 47,4 por ciento sufrió violencia patrimonial o económica y el 20,4 por ciento, violencia sexual. 

En el 81,4 por ciento de los casos, el agresor era una ex pareja y en el 8,1 por ciento, la pareja actual. En el 95 por ciento de los casos, el agresor era un varón y en el 3 por ciento, una mujer.  

El dramático indicador de letalidad, muestra que el 25,7 por ciento de los casos muestra un riesgo altísimo, y en el 37 por ciento de los casos, los agresores tienen antecedentes de violar medidas de restricción. Y en el 9,2 por ciento de los casos, los agresores tienen acceso a armas de fuego.

Solo el 8,3 por ciento recibieron medidas de protección en las que predomina la prohibición de acercamiento con 65 por ciento, exclusión del hogar y botón antipánico. 

El grupo etario más afectado va de 18 a 29 años con 48 por ciento, seguido por las víctimas de entre 30 y 44 años, con 37 por ciento. 

Entre las víctimas, 4,8 por ciento declaró ser lesbiana, 1,4 por ciento, gay y 0,5 por ciento, bisexual. 

El 31,1 por ciento tiene niños menores de seis años a cargo y el 29 por ciento, niños de entre seis y catorce años. El 45 por ciento de las víctimas asistidas por el programa, vive en viviendas precarias.

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Promulgan la Ley Lucio, que busca prevenir la violencia contra las infancias y adolescencias

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El Gobierno Nacional promulgó hoy la ley que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta.

Así quedó establecido mediante el Decreto 253/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La Ley N° 27.709, sancionada el 13 de abril pasado, creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley.

El mismo está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una “obligación inmediata y directa” en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse.

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”.

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.

La Senaf, en tanto autoridad de aplicación, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible con “indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas”.

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

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Fabián Tablado, un femicida que nunca tendrá un destino

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Le tocó debatir a Misiones. Después del repudio generalizado que provocó la sola presencia de Fabián Tablado en la Costa argentina, en Córdoba y en la vecina ciudad de Virasoro, el femicida de las 113 puñaladas busca una nueva oportunidad en Posadas.

Tablado fue condenado a fines de 1998 a 24 años de cárcel por homicidio simple. En 2013 sumó otros dos años y medio de prisión por amenazas a su exmujer, a la que había conocido ya estando preso y con quien tuvo mellizas.

Cumplió su condena – en ese momento no existía el concepto jurídico de femicidio, de lo contrario hubiese recibido perpetua – pero el recuerdo no prescribe, el miedo de la sociedad no prescribe, la sensación de indefensión de las mujeres misioneras no prescribe, ni el repudio.  No hay olvido ni perdón.

No estamos hablando del Fabián Tablado que pasó más de 20 años preso y ya saldó su deuda por el aberrante asesinato de Carolina Aló.

En 1996 y en el lapso de una hora ejecutó lo que tenía planeado: persiguió a la joven por distintos ambientes de la casa; la golpeó salvajemente  y luego la apuñaló hasta quebrar las hojas de tres cuchillos diferentes. Cuando uno se rompía, él buscaba otro, cuentan las crónicas de entonces.

Sin mostrar arrepentimiento, ni enfermedad mental, buscó ayuda para escapar. Lo atraparon, pero salió y en el poco tiempo en libertad volvió a ser condenado por amenazas de muerte contra su ex esposa con la que, como se mencionó,  se casó estando preso y tuvo dos hijas. Violó una prohibición de restricción contra Edgardo, el papá de Carolina Aló –desobediencia– y fue denunciado en agosto de este año nuevamente por violencia de género en Córdoba por los vecinos de su ex novia.

Estamos hablando de éste Fabián Tablado. Del que los antecedentes recientes muestran que no se recuperó.

Fabián Tablado fijó domicilio legal en el microcentro de Posadas este martes

“Después de Carolina hubo cuatro denuncias más por violencia de género. Intentó matar a una novia que tenía en la cárcel con una bombilla de mate. Dice en una carta que yo tengo, que cuando mata lo hace sentir omnipotente. Estanos hablando de un psicópata, eso no se cura no acepta un no por delante y toma a la mujer como objeto”, describió en Red Ciudadana Edgardo Aló.

El miedo de la sociedad es lógico, es justificado. Es entendible que ninguna mujer quiera compartir espacio público o privado con él. Es una amenaza y lo será siempre. Tenemos como sociedad la oportunidad de involucrarnos activamente y por primera vez quizás evitar un daño irreparable como el que sufrió, sufre y sufrirá la familia de Carolina, la única víctima en toda esta historia.

Fabián Tablado está buscando una nueva oportunidad en Posadas y debemos preguntarnos, ¿una nueva oportunidad para qué?

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