La declaración del asesor en comunicación de Milei suma un nuevo frente judicial y político: el testimonio refuerza la investigación sobre retornos en la compra de medicamentos que compromete a la Secretaría General de la Presidencia

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un capítulo clave: el asesor en comunicación Fernando Cerimedo, exintegrante del equipo de campaña de Javier Milei, declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y confirmó que el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, le había relatado en varias oportunidades la existencia de un circuito de sobornos en la compra de medicamentos. Según los dichos, los pagos ilegales tendrían como destino final la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, y su operador de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

En su declaración, Cerimedo sostuvo que Spagnuolo le confió “en cuotas” durante 2024 cómo funcionaba el esquema de retornos en la Andis. “Confirmó el esquema de corrupción. Confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego menciona en los audios”, aseguró una fuente del expediente a LA NACION.

La relevancia procesal radica en que las manifestaciones de Cerimedo introducen la sospecha por una vía independiente de los audios filtrados, que hasta ahora eran el único indicio de la operatoria. Esos registros de voz, difundidos por el streaming Carnaval, fueron cuestionados por su origen clandestino y posible edición. Aunque el fiscal Picardi no los considera prueba plena, sí los utiliza como punto de partida para avanzar en la investigación.

El asesor libertario aclaró que no fue él quien grabó a Spagnuolo y recordó que su esposa trabajaba en la Andis, lo que le permitió conocer de cerca la dinámica interna del organismo. También subrayó que fue el propio Milei quien lo presentó con Spagnuolo durante la campaña presidencial de 2023, lo que dio inicio a un vínculo de amistad.

Dos causas paralelas y un frente político abierto

La denuncia inicial fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, habitual defensor de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de los audios que mencionaban a la droguería Suizo Argentina como parte de la trama. La defensa de los hermanos Kovalivker, dueños de esa empresa, pidió la nulidad del expediente por considerar que se trata de una “caza de brujas” basada en grabaciones ilícitas y adulteradas.

En paralelo, el Gobierno abrió otra causa para investigar una operación de inteligencia ilegal, que quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli. Allí declararon como testigos los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron los audios en sus programas. Se estima que existen alrededor de 50 grabaciones adicionales, algunas de las cuales incluirían a Karina Milei.

Mientras tanto, la investigación central de Picardi se mantiene bajo secreto de sumario. El nuevo testimonio de Cerimedo otorga un sustento extra a la hipótesis de sobornos en la compra de medicamentos, un área sensible del Estado que maneja contratos millonarios vinculados a sectores vulnerables.

El avance de la causa coloca al Gobierno en una posición incómoda. La mención directa a Karina Milei, considerada la figura más influyente en la toma de decisiones junto al Presidente, agrega un condimento político de alto voltaje.

El oficialismo enfrenta el riesgo de que la investigación erosione su discurso de lucha contra la corrupción, mientras que la oposición buscará capitalizar el escándalo en el Congreso y en la opinión pública. A la espera de definiciones judiciales sobre la validez de los audios y la eventual imputación de funcionarios, el caso amenaza con convertirse en uno de los principales focos de tensión institucional de la segunda parte del año.