A simple vista y a cientos de kilómetros de distancia, parecen hechos sin conexión aparente, pero están intrínsecamente vinculados y representan nítidas formas de ver al país y la producción. Mientras Manuel Adorni ensayaba una defensa de su opulento estilo de vida desde que se convirtió en funcionario, reveló un paquete de reformas que el presidente Javier Milei estaba listo para enviar al Congreso, incluyendo la eliminación de la Ley de Tierras para permitir la compra extranjera. “Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Esa inversión es obra, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales”, sostuvo desde Casa Rosada.

La normativa actual, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Además, impone restricciones específicas sobre terrenos que incluyan o estén vinculados a grandes cuerpos de agua. Una flexibilización impactaría directamente en Misiones, una de las provincias con mayor proporción de tierras en manos de extranjeros. El nuevo enfoque propone concentrar controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, desplazando el esquema general de restricciones vigente hasta ahora.

Otro punto central es la modificación de la ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los artículos que impedían vender tierras afectadas por incendios durante 60 años en áreas protegidas y cambiar el uso de suelos agrícolas afectados por el fuego por 30 años. El Gobierno argumenta que esos plazos resultan “irrazonables” y que, en la práctica, no lograron los objetivos de restauración ambiental.

La política del Gobierno nacional sigue siendo la de abrir todo lo posible la economía. Sin embargo, los resultados son pobrísimos hasta ahora. Únicamente en Vaca Muerta y las actividades financieras no hay luces de alarma. El resto de la economía, sigue en declive imparable.

No deja de resultar paradójico que el Presidente pretenda embanderarse con el fallo a favor de la Argentina por la expropiación de YPF que hizo el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires. La justicia de Estados Unidos avaló la nacionalización de la petrolera que estaba en manos de Repsol y Argentina evitó pagar entre 16 y 18 mil millones de dólares. Gracias a la recuperación de YPF pudo explotar Vaca Muerta, hoy convertido en el activo económico más valioso del país. Pero toda la oposición se opuso a la recuperación de la empresa y el propio Milei quiere volver a privatizar la petrolera como vender Vaca Muerta.

Al mismo tiempo que el imputado Manuel Adorni defendía sus gastos exorbitantes ante los “apenas periodistas”, en Misiones un grupo de dirigentes y empresarios reclamaba a viva voz “que nos dejen producir”. En realidad se trató de un cúmulo de posiciones diversas, incluso antagónicas, productivas, fiscales y políticas. Con un denominador común: “Que nos dejen usar glifosato y hacer quemas para el rozado”, sintetizó Núñez, como vocero del grupo. Una demanda gravosa que no puede ser sinónimo de “producir”. No hace falta describir los efectos del glifosato, cuestionados en todo el mundo y que Misiones pretende erradicar. Pero el rozado es una práctica casi descartada por el daño ambiental y los riesgos de incendio que trae aparejados. 

La chacra atraviesa hoy problemas mucho más profundos que conseguir una autorización para un rozado, como la caída de la exportación en el té, el derrumbe en el mercado maderero -“una tormenta perfecta”, según la Apicofom- o los precios de miseria para la hoja verde de yerba mate. Temas que no fueron analizados en la cumbre “productiva”, pese a que había varios dirigentes de las principales cámaras empresarias.

Tampoco se habló de los mayores costos, que corroen la rentabilidad, como la energía -el costo mayorista de la energía eléctrica en Argentina registró un salto histórico durante 2024, con un incremento promedio del 525%, al que hay que sumar otro 20 por ciento en 2025- o los “microaumentos” de combustible, que acumulan ocho subas consecutivas en marzo, con la excusa de la guerra en Irán, pero que esconden incrementos que no tienen nada que ver con el ataque de Estados Unidos a Irán, sino con la decisión de liberar los precios: desde diciembre de 2023 la suba del gasoil, insumo esencial de la chacra, es de 280 por ciento. Trump no tiene nada que ver. Tampoco los impuestos locales. Por cada litro de gasoil, el 41,5 por ciento del precio corresponde a impuestos nacionales –que nunca bajaron a pesar de las promesas de Milei-, lo que equivale a 1043,55 pesos. El 3 por ciento se lo llevan impuestos provinciales y un 2,1 por ciento las tasas municipales.

El aumento del combustible incide directamente en los costos de la producción, pero no fue tema de análisis profundo. Tampoco se quejaron de que la Nación siga recaudando un impuesto a los combustibles pese a que decidió no hacer ninguna obra pública, destino específico del gravamen. Los transportistas están al borde de un paro. Los ruralistas hacen silencio. 

Otro tópico fue la propuesta de expandir la frontera agraria y volver a la carga con un proyecto diseñado durante el gobierno de Mauricio Macri por la corporación Maizar: plantar 400 mil hectáreas de maíz en Misiones “para exportar a Brasil”. Como durante la era Cambiemos, tampoco ahora hay ningún estudio de impacto ambiental que avale la iniciativa. Pero el combo glifosato+rozado no parece ser muy amigable con el medioambiente y con el cuidado de la biodiversidad que forma parte de la identidad de Misiones. Se trata de cambiar la matriz productiva de la provincia, aunque no hay ninguna garantía de que eso cambie la realidad de los productores. Para exportar en volumen hay que tener grandes extensiones de tierra, como ocurre con los pooles de soja o trigo de la Pampa húmeda. Pero Misiones es minifundista. Por eso la habilitación de la venta de tierras a extranjeros y la modificación de la ley de Manejo del Fuego, van de la mano para cambiar esa matriz. Todo tiene que ver con todo.

El encuentro en el hotel Julio César tuvo un detalle curioso. La mayoría de los asistentes desdeña la presencia “regulatoria” del Estado “que nos está asfixiando”. Pero la organización invitó a la secretaria de Agricultura de Santo Antônio do Sudoeste (del estado de Paraná), Julia Morais Paim, quien describió cómo el Estado interviene directamente en la planificación y productividad de la chacra, mediante incentivos económicos y técnicos. Algo así como el INTA que fue prácticamente desmantelado por este Gobierno. La evidente contradicción dejó incómodos a algunos. 

Con 452 mil toneladas, Paraná es líder en producción de yerba mate en Brasil, país al que destronó Argentina como principal exportador, pero el modelo tiene poco más de parecido. Paraná tiene mucho de soja y maíz en base a la deforestación. No es precisamente un estado “verde”, aunque comparta el Parque Nacional Iguazú. 

El encuentro en el Julio César fue organizado por los empresarios Alfredo Gruber, Gabriel Montiel y el diputado Miguel Núñez. Entre el público estaban referentes empresarios del sector forestal, yerbatero y ganadero. Productores de diferentes sectores de la provincia y legisladores como Cristian Castro del PAyS, Martín Arjol, del partido Libertario, Santiago Koch de la UCR, Elvani Goring del PAyS, Ramón Amarilla del partido Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Rosa Kurtz de la UCR. Además, estaban referentes del radicalismo Gustavo González, Ariel Pianesi, Walter Molina y el ex PRO, Jerónimo Lagier, promotor del plan Maizar en Misiones.

Como anfitrión se mostró el diputado Miguel Núñez, quien se ofrece como armador de un espacio que aspira a consolidar para 2027. Incluso sugirió nombres de empresarios para encabezar una eventual fórmula a la gobernación, aunque éstos negaron esa búsqueda. No los une el amor. el diputado Ramón Amarilla, encaramado a los votos conseguidos en 2025 y convencido de que puede sostener ese liderazgo en base a la repetición de latiguillos, también aspira a encabezar una fórmula opositora en 2027. 

Unas pocas horas después de la cumbre que anticipa posicionamientos opositores, un grupo de industriales yerbateros de Andresito, la principal zona productora de yerba mate de Misiones, mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el Jefe de Gabinete, Carlos Sartori y el ministro del Agro, Facundo Sartori. “Si no se logra que el Gobierno de una mano con la financiación a través de los cheques diferidos, nosotros no vamos a poder pagar ni 300 pesos. Podremos 230 o 240 pesos”, explicó uno de los asistentes. La medida quedó en análisis y podría ser anunciada en breve. Para la Provincia es prioridad mantener el flujo económico en la yerba mate, una de las principales economías de Misiones afectada por la desregulación. 

El pedido de auxilio no es la única señal de que la desregulación rompió todo el mercado. La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, que tiene entre sus filas a varios productores identificados con las ideas libertarias, confirmó su respaldo a que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera precios de referencia. El sirio Omar Kassab golpeó la mesa con una oferta de 350 pesos y una compra de 10 millones de kilos de hoja verde. La Cooperativa Las Tunas paga 380 a sus socios, pero está analizando bajar el valor porque la rentabilidad es escasa ante la competencia de marcas baratas, que surgieron con el desplome del precio de la materia prima. Esa misma competencia afecta a las grandes industrias, cuya rentabilidad también está afectada, aunque algunas compensan con el récord exportador. 

Los 350 pesos ofrecidos por el sirio “rompen el mercado”, aunque en la práctica no implica una compra demasiado relevante. Pero es un valor que se acerca a los precios de 2024. Pero ni siquiera cubren el costo de producción, estimado, para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. Ese valor está lejísimo de lo que puede ofrecer la industria con los costos actuales. Para el productor, el escenario ya es peor que en los 90, la última década desregulada. 

El Gobierno tomó nota de los pedidos de los industriales de Andresito y las medidas que se tomen alcanzarán a toda la cadena. En paralelo se seguirá insistiendo con el precio de referencia del INYM y con la promoción de marcas pequeñas, para que ganen porción del mercado. 

Pero aunque haya decisión política de acompañar las demandas productivas, lo cierto es que los recursos son escasos y las caídas son diarias. Entre enero y febrero, la provincia dejó de percibir alrededor de $ 30.000 millones de pesos por la caída en la coparticipación federal. Marzo, según las estimaciones preliminares, podría mostrar una contracción cercana al 10%, lo que implicaría otros $ 30.000 millones. De confirmarse este escenario, Misiones cerraría el primer trimestre con una pérdida de aproximadamente $ 60.000 millones. 

Por eso, la prioridad del gobernador Hugo Passalacqua es que se sostenga lo máximo posible la actividad económica en medio de la tormenta. Los datos son dramáticos, en cuanto a cierre de empresas y pérdida de empleo en los últimos dos años. Por eso la urgencia de fortalecer lo que se pueda con las herramientas a mano, como los Ahora, extendidos asta el 30 de junio de 2026.

En esa línea se enmarca la orden que Passalacqua le dio a la Agencia Tributaria de Misiones de eliminar regímenes de información y retención de Ingresos Brutos “que habían quedado obsoletos y que hoy solo generaban más burocracia”. La decisión, según el mandatario, se tomó “ en pos de un sistema tributario más ágil, moderno y al servicio de quienes producen y trabajan todos los días”.

La medida va en línea con otras medidas tomadas para aliviar la carga a las empresas de Misiones que están agobiadas por el derrumbe económico nacional, con menos ventas y actividad. Los trámites y retenciones de la ATM no sólo eran una carga burocrática, sino que quitaban efectivo del flujo de caja de las empresas. 

Según detalló el Gobernador, se eliminará la doble imposición en compras con tarjeta, dejando sin efecto la RG 91/90 y unificando el sistema con SIRTAC. Esta decisión impacta en operaciones de comerciantes de pago con tarjetas de crédito, que generaban una doble imposición con el SIRTAC

También se reducirá la carga administrativa, eliminando registros que ya no aportaban valor, como los de transporte, parque móvil y gas licuado (RG 23/00, 19/10 y 20/10). Finalmente, se dará alivio al sector farmacéutico, dejando sin efecto un régimen especial de percepción que generaba complejidad innecesaria (RG 29/00).Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que se trata del primer paso de una serie de medidas que apuntan al alivio burocrático y fiscal, en el marco de una reestructuración del sistema tributario que ya está en marcha. Se busca eliminar la dispersión en el sistema. “Esto es sólo el inicio. Se van a tomar un montón de medidas más en pos de ser no sólo más amistoso con el contribuyente, sino de alivio real”, explicaron en la ATM.