Si bien, efectivamente se producirá el ida y vuelta de datos, los tiempos que establece el convenio publicado atenta contra la pretensión del Gobierno de conseguir una amplia adhesión a la Ley de Exteriorización de capitales que impulsará en el Congreso Nacional.

El intercambio de información tributaria con Estados Unidos alcanzará sólo a personas físicas y no a sociedades y los datos llegarían al país en 2024, en caso que Argentina logre validar los protocolos de seguridad informática antes de fin de año.

Esas resultan ser las dos conclusiones más significativas del texto del acuerdo FATCA que publicó en las últimas horas el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Si bien, efectivamente se producirá el ida y vuelta de datos, los tiempos que establece el convenio publicado atenta contra la pretensión del Gobierno de conseguir una amplia adhesión a la Ley de Exteriorización de capitales que impulsará en el Congreso Nacional con el fin de obtener recursos para fortalecer la cuentas fiscales.

“El primer intercambio de información no se producirá antes de septiembre de 2024, respecto de datos del año calendario 2023, incluso puede extenderse un año más, dependiendo del cumplimiento de los protocolos de seguridad informática y confidencialidad”, aclaró el tributarista César Litvin en su cuenta de twiter.

El tema de la seguridad informática es de especial relieve en el acuerdo y aún no hay información oficial por parte de Argentina sobre cómo es su posición al respecto.

Sobre los alcances de la información a entregar, el texto oficial del Departamento del Tesoro precisa que serán sólo personas físicas y no estarán incluidas sociedades. La duda es si el suministro de datos será retroactivo amparándose en el acuerdo vigente desde 2016.

Por su parte, el tributarista Sebastián Domínguez precisó que “el artículo 3 punto 3 establece que la información se obtendrá e intercambiará con respecto al año calendario de entrada en vigor de este Acuerdo y todos los años subsiguientes”.

Luego agregó que en el “artículo 10 punto 1 indica que entrará en vigor el 1° de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los Estados Unidos confirmando la finalización de los procedimientos internos necesarios de Argentina”.

Domínguez concluyó que “esto implica que la información a intercambiar no podrá ser de 2022 sino, si se cumpliera con lo requerido corresponderá al año 2023. Y esa información, se recibiría recién en septiembre de 2024″.

El experto remarcó que, de esta forma, “Argentina no recibiría información automática durante el Gobierno actual sino que la recibiría el próximo” y en consecuencia “esto debilita la postura de tratar de aprobar una ley de blanqueo y lograr una amplia adhesión”.

De todas maneras, el tratamiento de la Ley que impulsa el Poder Ejecutivo choca con la parálisis política que existe en el Congreso dado los últimos cruces con la oposición.

Por otra parte, para que el blanqueo entre en vigencia el 1° de enero de 2023 debiera tratarse en los próximos 10 días hábiles disponibles hasta fin de año, lo cual torna casi imposible su sanción.

“Si el país hace los deberes, el acuerdo de intercambio con EEUU le entregará información financiera de 2023, a más tardar, el 30 de septiembre de 2024. La caja que busca Massa no viene de allí sino de lo que pueda pescar, blanqueo mediante, como fruto del susto”, señaló el economista José Siaba Serrate.

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