Investigación a Kueider: Propiedades ocultas, empresas falsas y un socio inhallable
La Justicia confirma domicilios falsos en las empresas de Kueider y la misteriosa desaparición de su socio
La Justicia avanza en la investigación contra el exsenador Edgardo Kueider y su socio Rodolfo González, en un entramado que mezcla empresas fantasma, propiedades encubiertas y presuntos manejos irregulares. La Policía Federal (PFA) confirmó que todos los domicilios vinculados a las empresas Betail SA y Edekom SA son falsos. Además, no se ha logrado localizar a González, empleado de la Biblioteca del Congreso y propietario del vehículo que Kueider utilizó para cruzar a Paraguay.
Según el informe elaborado por la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA, los domicilios de las empresas conducen a lugares que van desde una casa en venta hasta oficinas que nunca estuvieron relacionadas con las actividades comerciales declaradas. En varios casos, los vecinos aseguraron desconocer cualquier vínculo con el exsenador o su socio.
Domicilios fantasmas y empresas cuestionadas
La investigación abarca ocho direcciones relacionadas con las firmas Betail SA y Edekom SA, además de otras vinculadas a González. En el caso de Betail SA, creada en 2018 con domicilio en Ercilla 6288, barrio de Liniers, la PFA encontró una casa que lleva años en venta. Los vecinos confirmaron que el inmueble pertenecía a un matrimonio de jubilados y nunca albergó actividades empresariales.
En tanto, Edekom SA, registrada en Cerrito 1320, piso 7 “C”, resultó ser un estudio contable sin relación con Kueider. El encargado del edificio reveló que la oficina estaba alquilada por otras firmas, ajenas al exsenador. Otro domicilio declarado por la empresa, en Belgrano 1217, alberga a un empleado de una firma de salud, quien se mostró reticente a colaborar.
Propiedades ocultas y nuevos indicios
Entre los hallazgos más relevantes, se investigan tres departamentos con cocheras en Paraná, adquiridos a través de Betail SA y registrados en el edificio Live de Santiago del Estero 511. Las unidades, cuyos pagos de expensas figuran ahora a nombre de una secretaria identificada como Guinsel Costa, están bajo la lupa por posibles maniobras de ocultamiento mediante fideicomisos.
El jueves pasado, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado allanó las oficinas de la constructora vinculada al fideicomiso, mientras que el fiscal de Concordia, José Arias, impulsó otro procedimiento en simultáneo en una oficina ubicada cerca del Congreso, en Combate de los Pozos 162. Allí, se secuestró el teléfono de Adriana Crucitta, abogada y socia de González, quien también declaró domicilios sospechosos.
El socio invisible: González sigue sin aparecer
Rodolfo González, conocido como “Gonzalito”, permanece desaparecido. La PFA inspeccionó cinco domicilios relacionados con él en Buenos Aires y Entre Ríos, pero no logró encontrarlo. En uno de los lugares, los efectivos se toparon con el hijo de González, quien aportó un número telefónico que resultó ser falso. Otros sitios, como un departamento en Morón y una estancia en Concordia, solo aportaron pistas inconclusas.
El vehículo que utilizó Kueider, una Chevrolet Trailblazer valuada en 40 mil dólares, es otro punto clave en la investigación. González lo adquirió en 2021 y, según testimonios, lo cedió al exsenador y su secretaria. Curiosamente, pocos meses después, González ganó un premio de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, en un detalle que levanta nuevas sospechas.
El entramado judicial
Las empresas de Kueider están bajo dos investigaciones paralelas: una por enriquecimiento ilícito, liderada por el fiscal Arias, y otra impulsada por la jueza Arroyo Salgado, lo que podría derivar en un conflicto de competencia que llegue a la Corte Suprema. La complejidad del caso y las ramificaciones entre provincias mantienen abierta una de las investigaciones más resonantes sobre corrupción en Entre Ríos.
“Estamos investigando múltiples domicilios y líneas telefónicas, pero hasta ahora González sigue sin aparecer”, señaló una fuente judicial. Mientras tanto, los allanamientos y las pistas apuntan a un entramado diseñado para ocultar patrimonio y actividades comerciales.