Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hace foco en el Presupuesto 2025. con el eje en los jubilados frente al ajuste y el congelamiento del bono compensatorio. Además, plantea que sin moratoria previsional hay un “futuro incierto de miles de argentinos en edad de jubilarse”.

Movilidad jubilatoria: ¿ajuste fiscal o pérdida de derechos?

La política previsional implementada desde diciembre de 2023, bajo la gestión de Javier Milei, ha sido objeto de debate y críticas. Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que las medidas adoptadas han tenido un impacto regresivo, destacándose la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, la consolidación de este retroceso mediante el DNU 274/2024 y la licuación de los bonos compensatorios para jubilaciones mínimas.

Ajuste fiscal a costa de los jubilados

Durante el período enero-septiembre de 2024, el 25,3% del ajuste del gasto público provino de la reducción del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. La modificación de la fórmula previsional, que ahora ajusta los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reemplazó la ley vigente desde 2021 y, aunque permitió una leve recuperación inicial, ha demostrado ser menos beneficiosa a largo plazo.

De haberse mantenido la fórmula anterior, en diciembre de 2024 la jubilación mínima sería de $314.303, un 21,1% más que los $259.599 que recibirán los jubilados bajo el esquema actual. Además, el bono de $70.000, congelado desde marzo, ha perdido valor frente a la inflación, incrementando la brecha entre el aumento de los haberes (93,1%) y la mínima con bono incluido (61,2%).

¿Qué pasará en 2025?

El Presupuesto 2025 propone ratificar la fórmula basada en el IPC y mantener el bono compensatorio en $70.000 durante todo el año, lo que implicará una pérdida adicional de $102.793 para los jubilados, siempre y cuando no haya ajustes que comprometan aún más este monto.

Además, el gobierno prevé eliminar la aplicación de la fórmula de movilidad para las asignaciones familiares y no renovar la moratoria previsional, que vence en marzo de 2025. Esto significa que la mayoría de las personas en edad de jubilarse deberán conformarse con la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que representa solo el 80% de la jubilación mínima y no es pensionable.

Impacto y alternativas

La Ley 27.756, vetada por el Ejecutivo, ofrecía una recomposición del 7,2% para todos los haberes, un mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total y una cláusula de ajuste anual por recuperación salarial. Su implementación habría garantizado una mayor protección para los jubilados, quienes actualmente enfrentan un escenario de estancamiento.

El congelamiento de medidas compensatorias y la ausencia de estrategias que promuevan una recuperación real del poder adquisitivo posicionan al sistema previsional en una encrucijada: ajuste fiscal o defensa de los derechos adquiridos.

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