Fallo por YPF: crecen las presiones para una negociación y alertan por posibles efectos en otros litigios internacionales. Tras la decisión de la jueza Loretta Preska que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago en el juicio por la expropiación de 2012, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo. Sin embargo, crecen las voces que advierten sobre la necesidad urgente de abrir una instancia de negociación con los fondos demandantes, para evitar un escenario financiero aún más complejo y evitar un efecto cascada en otros juicios internacionales.

Preska ordenó entregar acciones, y el Gobierno prepara la apelación

La jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este lunes a favor de Burford Capital y Eton Park, los fondos que ganaron la demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF. En su resolución, ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal, como forma de ejecución parcial de la sentencia de más de 16.000 millones de dólares.

La Casa Rosada ya confirmó que apelará el fallo, con el objetivo de suspender su aplicación inmediata. “No estamos frente a un embargo clásico, porque los activos no están en jurisdicción estadounidense. Sin embargo, Preska ordena su transferencia, lo que plantea un conflicto jurídico inédito”, explicó el analista Sebastián Maril (Latam Advisors).

La decisión generó reacciones negativas en los mercados, aunque sin llegar al pánico. Las acciones de YPF cayeron en Wall Street y se reavivaron las dudas sobre la capacidad del país para volver a financiarse en el exterior. “Si Argentina no cumple la orden, puede ser declarada en desacato judicial, lo que agravaría su ya frágil situación de acceso a los mercados”, advirtió el economista Guillermo Mondino desde Nueva York.

Desde la consultora Adcap remarcaron que “seguir apostando exclusivamente a la vía judicial solo agrava la incertidumbre” y que “una negociación es la única salida viable para evitar una venta forzada que desvalorice el capital de YPF”.

¿Camino a una negociación?

Distintas fuentes ligadas al caso, tanto desde Wall Street como del entorno jurídico local, aseguran que el fallo de Preska podría estar diseñado para forzar una instancia de negociación. El propio fondo Burford ya expresó su disposición a dialogar con el Gobierno, incluso ante el Fondo Monetario Internacional.

“Negociar es mucho más razonable que esperar una resolución en la Corte Suprema de EE.UU., que puede demorar años y mantener a YPF con una espada de Damocles sobre su cabeza”, analizó Alberto Ades, director del fondo NWI Management.

A esto se suman declaraciones del economista Walter Stoeppelwerth (Grit Capital Group), quien alertó que la indefinición accionaria podría frenar proyectos clave vinculados a la exportación de gas y petróleo desde Vaca Muerta.

Temores por un efecto contagio: el antecedente que preocupa

Además del impacto directo sobre YPF y las finanzas públicas, el fallo genera preocupación en otras jurisdicciones. En etapas previas del juicio, países como Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile presentaron amicus curiae a favor de Argentina, ante el temor de que este precedente habilite nuevos litigios en EE.UU. contra decisiones soberanas de otros Estados.

Aunque actualmente no hay otros procesos con igual magnitud financiera, sí existen causas como la del Cupón PBI, que podrían reactivarse si la justicia estadounidense habilita caminos similares. “La cesión de acciones a un fondo como Bainbridge, con un reclamo por US$95 millones, abre la puerta para que otros demandantes busquen rutas similares”, advirtieron fuentes judiciales.

El fallo también pone en jaque uno de los principales objetivos financieros del Gobierno de Javier Milei: el regreso de Argentina a los mercados de deuda internacional. El juicio de YPF complica la baja del riesgo país y podría ser utilizado por los fondos litigantes para bloquear futuras emisiones soberanas.

“El Gobierno actuó con desprolijidad. Se dejaron estar y ahora enfrentan una situación adversa. Negociar antes del fallo era la oportunidad. Ahora todo es cuesta arriba”, sostuvo Arturo Porzecanski, experto en finanzas internacionales.

Con el reloj corriendo —la jueza dio un plazo de 14 días para la transferencia de las acciones— y en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno deberá decidir entre escalar el conflicto judicial o iniciar una negociación que preserve el capital de la petrolera y evite nuevos daños colaterales en la economía.