La Bastilla y otro episodio de la furia francesa

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Las movilizaciones estudiantiles que sacuden Francia comenzaron por el deterioro de la educación pública, pero encontraron terreno fértil en una economía estancada, un Estado cada vez más endeudado y un sistema político que atraviesa una profunda crisis de representación. 

Francia atraviesa una de las mayores oleadas de protestas estudiantiles de las últimas décadas. Lo que comenzó como un reclamo por la falta de docentes y el deterioro de las instalaciones escolares terminó convirtiéndose en un movimiento nacional que movilizó a cientos de miles de personas, provocó enfrentamientos con la policía y colocó al gobierno de Emmanuel Macron frente a un nuevo desafío político, cuando faltan apenas seis meses para las elecciones presidenciales.

Las imágenes de barricadas, manifestaciones multitudinarias y enfrentamientos en las calles de París recuerdan otros momentos de la historia francesa. Sin embargo, detrás de la conflictividad social aparece una discusión económica mucho más compleja: cómo sostener un Estado de bienestar que requiere recursos crecientes cuando la economía tiene dificultades para expandirse, la deuda pública aumenta y los mercados financieros comienzan a exigir mayores rendimientos para prestarle dinero al país.

Para comprender el alcance del conflicto, Economis dialogó con Javier Romero, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, con una maestría en Economía Internacional y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Romero se especializa en análisis geopolítico y evaluación de riesgos internacionales, con particular atención a sus consecuencias económicas y a sus impactos sobre América Latina y Argentina.

Su diagnóstico apunta a una crisis estructural que excede ampliamente las demandas estudiantiles y que, según advierte, puede tener consecuencias sobre el equilibrio político de toda Europa.

“Francia viene teniendo problemas de crecimiento económico, de aumento de deuda y de aumento de la tasa por la cual renueva su deuda. Y al mismo tiempo hay algo que es un fenómeno global, sobre todo en los estratos más jóvenes: una especie de insatisfacción con el sistema político y con las capacidades que tiene para responder a las demandas de la sociedad”, explicó.

El conflicto comenzó a mediados de septiembre, impulsado por estudiantes de liceos de la región parisina que denunciaban la falta de profesores, las malas condiciones edilicias y las desigualdades en el acceso a la educación. En pocas semanas, las protestas se extendieron a buena parte del territorio francés, incorporaron reclamos contra el sistema de admisión universitaria y recibieron el respaldo de sindicatos y otros sectores sociales.

El 6 de octubre, una de las mayores jornadas de movilización reunió a más de 266.000 personas en todo el país, según cifras oficiales. Las manifestaciones derivaron en numerosos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y miles de detenciones acumuladas desde el comienzo del movimiento.

El gobierno respondió con anuncios de emergencia, entre ellos el despliegue de 3.000 docentes para cubrir vacantes. Sin embargo, los estudiantes consideran que las medidas resultan insuficientes frente al deterioro acumulado del sistema educativo.

La dimensión presupuestaria es central. El Ejecutivo francés proyecta incrementar nominalmente los recursos destinados a educación para 2027, pero los sindicatos cuestionan que ese aumento alcance para compensar las necesidades del sistema. Las organizaciones estudiantiles reclaman una inversión extraordinaria de 10.000 millones de euros.

La contradicción es evidente: los estudiantes exigen más inversión pública precisamente cuando el gobierno intenta contener un déficit fiscal que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la economía francesa.

“Francia está en una encrucijada bastante compleja, que es de gasto creciente y unas capacidades cada vez menores del Estado francés para poder cubrir esos gastos sin seguirse endeudando”, sintetizó Romero.

La tradición de protesta y los límites del Estado francés

Las movilizaciones tienen un peso particular en Francia, un país donde la protesta callejera forma parte de la cultura política y ha condicionado decisiones gubernamentales durante décadas. Desde Mayo del 68 hasta los chalecos amarillos, pasando por las grandes huelgas contra las reformas previsionales, distintos gobiernos comprobaron que una mayoría parlamentaria o una decisión administrativa no necesariamente alcanzan para garantizar la aceptación social de una política.

“¡Vamos a tomar la Bastilla!”, gritaba una adolescente parisina en medio de las manifestaciones estudiantiles, según relató el diario español El Periódico. La consigna recupera uno de los símbolos más poderosos de la historia francesa: la toma de aquella fortaleza el 14 de julio de 1789, que se convirtió en un acontecimiento emblemático de la Revolución Francesa. Más de dos siglos después, la referencia reaparece en las calles de París, ahora entre jóvenes que protestan por el deterioro de la educación pública. El paralelismo histórico tiene sus límites, pero refleja una particularidad de la cultura política francesa, donde la movilización popular conserva un peso que trasciende las instituciones y las disputas electorales.

Pero Romero considera que las manifestaciones actuales deben analizarse a partir de sus características específicas y de las tensiones económicas que las alimentan.

“Lo que yo creo que pasa en Francia, o está pasando en las últimas décadas, es que Francia necesita cambiar parte de su estructura en lo que tiene que ver con gasto social, con el nivel de gasto, el nivel de ingresos y un estancamiento económico. Entonces esa situación genera constantemente fricciones y rupturas”, sostuvo.

El especialista encuentra puntos de contacto con el movimiento de los chalecos amarillos, que surgió en 2018 como reacción a los aumentos de impuestos sobre los combustibles vinculados con las políticas ambientales del gobierno.

Aquella protesta tuvo un origen principalmente territorial, entre sectores que dependían del automóvil y consideraban que las decisiones adoptadas desde París perjudicaban su economía cotidiana. El movimiento actual, en cambio, nació en establecimientos educativos de la periferia parisina y se expandió hacia otras ciudades.

“Cuando fue la protesta de los chalecos amarillos, que también era una protesta bastante descentralizada, sin un líder claro, era por una política de protección ambiental y aumentos en los impuestos a los combustibles que terminaba generando protestas en el interior de Francia, que después invadieron las grandes ciudades. Este es un fenómeno más de ciudad que termina invadiendo el resto de Francia”, explicó.

Hay otro elemento que contribuyó a intensificar el conflicto: la respuesta policial.

Las denuncias por uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y las lesiones graves sufridas por algunos adolescentes se convirtieron en nuevos motivos de movilización. Entre los episodios más graves se encuentra el de un estudiante que perdió una mano durante los enfrentamientos.

Romero advierte que la represión puede transformar un reclamo inicialmente sectorial en un conflicto de mayor alcance.

“Lo que pasa también es que esto toma un poco más de volumen de violencia, hay represión y la represión siempre genera mayor nivel de protestas, en particular cuando involucra jóvenes estudiantes”, señaló.

A diferencia de otros conflictos que podían desactivarse mediante la retirada de una reforma específica, la crisis educativa plantea demandas cuya resolución exige recursos sostenidos y decisiones de largo plazo.

“Si a esto le sumás que tenés un gobierno que está intentando controlar el déficit fiscal y tenés un problema de inversión pública, son dos objetivos contradictorios. Esto no es como otras protestas, como una reforma previa que retirás y se termina la protesta. Hoy hay que resolverla de otra forma”, analizó.

La dificultad es también política. Francia tiene un sistema semipresidencialista, en el que el presidente comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro que necesita sostener su gobierno frente a la Asamblea Nacional. La fragmentación parlamentaria ha debilitado sucesivamente a los gobiernos vinculados a Macron y reducido su capacidad para construir acuerdos.

El actual primer ministro, Sébastien Lecornu, enfrenta esa misma dificultad. Su gobierno debe negociar el presupuesto en un Parlamento dividido mientras intenta responder a una movilización que ya superó el ámbito educativo.

Romero considera que esa fragilidad institucional deja al sistema con escasos mecanismos para absorber los conflictos.

“Los gobiernos de los primeros ministros vinculados a Macron vienen cayendo sistemáticamente por falta de apoyo. Entonces toda esa situación te pone un sistema político con muy poco amortiguador para poder resolver este tipo de crisis”, afirmó.

El fin del ciclo Macron y el avance de los extremos

El calendario electoral agrega presión. Francia celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 18 de abril de 2027 y, si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, una segunda vuelta el 2 de mayo.

Macron, que llegó al poder en 2017 y fue reelegido en 2022, no puede presentarse para un tercer mandato consecutivo. Su salida abrirá una disputa por el liderazgo del espacio político que construyó durante casi una década, en un escenario de creciente polarización.

Para Romero, las protestas se desarrollan en un contexto en el que los partidos tradicionales y las fuerzas de centro encuentran cada vez más dificultades para representar el malestar social. En un extremo aparece Marine Le Pen y el Reagrupamiento Nacional, una fuerza de derecha nacionalista que ha consolidado su presencia electoral. En el otro, Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa, una izquierda que cuestiona el rumbo económico y político del gobierno.

Las posiciones frente a las manifestaciones también reflejan esas diferencias. Le Pen ha enfatizado la necesidad de sancionar los actos de violencia y los daños contra edificios públicos, mientras que Mélenchon y su espacio han respaldado las demandas estudiantiles y cuestionado la respuesta gubernamental.

Romero observa que el oficialismo queda presionado por ambos sectores.

“Hay una protesta bastante variopinta, con opiniones de todo tipo y color. Muchos también están preocupados por el crecimiento de la extrema derecha, particularmente de Marine Le Pen y su partido”, explicó.

La cercanía de las elecciones introduce además una disputa por la interpretación política del conflicto. Para las fuerzas opositoras, las movilizaciones pueden convertirse en una demostración del agotamiento del macronismo; para el gobierno, el desafío consiste en responder a las demandas sin perder el control de las cuentas públicas ni profundizar su debilidad parlamentaria.

Romero considera poco probable un adelantamiento de las elecciones presidenciales, pero advierte que el escenario político es particularmente incierto. “Macron no tiene reelección, entonces es el fin de su ciclo político. Tiene que surgir otro líder”, señaló.

Su preocupación está puesta en la fragmentación del centro y del centroizquierda y en la posibilidad de que la próxima elección termine enfrentando a fuerzas ubicadas en los extremos del espectro político.

Sin embargo, ese desenlace todavía está abierto. La definición de candidaturas, las eventuales alianzas y el comportamiento de los votantes durante los próximos meses serán determinantes para establecer quiénes llegarán a la segunda vuelta.

La discusión excede a Francia y se vincula con un fenómeno que atraviesa buena parte de las democracias europeas: la pérdida de confianza en los partidos tradicionales y el crecimiento de alternativas que prometen cambios profundos frente a problemas que los gobiernos moderados no han logrado resolver.

Una generación que ya no cree en las promesas del sistema

Romero identifica en la frustración de los jóvenes uno de los factores más importantes para comprender la transformación política europea.

“Lo que pasa en Europa es que tenés una sociedad, sobre todo los jóvenes, muy frustrada con un sistema de la política, de la democracia liberal, que no termina de cumplir las promesas supuestas o las cosas que ellos asumen que les debería dar. Entonces terminan, en toda esa frustración, votando hacia figuras que están por fuera del sistema”, explicó.

La dificultad para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, el encarecimiento del costo de vida y la percepción de que las nuevas generaciones tendrán menos oportunidades que sus padres forman parte de ese malestar.

La cuestión tiene una dimensión económica evidente. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, las democracias europeas construyeron su legitimidad sobre una combinación de crecimiento, protección social y movilidad ascendente. El Estado de bienestar prometía educación, salud, jubilaciones y un nivel de seguridad económica relativamente elevado.

El problema aparece cuando esas expectativas se mantienen, pero las economías pierden dinamismo y el financiamiento de los servicios públicos se vuelve cada vez más difícil. En ese escenario, los partidos que proponen modificaciones graduales suelen enfrentar el rechazo de sectores que consideran insuficientes sus respuestas.

Romero recordó que durante años varios países europeos aplicaron una estrategia conocida como cordón sanitario: acuerdos entre fuerzas tradicionales para impedir que los partidos considerados extremistas accedieran al poder.

“Eso lo que te genera es la sensación de que los únicos que quedan afuera siempre son los partidos de los extremos”, explicó. El analista utilizó el caso italiano para ilustrar cómo esa dinámica puede terminar beneficiando a las fuerzas que se presentan como alternativas al sistema.

Recordó el testimonio de un votante que, después de haber apoyado a distintas fuerzas tradicionales, decidió probar con Giorgia Meloni porque consideraba que las demás opciones ya habían tenido su oportunidad de gobernar sin resolver los problemas. “Hay como una sensación de que, ante el fracaso del Estado liberal democrático, apuntamos hacia fuerzas más de extremos”, resumió.

El fenómeno no significa que todos los movimientos de protesta tengan las mismas motivaciones ni que sus participantes compartan una orientación ideológica. Pero sí plantea una dificultad para las democracias europeas: la insatisfacción con los resultados económicos y sociales puede traducirse en una pérdida de confianza en las instituciones que sostienen el sistema político.

La crisis económica francesa y sus consecuencias para Europa

El deterioro de las cuentas públicas francesas agrega una dimensión especialmente sensible para la Unión Europea. Francia es una de las principales economías del bloque y un actor central en las decisiones políticas, económicas y estratégicas de la región. Por eso, sus dificultades fiscales y su inestabilidad política tienen consecuencias que trascienden las fronteras nacionales.

En los últimos días, las preocupaciones sobre la deuda francesa provocaron movimientos en los mercados de bonos y contribuyeron a la debilidad del euro. Los inversores observan con atención la capacidad del gobierno para aprobar un presupuesto y establecer una trayectoria fiscal creíble.

Romero considera que el problema económico de fondo todavía no tiene respuestas claras entre las principales fuerzas que aspiran a gobernar.

“Francia tiene un problema serio de inflación creciente, alimentado en parte por el aumento del costo de los combustibles, por la guerra en Irán y obviamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también tiene un problema de gasto descontrolado, de aumento de la tasa de interés. Entonces eso es un problema que Mélenchon y Le Pen van a tener que responder”, sostuvo.

El diagnóstico del especialista vincula las presiones internacionales sobre los precios de la energía con las dificultades internas de financiamiento del Estado. Son fenómenos diferentes, aunque pueden reforzarse: un mayor costo de vida aumenta las demandas sociales mientras el encarecimiento del crédito limita el margen de maniobra fiscal.

En ese contexto, la pertenencia de Francia a la Unión Europea introduce tanto restricciones como mecanismos de contención. Las reglas fiscales comunitarias, la moneda común y las instituciones europeas condicionan las políticas nacionales, aunque también ofrecen un marco de estabilidad que sería difícil reemplazar.

Romero señaló que la experiencia del Brexit modificó el discurso de varios movimientos euroescépticos. “Yo creo que el Brexit ha sido un gran aliado a la continuidad de la Unión Europea”, afirmó.

Su argumento es que las dificultades económicas y comerciales que enfrentó el Reino Unido después de abandonar el bloque redujeron el atractivo de una ruptura semejante para otras fuerzas políticas europeas.

En Francia, incluso los sectores que históricamente cuestionaron la integración europea han moderado sus propuestas de salida, aunque mantienen diferencias importantes respecto de las políticas económicas y las competencias de las instituciones comunitarias.

Para Romero, una eventual llegada al poder de fuerzas ubicadas en los extremos podría generar tensiones particularmente relevantes en materia de política exterior. “Yo lo que sí creo es que tanto Mélenchon como Marine Le Pen, y puede ser otros partidos de extremos, lo que pueden generar es, más que problemas en el aspecto económico, problemas en la línea en contra de Rusia o cómo se plantean frente a Estados Unidos, cómo se plantean frente al vínculo o al conflicto en Medio Oriente”, advirtió.

La cuestión adquiere importancia en un momento en el que Europa enfrenta simultáneamente las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y una competencia económica y tecnológica cada vez más intensa con Estados Unidos y China.

Francia ocupa una posición estratégica dentro de ese entramado, tanto por su peso económico como por su capacidad militar, diplomática y política. Un cambio significativo en su orientación internacional podría alterar equilibrios que actualmente resultan centrales para la Unión Europea.

Pero Romero identifica un desafío todavía más profundo: la pérdida de competitividad del continente. “Europa ya tiene problemas de productividad y tiene que hacer una serie de reformas y cambios en términos económicos para poder ser más productiva y competir mejor frente a China y frente a Estados Unidos”, explicó.

Desde esa perspectiva, la inestabilidad política francesa aparece en un momento especialmente delicado. Mientras las economías europeas necesitan incrementar inversiones, modernizar su estructura productiva y mejorar su competitividad, los conflictos internos dificultan la construcción de acuerdos de largo plazo.

“Las crisis sociales de este estilo lo que hacen es golpear sobre la previsibilidad. No colaboran en nada a que Europa pueda desarrollar una productividad un poquito más acorde a los tiempos que corren”, concluyó.

Francia enfrenta una discusión que atraviesa a buena parte de las economías desarrolladas: cómo financiar las expectativas sociales construidas durante décadas en un contexto de menor crecimiento, mayor endeudamiento y una ciudadanía que desconfía cada vez más de las respuestas de sus dirigentes.

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