La Corte y los territorios

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Con un timing mucho más político que jurídico, la Corte Suprema volvió sobre sus propios pasos y mandó al freezer, de manera provisoria, la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023, un decreto presidencial con enorme impacto en Misiones, no sólo por el riesgo soberano, sino por la desregulación del mercado de la yerba mate.

Los cortesanos pretenden no quedar pegados a la sensación de habilitar la mercantilización de la soberanía, como se interpretó el fallo que rechazó por falta de legitimación la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había cuestionado el decreto presidencial. Apenas unos días después de despreciar el planteo de los soldados, el trío de la Corte convocó a conjueces para analizar otra demanda, esta vez de ambientalistas y poblaciones originarias de Río Negro, que basaron su demanda en el cuidado de la biodiversidad. Con una pirueta analítica y el aporte de los conjueces, la Corte ahora sí suspendió los efectos del artículo 154 del DNU, hasta que el juez federal competente se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar y, nuevamente, sin analizar la cuestión de fondo.

Ese limbo jurídico parece ser más una estratagema política que un análisis serio. Hace casi tres años que los expedientes esperaban una definición y la devolución al tribunal de origen llega justo en momentos en que el Congreso se dispone a tratar el rechazo al DNU 70/23 en su totalidad. La sesión fue convocada para el jueves. La Corte parece buscar aliviar los ánimos caldeados contra el decreto que modificó una ingente cantidad de puntos de la vida de los argentinos y permitió al Presidente gobernar sin tener que rendir cuentas al Congreso.

Pasaron casi treinta y cuatro meses y los tres cortesanos siguen sin resolver la cuestión de fondo: si Milei podía borrar por decreto la ley que limitaba la extranjerización de las tierras rurales. Esa derogación es inconstitucional.

Pero la Corte administra los tiempos como si la demora no tuviera consecuencias, como si detrás del expediente no hubiera territorio, recursos naturales y soberanía en juego. Cada día sin una definición prolonga la incertidumbre y favorece al poder que deberían controlar.

A esta altura, llamarlos “tiempistas” resulta demasiado indulgente: cuando la dilación sostiene los efectos de una decisión presidencial, la pasividad judicial se convierte en complicidad política.

La derogación de la Ley de Tierras ocupa apenas uno de los 366 artículos del DNU 70/2023, pero puede convertirse en la piedra que haga caer todo el edificio. Allí está el nervio político del asunto: cada Cámara debe aprobar o rechazar el decreto completo, sin introducir modificaciones, y el rechazo de ambas implica su derogación. Milei necesita preservar los otros 365 artículos que reorganizan la economía y abren oportunidades de negocios para distintos sectores. 

Una intervención de la Corte que frene únicamente la derogación de la Ley de Tierras podría funcionar como un salvavidas para el Gobierno: les daría a los diputados dispuestos a sostener el DNU la excusa de que el problema ya está contenido para convalidar todo lo demás. El escándalo sería que el control judicial terminara convertido en una coartada parlamentaria para rescatar el decreto.

Sin embargo, esta vez parece que ni siquiera el esfuerzo de la Corte podrá frenar la cruzada de los diputados no oficialistas. Los que responden al gobernador Hugo Passalacqua bajarán a dar quórum, en una línea política que no se tuerce. Los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce iban a votar en contra del capítulo de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y eso obligó a Patricia Bullrich a quitar el paquete antes de fracasar en la sesión.

La lógica de Passalacqua avanza también en el frente judicial, ya que ordenó a la Fiscalía de Estado que defienda el patrimonio de Misiones, en riesgo si se suprimen los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, una problemática sensible en una provincia pequeña y rodeada por extensas fronteras con Paraguay y Brasil. El gobernador se lo transmitió así a Diego Santilli, el jefe de Gabinete que intenta darle algo de volumen político a un Gobierno ensimismado en dogmas libertarios.

El DNU 70/23 no es un decreto más: es la arquitectura de un modelo que atraviesa el trabajo, la producción, los alquileres, la salud y el bolsillo de los argentinos. Bajo la bandera de la libertad económica, el Gobierno desarmó regulaciones y dejó a trabajadores, inquilinos, consumidores y pequeños productores más expuestos frente a quienes tienen mayor poder para imponer precios y condiciones. Por eso, su eventual derogación en el Congreso excede una disputa jurídica: pone en discusión quién paga los costos del programa económico y qué límites debe tener el poder presidencial para transformar la vida cotidiana por decreto. La Corte también debe responder por su papel frente a semejante cambio.

El DNU, además, tiene otro capítulo sensible para Misiones: la desregulación de la yerba mate, que derrumbó el precio de la materia prima y rompió el equilibrio de la cadena. Miles de productores quedaron en la miseria y masticando bronca. Un proceso similar se vivió en los años 90, durante la última década desregulada, que provocó un éxodo rural y la venta de miles de hectáreas a precios irrisorios, un escenario que Passalacqua no quiere que se repita.

La eventual caída del DNU no reparará por sí sola el deterioro de la cadena yerbatera ni cambiará mágicamente las condiciones de la economía. Pero obligará a discutir qué marco normativo debe regir y cómo reconstruir las herramientas de protección de la producción.

¿Qué cambió entre aquel diciembre de 2023 y este octubre? La correlación de fuerzas. El Presidente recién asumido tenía respaldo político para deshacer a su antojo con la promesa -y la urgencia- de una mejora de la economía. 

Los resultados, casi tres años después, no muestran éxitos, sino una profundización de las desigualdades, sectores hundidos como la industria y la construcción y miles de empleos perdidos.

Durante los primeros siete meses de 2026 se cerraron 9.682 empresas y se perdieron 139.895 puestos de trabajo registrados. Un promedio devastador de casi 1.400 empresas menos por mes. Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el saldo ya es de 32.290 empleadores menos y 437.611 puestos de trabajo registrados perdidos.

Esos números demoledores reflejan el deterioro del empleo formal y de la actividad productiva, mientras los precios siguen aumentando. La promesa de inflación cero está bastante lejos de ser cumplida.

Las grandes compañías, que parecían sentirse cómodas con el cambio de modelo, también comienzan a dar señales de alerta.

El presidente de Stellantis Sudamérica -el grupo que produce Peugeot, Fiat, Jeep y RAM, entre otras marcas-, Herlander Zola, puso sobre la mesa una posibilidad que debería encender todas las alarmas: cerrar una o ambas fábricas en Argentina. “El libre mercado en Argentina nos ha dejado fuera de juego”, afirmó.

La frase golpea en el corazón del relato oficial: la apertura que debía atraer inversiones también puede expulsar producción. Ni los US$ 655 millones invertidos entre El Palomar y Córdoba alcanzan para disipar la incertidumbre. No hay un cierre confirmado, pero hay una advertencia concreta de quien decide dónde fabricar: competir con vehículos importados mientras persisten los altos costos locales puede volver inviable la continuidad industrial.

El Palomar ya redujo un turno, y detrás de cada ajuste aparecen trabajadores, autopartistas, transportistas y comercios que pierden ingresos. Brasil concentra escala, proveedores y demanda; Argentina abre su mercado sin resolver las desventajas de producir aquí.

El Gobierno podrá exhibir más modelos en las concesionarias, pero deberá explicar qué ofrece a quienes viven de fabricarlos. Porque una economía puede importar autos, pero no puede importar los salarios que desaparecen cuando una planta cierra. Y cuando la competencia termina desplazando fábricas en lugar de impulsar su modernización, el supuesto beneficio para el consumidor empieza a pagarse con el empleo del mismo ciudadano.

A la advertencia de Stellantis se suma una frase del presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, que pincha el relato del despegue económico: “Realmente nadie gana plata en este mercado”. Según su diagnóstico, marcas y concesionarios apenas mantienen la cabeza fuera del agua. Sibilla advierte que los vehículos argentinos arrastran un sobrecosto tributario cercano al 12% frente a otros mercados.

La contradicción es evidente: se exige a las fábricas competir internacionalmente mientras siguen cargando impuestos que encarecen cada eslabón de la producción. La apertura avanza mucho más rápido que las soluciones para quienes invierten y fabrican en el país.

El planteo de Renault tampoco propone regresar a las restricciones que trababan importaciones y dejaban recursos inmovilizados: reclama condiciones para competir y una respuesta frente a las estrategias de precios de las marcas chinas que Sibilla cuestiona. 

Esa distinción incomoda al discurso oficial, porque muestra que entre cerrar la economía y abandonar a la industria existe una tarea de gobierno que no puede reemplazarse con consignas. Incluso la promesa de autos importados baratos tiene límites: el ejecutivo anticipa que podrían encarecerse cuando más unidades ingresen fuera de los cupos con beneficios arancelarios. Si producir aquí sigue siendo caro y la ventaja de importar resulta transitoria, ¿qué quedará del supuesto éxito de la apertura?

En otra escala, el turismo, una de las principales actividades económicas de Misiones, pide ayuda para sostener la actividad y el empleo y desnuda la fragilidad del modelo: la clase media no puede viajar.

Desde Iguazú, el reclamo a Daniel Scioli tiene la urgencia de quienes necesitan pagar salarios y mantener sus empresas abiertas. Omar Luis Masulo, dueño de Cabañas Castillo Iguazú, le pide asistencia para cubrir hasta la mitad de las remuneraciones, alivio de cargas patronales y créditos a tasa cero. Son herramientas de emergencia, similares a las utilizadas durante la pandemia, solicitadas ahora para enfrentar una crisis económica. Que un prestador de uno de los destinos turísticos más importantes del país deba pedir auxilio para conservar tres empleos registrados debería obligar al secretario de Turismo a explicar qué respuesta concreta tiene para ofrecer.

El pedido también reclama el regreso del Previaje, y allí queda expuesta la falla central: el turismo necesita consumidores con capacidad de viajar. Cuando una familia recorta vacaciones para llegar a fin de mes, Iguazú pierde reservas y ese golpe alcanza a restaurantes, guías, transportistas y comercios. Scioli tiene sobre su escritorio un reclamo para sostener empleo privado y recuperar demanda, pero es poco probable que la respuesta sea favorable.

Al principio, el Gobierno podía responsabilizar a la herencia. Casi tres años después, la sociedad percibe que ya no quedan excusas.

No es casual que los abanderados libertarios en Misiones hayan mutado de discurso. Ahora el embate coordinado de los espacios de la oposición es a las leyes electorales, como si cambiar el sistema de votación fuera una cuestión de vida o muerte. No lo es. 

Discutir una reforma electoral requiere tranquilidad, escuchar a especialistas, analizar variables, pros y contras. No solamente la “percepción” de unos o la conveniencia de otros.

El caballito de batalla es la Ley de Lemas, a la que la oposición responsabiliza por sus sucesivas derrotas, aunque también le ha permitido algunas victorias. Lo que sus dirigentes no explican es qué vías de participación proponen para el vecino de a pie que no milita ni pertenece a una estructura política, pero quiere ofrecerse como candidato. ¿Deberá someterse a una interna partidaria controlada por las mismas dirigencias de siempre? ¿Qué garantías tendrá de competir en igualdad de condiciones? ¿No existe el riesgo de que, en nombre de la apertura, terminen convirtiendo la política en un coto cerrado de la casta? Varias preguntas que la premura no puede responder.

El Gobierno provincial, de todos modos, está dispuesto a dar la discusión. Passalacqua es proclive a suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y, en la misma línea, dar el debate a otras reformas. Sobre la Ley de Lemas, entiende que podrían introducirse límites, de acuerdo con la cantidad de habitantes, por ejemplo. Pero para los juristas del Gobierno, Ficha Limpia, tanto en la versión propuesta por Carlos Rovira como en la que impulsa la alianza de libertarios, el PRO y el radicalismo, es una redundancia orientada más a excluir contendientes.

La alianza opositora se muestra cada vez más sólida. Los libertarios, el PRO y el radicalismo, junto al Partido Agrario y Social -socio circunstancial-, insistieron con el apuro reformista en la comisión de Legislación y hasta quisieron apurar un dictamen sin discusión. 

En la sesión del jueves volvieron a actuar en bloque para forzar la interpelación de Matías Vilchez, el ministro de Acción Cooperativa, por un cuestionamiento del Tribunal de Cuentas a su gestión como intendente de San Javier. La diferencia reclamada es de poco más de tres millones de pesos. Pero el embate es un tiro por elevación. Son los intendentes los que le dan músculo al Movimiento por lo que Viene, el espacio político moldeado por Passalacqua tras la extinción de la Renovación.

Vilchez se percibe como víctima de ese contexto y asegura que tiene todos los papeles en orden. El Tribunal de Cuentas tiene en la mira a otros intendentes.

Los diputados del bloque Por lo que Viene se reunieron con Passalacqua en una muestra de consolidación del espacio que reúne a legisladores que pasaron por varios estadios en apenas unos meses. Ahora están todos encolumnados detrás de una idea y decididos a dar batallas en la Cámara, donde son primera minoría, pero tendrán que lidiar con una oposición que, si se une, puede dar dolores de cabeza.

Sin embargo, hay contrapuntos que pueden dejar expuestos a los libertarios y sus socios políticos. Tras una extensa lectura, el diputado Ramón Amarilla pidió un aumento de “500 mil pesos para los estatales”, pero desde el oficialismo le recordaron que el Gobierno nacional se jacta de haber despedido a más de 60 mil estatales y ni los libertarios ni sus aliados parecen inmutarse.

Este jueves asistió a la sesión Cristian Melgarejo, quien quedó sin trabajo tras los despidos en Dass. El diputado libertario Héctor Manzoni intentó relativizar el reclamo de los obreros y aseguró que “la salida de la zona de confort y la apertura traen desafíos”.

“Hay que salir a competir. Abandonar la pesca en un estanque. Salir a competir en el mercado. Todos los argentinos tienen derecho a mercadería más barata”, apuntó.

El joven Rudi Bundziak le respondió: “Déjense de hacer videitos y salgan a ensuciarse las zapatillas”. “No podemos pedirles que hagan más esfuerzo porque ya lo hicieron y mucho”, advirtió.

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