La Confederación General de la Producción de la República Argentina (CGP) expresó su respaldo a la denuncia penal presentada por organizaciones agrarias de Misiones contra el presidente Javier Gerardo Milei y otros funcionarios nacionales, por la omisión en el nombramiento del director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la consecuente parálisis institucional del organismo.

La denuncia fue presentada el pasado 18 de marzo ante el Juzgado Federal de Oberá por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productores autoconvocados de Oberá y Aristóbulo del Valle. Las entidades acusan al Gobierno Nacional de incumplimiento de deberes de funcionario público al no cumplir con lo establecido por la Ley Nacional 25.564, que regula la actividad del INYM y establece la obligatoriedad de designar sus autoridades.

La CGP señaló que la falta de designación de un director en el organismo rector de la actividad yerbatera se suma al impacto generado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que le quitó al INYM la facultad legal de fijar precios para la materia prima y limitó su capacidad de financiamiento, sumiendo a la institución en una “crisis funcional, institucional, económica y social”.

Ante esta situación, las entidades yerbateras también presentaron un recurso de amparo, y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió suspender los artículos 164 a 168 del DNU. En su fallo, la Cámara advirtió sobre “el interés público afectado” y las “consecuencias de imposible reparación ulterior” que enfrentan los sectores más vulnerables de las zonas rurales, incluso “poniendo en riesgo sus propias vidas”.

La CGP denunció que la desregulación impulsada por el Ejecutivo ha derivado en un fuerte deterioro del precio de la hoja verde de yerba mate, que cayó de 370 pesos por kilo en 2024 a menos de 100 pesos en la actualidad. Esta situación perjudica directamente a más de 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, además de secaderos e industrias del sector. La pérdida de ingresos afecta no solo a quienes forman parte de la cadena productiva, sino también al movimiento económico de múltiples localidades misioneras.

“La consecuencia de todo esto no solo provoca la desaparición de los productores minifundistas, sino que alimenta el avance de los grandes grupos concentrados que aprovechan la crisis para expandirse y acaparar el mercado”, advirtió el comunicado. Asimismo, alertaron sobre el desplazamiento de familias rurales, con éxodos forzados y migraciones que amenazan con destruir una actividad de fuerte arraigo territorial y cultural.

La CGP también cuestionó el uso del concepto de libre competencia por parte del Gobierno Nacional, señalando que “no puede fundarse en la marginación, el maltrato y la exclusión”, y recordó que la Ley de Defensa de la Competencia considera una práctica desleal la exclusión de actores del mercado. “Eso es lo que ha estado realizando el Gobierno bajo la consigna del libre mercado”, denunciaron.

Por último, la entidad productiva pidió que se investigue el accionar de los funcionarios involucrados bajo los alcances del artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes incumplen sus deberes públicos, y exhortó al cumplimiento del fallo emitido por la Cámara Federal de Posadas.