Actualizó el reglamento para garantizar trazabilidad, transparencia y uso social de los bienes secuestrados. Se crearán nuevas unidades de coordinación y se exigirá el cumplimiento estricto del registro en la base nacional.

Una nueva etapa para el control judicial de bienes decomisados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, mediante la acordada 22/2025, un nuevo Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en Causas Penales con el objetivo de mejorar la trazabilidad, control, asignación y reutilización de estos activos. La medida se enmarca en la estrategia del Máximo Tribunal para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción mediante el recupero eficiente de activos ilícitos.

La iniciativa responde a la necesidad de modernizar y sistematizar la administración de bienes incautados, ante el avance del nuevo Código Procesal Penal Federal (ley 27.063) y la implementación del sistema acusatorio en todo el país.

Nuevas herramientas para una gestión más eficiente

Entre los principales puntos de la acordada se destacan:

• La creación de una Unidad de Coordinación nacional bajo la órbita de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del Tribunal, encargada de coordinar, verificar y supervisar la implementación efectiva del nuevo reglamento y de las inscripciones obligatorias en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados (BBSD).
• El establecimiento de un plazo de 30 días para registrar los bienes secuestrados o decomisados por los tribunales en dicha base, incluyendo bienes registrables y no registrables de valor económico, cultural, artístico, científico o armamentístico.
• La publicación en un micrositio web de la Corte Suprema de todos los bienes afectados o asignados, las resoluciones de subasta, y los detalles de las ventas realizadas, asegurando la confidencialidad de los titulares y terceros vinculados.
• La posibilidad de asignar provisoriamente bienes muebles o inmuebles a instituciones públicas, fuerzas de seguridad o entidades con fines de interés público para usos vinculados al servicio de justicia, asistencia social, salud, educación o reinserción.

Un paso hacia la transparencia y el uso público de recursos ilícitos

Según lo dispuesto, todos los bienes asignados deberán utilizarse exclusivamente dentro del territorio nacional, con estricto apego a las finalidades funcionales que justificaron su asignación. Los titulares de reparticiones que los reciban serán responsables de su conservación, seguro, traslado y cumplimiento normativo.

Además, se ratifica que todo procedimiento que no se ajuste al nuevo reglamento será considerado nulo. Quedan sin efecto las disposiciones anteriores establecidas por la acordada 2/2018, aunque se mantienen vigentes las asignaciones ya efectuadas.

Este nuevo marco normativo busca maximizar el impacto social y judicial del recupero de activos derivados del delito, al mismo tiempo que refuerza la coordinación institucional entre la Corte, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y otros organismos nacionales y provinciales.