El abogado especialista en derecho del turismo, Diego Benítez, opinó hoy que “la desregulación” implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y propiciada por el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado ayer por la Casa Rosada al Congreso Nacional, “no terminan con problemas históricos del sector”, al tiempo que se pronunció en favor de la rápida conformación de una “mesa público privada” con el propósito de “dar todas las discusiones que no se dieron en 30 años” en la actividad.

Docente en la Universidad Nacional de Río Negro y consultor de la Organización Mundial del Turismo para la redacción de la Convención de Protección de los Turistas, Benítez aclaró que la derogación de la Ley Nacional N° 18.829, que regulaba la actividad de las agencias de viaje, y cuya pérdida de vigencia desde mañana no conlleva “ningún cambio en relación a la responsabilidad civil y penal” que tales empresas pudieran tener por acciones u omisiones relacionadas a su actividad.

Tras marcar que “una de las mayores debilidades” de la norma que quedará derogada a partir de mañana fue la falta de efectividad del fondo de garantía que ordenaba constituir a las agencias para “asegurar su buen funcionamiento y proteger al turista” ante eventuales incumplimientos contractuales, el especialista advirtió la necesidad de “evitar que cualquiera se considere con derecho a vender servicios turísticos” a partir de la eliminación del registro de prestadores.

“Tenemos que garantizar al consumidor de alguna manera un seguro de protección ante la compra (de un servicio turístico) y el proyecto de ley ómnibus podría ser la oportunidad de corregir esa debilidad histórica” que, en su mirada, conllevaba la Ley N° 18.829, entendió Benítez.

Si bien resultará también desregulado desde mañana, para Benítez el proyecto ómnibus ingresado ayer al Parlamento da un indicio de la intención oficial de establecer una diferenciación en las agencias de turismo estudiantil respecto a otras del sector, al buscar sustituir un artículo -el 3- de la Ley Nacional N° 25.599 e instrumentar la creación de un “certificado nacional de autorización” para el primer tipo de empresas.

No obstante, el abogado recordó que mientras el DNU estará vigente desde las cero de mañana, la iniciativa de la administración de Javier Milei tiene por delante el derrotero propio del debate y la sanción legislativas.

“A partir de ahora habrá una zona gris en materia de transporte turístico, de prestadores que brindan servicios en la naturaleza o turismo rural y en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, ejemplificó Benítez, por lo cual insistió en la idea de que el Gobierno, “sin contradecir el principio de desregulación” -dijo-, “muestre voluntad política” y avance en el establecimiento de un “mecanismo de concertación que incluya a las jurisdicciones (NdR: el Consejo Federal de Turismo, que permanecerá vigente) y a los privados”.

“Hay que poner un equilibrio entre el turista como consumidor, la administración turística y los prestadores”, opinó Benítez.

Por último, caracterizó como “un interrogante” cuál será la política que en materia de turismo social llevará adelante el Gobierno nacional.

En tanto, otro de los especialistas consultados por Télam, Alejandro López, sostuvo que, “antes de tomar una decisión tan trascendental, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían escuchar al sector turístico y, en particular, a la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las entidades que la conforman”.

Especializado en turismo accesible y docente universitario, López opinó: “Siempre hay cosas por mejorar, modificar y hacer. Pero tomar decisiones arbitrarias, sin lograr un consenso con el sector previo a un diagnóstico es un error”.

El también coordinador de la Mesa de Turismo Accesible en la CAT expresó que “el turismo es una actividad social y económica, tal como la define la Organización Mundial del Turismo, y en nuestro país debería ser un sector estratégico, generador de divisas y motor de desarrollo sostenible”.

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