La inversión social como columna vertebral del presupuesto misionero
Escribe ALEJANDRO PEGORARO, Director de Consultora Politikon Chaco – para ECONOMIS
En el marco de la presentación del Presupuesto 2023 de la provincia de Misiones, allá por octubre del año pasado, el diputado y ahora vicegobernador electo Lucas Romero Spinelli manifestó que “claramente el Presupuesto prioriza la inversión social, que contempla el 67% (del presupuesto provincial)”. Esta misma expresión fue luego ratificada por el ministro de Hacienda y el propio Gobernador, bajo la premisa además de que se trata de una política de Estado provincial que se fortalece año a año.
Pero ¿qué implica la “inversión social”? Para ello hay que entender al Presupuesto bajo la clasificación de “Finalidad y Función”: esta presenta al gasto público según la naturaleza de los servicios que se brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y se constituye en un instrumento fundamental para la toma de decisiones en la ejecución presupuestaria. La clasificación por Finalidad presenta 5 categorías: la Administración Gubernamental, los Servicios de Seguridad, los Servicios Sociales, los Servicios Económicos y la Deuda Pública.
Volviendo a la premisa de Romero del inicio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inversión social o “Servicios Sociales”? Se trata de acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, ecología y saneamiento ambiental y deportes y recreación. Son, en última instancia, las erogaciones tendientes a generar condiciones de bienestar y prestación de servicios indispensables para la comunidad.
Si bien las provincias argentinas tienden a tener un alto volumen de erogaciones de Servicios Sociales dentro de su estructura de gasto, Misiones sobresalió en el 2022 por tener uno de los valores más altos del país. En ese año, el 60% del presupuesto ejecutado por el gobierno misionero se orientó a la inversión social, siendo la sexta provincia con el mayor grado de erogaciones de esta naturaleza de todo el país. Pero si miramos hacia dentro de los Servicios Sociales, hay algunos resultados interesantes: en la función de Educación, Misiones destinó el 30% de sus erogaciones, siendo la provincia con el tercer mayor resultado de todo el país. En lo referido a la función de Vivienda y urbanismo, Misiones es también la tercera provincia del país que destinó mayores recursos de su presupuesto a ese aspecto, siendo este un aspecto fundamental por dos factores fundamentales: el déficit habitacional que se vive en todo el país por un lado, y la escasa (casi nula) participación del Estado nacional en la provincia en este punto en particular.
Esos posicionamientos misionero no son solo números aislados, sino que se trata de rumbo presupuestaria que está orientado brindar servicios en aspectos sensibles como la salud, educación, promoción social, vivienda, agua potable. Tener de 6 a 7 pesos de cada 10 pesos ejecutados orientados a servicios sociales implica contar con políticas activas tendientes al bienestar, desarrollo y prestación de servicios fundamentales y direccionar el tan criticado gasto público a aquellos sectores que tienen impacto directo en la comunidad.
Esto es posible no solo por decisión política, también por factibilidad presupuestaria que surge de rumbo de gobierno que estableció metas y prioridades. Una de las variables para evaluar esto es lo dedicada a Deuda Pública. Por ejemplo, Misiones destina el 60% a Servicios Sociales y 0,7% a deuda pública, mientras que el Chaco destina 58% a Servicios Sociales ya que debe direccionar el 2% a deuda pública. Esto no es casual: el desendeudamiento misionero de los últimos, por lo menos, cinco años, ha sido muy importante y permitió justamente orientar recursos al desarrollo social.
Pero la deuda no es el único punto de análisis en este detalle del Gasto por finalidad y función. El tamaño del Estado es también uno, entendiendo a este como la estructura burocrática que muchas veces limita la acción social de las jurisdicciones. La finalidad de Administración Gubernamental, que engloba a los gastos dirigidos a funcionamiento del Estado desde el punto de vista de insumos, gastos de consumo, alquiler de oficinas, etc., es otra clave para analizar. Por ejemplo, en el Chaco las erogaciones destinadas a ese punto alcanzan al 26,6% del gasto, mientras que en Misiones llega al 19%, siendo una de las bajas del país.
Esto último mencionado es imprescindible para la diferenciación entre “Estado grande” y “Estado presente”, que muchas veces suele confundirse. Un Estado grande es aquel cuya estructura burocrática es muy alta y obliga a destinar una buena porción de los recursos para sostenerlo y ello implica menor inversión social. Un Estado presente, por el contrario, trata de un esquema de gobierno con una orientación presupuestaria destinada al desarrollo.
Volviendo al párrafo inicial, la afirmación de aquel entonces del hoy vicegobernador electo muestra la prioridad presupuestaria que se destaca en Misiones. El 60% ejecutado del 2022 en Servicios Sociales se incrementaría incluso en 2023 al 67%, cuando diez años atrás era del 48%.
ALEJANDRO PEGORARO, Director de Consultora Politikon Chaco – para ECONOMIS
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