La ley de fomento agroindustrial “da la posibilidad de planificación fiscal a 10 años”, dijo Solmi
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, sostuvo hoy que el proyecto de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, impulsado por el Gobierno nacional, permite a partir de beneficios tributarios realizar una “planificación fiscal de 10 años”, y destacó que la iniciativa es “un instrumento de consenso” entre el Estado y el sector.
“Hay cuestiones técnicas que son de muy buenos beneficios fiscales y los mismos se otorgan a partir de la incrementalidad, y eso nos da a todos una visión de planificación fiscal que necesita el sector”, indicó Solmi en diálogo con Télam
En este sentido, expresó que “este proyecto da la posibilidad de planificación fiscal de 10 años”, ante la vigencia establecida de cinco años, con la posibilidad de prorrogarla por cinco más.
Entre los principales beneficios que el régimen estipula para el sector primario, Solmi resaltó “la forma de imputación en el Impuesto a la Ganancias en fertilizantes y en semillas fiscalizadas, y en la forma de contabilizar el stock ganadero que permitiría que los animales pasen a faena con una mayor peso y, a veces, esas cuestiones tributariamente son castigadas”.
“Este proyecto viene a solucionar esas cuestiones que tiene que ver con las valuaciones de stock. Es un beneficio para todos, porque con un mismo animal sacamos más kilos”, aseguró el funcionario nacional.
El régimen establece que los productores, ante la valuación de hacienda vacuna a los fines del impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde.
La norma abarca a la hacienda cuyo peso promedio sea igual o superior a los 400 kilogramos vivo, o que esos animales presenten un rendimiento en playa de faena de 225 kilogramos res con hueso en gancho.
También dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde, y lo harán cuando los productores vendan los novillos.
“La idea (del proyecto) es que fuera un instrumento de consenso. Desde nuestro Ministerio, por la palabra del ministro Julián Domínguez, va a ser acompañado en el debate parlamentario para asegurar que sus derechos estén contemplados en la ley que en definitiva se sancione”, concluyó.