Letras de liquidez, problema u oportunidad
Por Miguel Ángel Pesce I Presidente del Banco Central de la República Argentina
Ya me he referido en otro artículo a la diferencia entre los distintos instrumentos monetarios del Banco Central y su implicancia en la política económica y monetaria. En estas líneas, reforzaré los argumentos con respecto al rol de las Letras de liquidez (Leliq) en el actual contexto.
En la Argentina, las entidades financieras cuentan con depósitos en pesos por el orden de los 35 billones. De ellos, 18 billones son colocaciones a plazo fijo. A su vez, los préstamos al sector privado se ubican en 12 billones de pesos.
Esta diferencia expresa el desbalance entre la capacidad prestable y la demanda efectiva de crédito.
A los efectos de canalizar los excedentes de liquidez y evitar que afecten negativamente a las tasas de interés, en especial las tasas pasivas (plazos fijos), el Banco Central interviene absorbiendo la diferencia a través de las Leliq, que alcanzan los 15 billones de pesos.
La tasa de interés que paga el Banco Central por las Leliq remunera a los bancos que están obligados a pagar a los ahorristas y a las empresas tasas mínimas determinadas por la propia autoridad monetaria. De esta manera, se busca preservar el valor relativo del ahorro.
La forma virtuosa de resolver este desbalance entre capacidad prestable del sistema bancario y demanda de crédito es que el ahorro de empresas y familias se canalice hacia la inversión productiva.
En los próximos años, la limitación al crecimiento, originada en la restricción externa, se superará gracias al dinamismo exportador de sectores estratégicos tales como el petróleo y el gas, la minería, la agroindustria y los servicios basados en el conocimiento. Entonces, el financiamiento bancario será fundamental para impulsar el sendero de desarrollo. Para ello, es necesario preservar el valor del ahorro y desarrollar un mercado de capitales y financiero doméstico profundo y transparente.
Asimilar la remuneración a las Leliq al déficit fiscal es un error que puede conducir a políticas equivocadas, impidiendo la futura aplicación del ahorro local a la inversión productiva y al financiamiento del consumo.