BCRA

Finanzas licita ocho instrumentos y suma una nueva Letra dólar linked a noviembre

Compartí esta noticia !

La Secretaría de Finanzas realizará este viernes 11 de septiembre una nueva licitación de deuda del Tesoro Nacional, con una oferta que combina instrumentos en pesos a tasa fija, ajustados por CER, bonos a tasa TAMAR y títulos vinculados al dólar. La operación incorpora como novedad una Letra dólar linked con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y busca captar financiamiento con distintos perfiles de cobertura.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15. La liquidación de las operaciones adjudicadas está prevista para el martes 15 de septiembre, bajo el esquema T+2. Para todos los instrumentos, la licitación se realizará mediante indicación de precio y no habrá precio mínimo ni máximo, por lo que las condiciones finales de colocación surgirán de las ofertas recibidas.

En el segmento de tasa fija, Finanzas reabrirá la LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026. La oferta se completa con la LECER X29E7, ajustada por CER y con vencimiento el 29 de enero de 2027, que ofrece una alternativa vinculada a la evolución de los precios.

También estarán disponibles dos bonos del Tesoro a tasa TAMAR. Se trata del TMF27, con vencimiento el 26 de febrero de 2027, y del TML27, que vence el 30 de julio de 2027. En ambos casos se trata de reaperturas y el parámetro de licitación será el precio.

El cuarto segmento estará concentrado en instrumentos dólar linked. Finanzas reabrirá la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, y la D31M7, que vence el 31 de marzo de 2027. A ellas se sumará el bono dólar linked TZV27, con vencimiento el 30 de junio de 2027.

La principal novedad de la convocatoria es la LELINK con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. Se trata de un instrumento nuevo, denominado en dólares estadounidenses, pero cuya suscripción y pago se realizarán en pesos tomando como referencia el tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 del Banco Central.

El título será emitido el 15 de septiembre y amortizará íntegramente al vencimiento. No pagará intereses, ya que es un instrumento cero cupón, y su precio de colocación será determinado en la propia licitación. Para la suscripción se utilizará el tipo de cambio de referencia correspondiente al día hábil previo a la licitación, mientras que para el pago se aplicará el tipo de cambio de referencia correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

La estructura de la licitación permite distinguir dos tipos de participación. El tramo no competitivo está destinado a inversores que no cuentan con especialización suficiente para evaluar por sí mismos las condiciones financieras y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. En los instrumentos en pesos podrán presentar ofertas de entre VNO $10.000 y $50 millones por inversor, mientras que para el instrumento denominado en dólares el rango será de VNO USD 1.000 a USD 50.000.

Los inversores especializados y quienes superen esos límites deberán participar del tramo competitivo. Para los títulos en pesos, la oferta mínima será de VNO $1 millón para los agentes excluidos del tramo no competitivo y no habrá un máximo. En el caso de los instrumentos dólar linked, el mínimo será de VNO USD 1.000, también sin límite máximo.

La diferencia entre ambos segmentos no es menor para el funcionamiento de la operación. En el tramo competitivo, los inversores deberán indicar tanto el volumen que buscan suscribir como el precio que están dispuestos a pagar. Para las LECAP, LECER y bonos TAMAR, el precio se expresará en pesos por cada VNO $1.000. En las LELINK y el bono dólar linked, el precio se expresará en dólares por cada VNO USD 1.000, aunque la integración se realizará en pesos.

La licitación vuelve a colocar al Tesoro frente a un mercado que deberá definir cuánto está dispuesto a pagar por instrumentos con diferentes mecanismos de cobertura y horizontes de vencimiento. La combinación de tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked permite al Gobierno captar demanda de inversores con expectativas diferentes respecto de inflación, tasas de interés y evolución cambiaria.

En el caso de los títulos dólar linked, además, el diseño traslada al inversor una cobertura frente a la variación del tipo de cambio oficial de referencia. La suscripción se realiza en pesos, pero el valor nominal y la amortización están expresados en dólares, con el tipo de cambio aplicable definido según las reglas establecidas para cada instrumento.

Finanzas no fijó de antemano un monto máximo específico para cada título: la colocación será de hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. El volumen efectivamente adjudicado y los precios de cada instrumento quedarán determinados una vez finalizado el proceso competitivo.

La operación tendrá así dos lecturas. En el corto plazo, permitirá observar el costo al que el Tesoro consigue renovar o captar financiamiento en pesos y qué cobertura demanda el mercado frente a inflación, tasas y dólar. En una perspectiva más amplia, la composición de la oferta muestra la estrategia de diversificar los instrumentos disponibles para administrar los vencimientos y captar fondos de inversores con distintas expectativas financieras.

Compartí esta noticia !

El BCRA admite que la expansión del crédito trae más mora y pide prudencia

Compartí esta noticia !

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reconoció que la expansión del crédito que atraviesa la economía también genera un aumento de la morosidad y planteó que el desafío ahora consiste en administrar ese crecimiento con mejores herramientas de evaluación y regulación. La definición fue publicada en un artículo firmado por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director de la autoridad monetaria.

Bajo el título “Hacia una sociedad de propietarios”, Curutchet recorrió la evolución reciente del crédito al sector privado y sostuvo que la Argentina viene de décadas en las que el financiamiento bancario ocupó un lugar marginal. Para el funcionario, la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal permitió revertir parcialmente esa dinámica y ampliar el acceso al financiamiento.

El problema que aparece ahora es distinto. Después de años en los que el principal obstáculo fue la ausencia de crédito, el sistema debe afrontar los riesgos propios de una mayor intermediación financiera. Entre ellos, la posibilidad de que una parte de los nuevos tomadores no pueda cumplir con sus obligaciones.

El crédito vuelve, pero la mora expone el costo del proceso

Según los datos citados por Curutchet, el crédito al sector privado alcanzó en julio niveles equivalentes al 9,2% del PIB cuando se consideran los préstamos en pesos y al 12,5% al incorporar los créditos en moneda extranjera.

El crecimiento es significativo respecto del punto de partida, pero todavía deja a la Argentina muy por debajo de otras economías de la región. De acuerdo con datos del Banco Mundial correspondientes a 2024, el crédito al sector privado representaba el 40% del PIB en Perú, el 76% en Brasil y el 104% en Chile.

La brecha también resulta evidente en el mercado hipotecario. El crédito destinado a vivienda supera apenas el 1% del PIB argentino, frente a alrededor del 27% en Chile y el 50% en Estados Unidos.

El diagnóstico del BCRA parte de una premisa: la escasez de financiamiento no fue solamente consecuencia de una baja demanda de préstamos, sino también de un esquema macroeconómico que durante años limitó la capacidad del sistema financiero para canalizar ahorro hacia familias y empresas.

Curutchet atribuyó ese proceso principalmente al déficit fiscal crónico y describió un mecanismo de desplazamiento del sector privado conocido como crowding out. Según su explicación, cuando el Estado absorbe una porción elevada de los recursos disponibles para financiar sus necesidades, los bancos tienen menos incentivos y posibilidades para dirigir esos fondos hacia viviendas, inversiones y empresas.

Juan Curutchet, director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias

La recuperación hipotecaria cambia la dimensión del mercado

La recuperación del crédito también empieza a modificar el acceso a la vivienda. Desde 2024 y hasta el primer semestre del año en curso, cerca de 65.000 familias accedieron a un crédito hipotecario, según los datos mencionados por el funcionario.

A esa dinámica se suma una medida reciente del Gobierno basada en fondos de la ANSES para ampliar el financiamiento hipotecario. Curutchet estimó que esa herramienta permitirá que otras 20.000 familias accedan a créditos.

La importancia económica del proceso excede la posibilidad de comprar una vivienda. Una hipoteca a largo plazo transforma ingresos futuros en un activo patrimonial y puede convertir al sistema financiero en un canal de acumulación de capital para la clase media.

Esa es la lógica que el funcionario sintetizó bajo el concepto de “sociedad de propietarios”: una familia que paga durante años una hipoteca no solamente resuelve una necesidad habitacional, sino que construye un patrimonio que eventualmente puede conservar, vender, alquilar o transferir.

Pero ese mecanismo funciona solamente si el crédito resulta sostenible. La expansión de préstamos no garantiza por sí misma una mejora patrimonial si las cuotas terminan superando la capacidad de pago de los hogares.

El desafío que plantea la morosidad

El punto más relevante del documento del BCRA aparece precisamente en esa tensión. Curutchet reconoció que la expansión del crédito “trae desafíos” y ubicó a la mora entre los principales.

“Habrá mora y errores al prestar y endeudarse”, sostuvo, al plantear que bancos, empresas y familias deberán “reaprender a administrar el riesgo”.

La advertencia tiene una lectura doble. Para las entidades financieras implica mejorar la evaluación de los solicitantes y la calidad de las decisiones de crédito. Para los hogares, supone evaluar la capacidad real de pago antes de asumir compromisos que pueden extenderse durante años.

El funcionario también señaló la necesidad de evitar el sobreendeudamiento y reclamó prudencia, profesionalismo y buena regulación. La cuestión deja así de ser exclusivamente bancaria: el crecimiento del crédito requiere que el sistema pueda distinguir entre una expansión saludable del financiamiento y una acumulación de obligaciones que posteriormente se transforma en mora.

En términos económicos, la mora es una señal de que la recuperación del crédito tiene un costo de aprendizaje. Después de un período prolongado de baja intermediación, tanto prestamistas como tomadores deben adaptarse nuevamente a un mercado donde el financiamiento vuelve a ocupar un lugar relevante.

El objetivo es que el crédito se convierta en inversión

La apuesta del BCRA es que el proceso genere un círculo de mayor intermediación financiera. Más ahorro permitiría ampliar el crédito; más crédito podría financiar inversión y vivienda; una mayor inversión debería contribuir a elevar el capital y la productividad.

El punto crítico consiste en que esa cadena necesita estabilidad para sostenerse. Si los hogares se sobreendeudan o las entidades relajan demasiado sus criterios de evaluación para capturar el crecimiento del mercado, la expansión puede generar un incremento de la mora que termine frenando el propio proceso.

Por eso, el desafío de esta nueva etapa no pasa únicamente por aumentar el volumen de préstamos. También exige construir condiciones para que esos créditos puedan ser pagados, refinanciados cuando corresponda y utilizados para financiar activos e inversiones que mejoren la capacidad económica de quienes los toman.

La Argentina todavía parte de niveles de crédito excepcionalmente bajos frente a otras economías de la región. Esa distancia muestra el potencial de crecimiento, pero también explica por qué la recuperación puede generar tensiones que no aparecían cuando el sistema prácticamente no financiaba a las familias.

La definición del BCRA instala así una discusión que va más allá de la estadística de morosidad. El desafío consiste en transformar la recuperación del crédito en una herramienta de acumulación patrimonial e inversión sin repetir los ciclos de endeudamiento insostenible.

Si el sistema logra combinar estabilidad macroeconómica, evaluación crediticia, regulación y capacidad de pago, la expansión puede convertirse en una plataforma para aumentar la inversión y el patrimonio de los hogares. Si la velocidad del crédito supera esas capacidades, la mora puede convertirse en el límite de la recuperación.

Compartí esta noticia !

La mora se dispara en Misiones: los créditos en problemas se duplicaron en un año y golpean al agro y al comercio

Compartí esta noticia !

La morosidad financiera alcanzó al 10,2% de los préstamos en Misiones al cierre de junio de 2026, cuatro veces el nivel registrado tres años atrás. El deterioro ocurre al mismo tiempo que se expandió con fuerza el crédito: el stock de préstamos de la provincia creció 65% en términos reales frente a 2023. Producción primaria, comercio y créditos al consumo aparecen como los sectores más comprometidos, según un informe del IERAL Regional NEA elaborado con datos del Banco Central.

El crédito volvió, pero también volvió el riesgo. Y en Misiones esa combinación comienza a mostrar una cara cada vez más preocupante: uno de cada diez pesos prestados por el sistema financiero se encuentra en situación no normal, una proporción que prácticamente se duplicó durante el último año y que cuadruplica el nivel observado tres años atrás.

El último informe de coyuntura del IERAL Regional NEA, basado en estadísticas del Banco Central, muestra que la tasa de morosidad de Misiones llegó al 10,2% al 30 de junio de 2026, frente al 5,1% registrado en junio de 2025 y apenas 2,5% en junio de 2023.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa lo ocurrido con el financiamiento. Durante el mismo período, el stock real de préstamos creció significativamente. Entre junio de 2023 y junio de 2026 aumentó 65% en Misiones, por encima de Chaco (+49%) y Formosa (+43%), y apenas por detrás del crecimiento observado en Corrientes (+61%, según el informe) en el universo regional comparado. A nivel nacional, la expansión alcanzó al 81%.

Es decir: hay considerablemente más crédito que tres años atrás, pero también una proporción mucho mayor de deudores con dificultades para cumplir.

El IERAL advierte precisamente sobre esa contracara. Una mayor disponibilidad de financiamiento puede impulsar consumo e inversión, pero también eleva el endeudamiento de familias y empresas y aumenta la vulnerabilidad frente a cambios de ingresos, costos o tasas de interés. El informe señala particularmente el salto de las tasas ocurrido durante agosto de 2025 como uno de los factores que coincidió con la aceleración de la mora entre el segundo y el tercer trimestre de ese año.

En un año, el stock de créditos morosos creció 99% en Misiones

Hay dos indicadores diferentes que permiten dimensionar el problema.

El primero es la tasa de morosidad, es decir, qué porcentaje de los préstamos existentes se encuentra en situación no normal. En Misiones pasó de 5,1% a 10,2% entre junio de 2025 y junio de 2026.

El segundo es el stock de préstamos en situación no normal, medido en términos de volumen. En ese caso, el crecimiento interanual fue del 99% en Misiones.

Aunque es un salto considerable, la provincia no aparece como el caso más extremo del Nordeste. Chaco registró un incremento del stock moroso de 496%, Formosa de 339% y Corrientes de 154%. Todas las provincias de la región tuvieron aumentos superiores al promedio nacional.

La fotografía del NEA, por lo tanto, es homogénea en la dirección —la mora aumenta en las cuatro provincias— pero profundamente diferente en intensidad y en los sectores que explican el deterioro.

El campo, el sector más comprometido de Misiones

La apertura sectorial revela dónde está concentrado el problema misionero.

Al 30 de junio de 2026, la producción primaria tenía el mayor porcentaje de préstamos en situación irregular: 16,3%, frente al 7,8% de un año antes.

En apenas doce meses, por lo tanto, la incidencia de la mora en el sector primario se duplicó.

El IERAL señala que dentro de esa categoría el deterioro se explica principalmente por actividades vinculadas con cría de ganado y producción de leche, lana y pelos.

El segundo foco de tensión es el comercio, donde la tasa de irregularidad pasó de apenas 3,5% en junio de 2025 a 12,8% un año después.

El salto es particularmente significativo: representa un aumento de más de nueve puntos porcentuales en doce meses y ubica al comercio —fundamentalmente el minorista— como uno de los segmentos más vulnerables del mapa crediticio provincial.

Misiones: porcentaje de préstamos en situación no normal

SectorJunio 2025Junio 2026
Producción primaria7,8%16,3%
Comercio3,5%12,8%
Personas físicas / consumo5,8%10,4%
Industria manufacturera2,1%8,5%
Construcción5,2%6,0%
Servicios6,2%5,6%

Fuente: IERAL Regional NEA sobre datos del BCRA. El gráfico sectorial compara los períodos al 30 de junio de 2025 y 2026.

Las familias tampoco escapan: la mora de consumo llegó al 10,4%

El deterioro no se limita a empresas y actividades productivas.

Los créditos de personas físicas vinculados al consumo muestran una morosidad de 10,4%, contra 5,8% doce meses antes.

En otras palabras, también se duplicó prácticamente la proporción de financiamiento personal que presenta problemas de cumplimiento.

El fenómeno adquiere especial relevancia porque convierte al deterioro crediticio en algo más que un problema empresarial. También constituye una señal sobre la capacidad de pago de los hogares.

El mismo patrón aparece, con distinta intensidad, en las demás provincias del Nordeste. En Corrientes, por ejemplo, la mora de los préstamos al consumo llegó al 17,6%, mientras que en Formosa alcanzó el 10,4%. El propio IERAL interpreta este último crecimiento como una señal del empeoramiento de parte de las economías familiares.

La industria misionera cuadruplicó su nivel de mora

Otro de los movimientos más fuertes aparece en la industria manufacturera.

La proporción de préstamos irregulares pasó de 2,1% a 8,5% en doce meses. Aunque permanece debajo de producción primaria, comercio y consumo, es una de las variaciones relativas más pronunciadas de la provincia.

La construcción, en cambio, muestra un deterioro mucho más moderado: pasó de 5,2% a 6%.

Y hay una única excepción dentro del mapa misionero.

Los servicios redujeron su morosidad del 6,2% al 5,6%, principalmente por una mejora en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Chaco, el caso más crítico del Nordeste

Aunque la tendencia preocupa en Misiones, el cuadro regional muestra situaciones todavía más extremas.

Al cierre de junio, la mora total alcanzó:

Chaco: 24,2%
Corrientes: 14,9%
Formosa: 12,1%
Misiones: 10,2%
Promedio nacional: 9,6%

Misiones aparece así como la provincia con menor tasa general de mora entre las cuatro jurisdicciones del NEA, aunque igualmente se ubica por encima del promedio nacional y muestra una aceleración considerable respecto de 2023 y 2025.

El caso chaqueño es particularmente llamativo. En Servicios, el porcentaje de préstamos en situación no normal saltó del 5% al 67,1%, impulsado principalmente por correos y telecomunicaciones. En la industria manufacturera pasó del 1,8% al 23,9%, fundamentalmente por el deterioro de la industria textil.

Corrientes también muestra señales fuertes: la industria manufacturera pasó de 7,3% a 24,8%; consumo, de 10% a 17,6%; y construcción, de 1,4% a 16,5%.

Apertura, desregulación y obra pública: la lectura del IERAL

El informe no se limita a describir los números. También plantea una interpretación del deterioro.

Según el IERAL, la apertura de la economía y la desregulación expusieron a determinadas industrias locales a una competencia mayor, con impacto particularmente visible en sectores como el textil. A eso suma las dificultades del comercio, la construcción —en un contexto de freno de la obra pública— y determinados servicios.

El resultado, sostiene el análisis, es que numerosas empresas encuentran crecientes dificultades para mantener sus obligaciones financieras al día.

Es una conclusión relevante porque desplaza el análisis desde una lectura exclusivamente financiera hacia la economía real: la mora aparece como una consecuencia de empresas y familias que tomaron más crédito, pero enfrentan mayores dificultades para generar el flujo de ingresos necesario para pagarlo.

El desafío ya no es solamente conseguir crédito

Durante buena parte de los últimos años, uno de los problemas centrales de la economía argentina fue la escasez de financiamiento.

Los números del IERAL muestran que ese escenario cambió parcialmente. El volumen real de préstamos creció 81% en el país y 65% en Misiones respecto de junio de 2023.

Pero el incremento de la morosidad introduce una segunda etapa del problema.

Ya no alcanza con que exista crédito. También importa a qué tasa se presta, qué plazo tiene, cuánto pesa la carga tributaria sobre el financiamiento y, fundamentalmente, si familias y empresas generan ingresos suficientes para devolverlo.

El IERAL plantea precisamente que uno de los desafíos pasa por bajar las tasas de interés, reducir el componente tributario del costo financiero y desarrollar instrumentos de financiamiento de mediano y largo plazo.

También reclama que provincias y municipios alivien las cargas fiscales aplicadas sobre distintas líneas de crédito bancario y no bancario y plantea la necesidad de fortalecer la educación financiera.

Para Misiones, los números dejan una señal concreta: el crédito se expandió con fuerza, pero la capacidad de pago no creció al mismo ritmo.

Y el deterioro ya no está concentrado en un único segmento. Atraviesa producción primaria, comercio, industria y consumo familiar.

La mora todavía es menor que en Chaco, Corrientes y Formosa. Pero su velocidad de crecimiento marca la señal de alerta: en apenas tres años, Misiones pasó de tener 2,5% de sus préstamos en situación irregular a superar el 10%.

Compartí esta noticia !

El Gobierno licitó $200.000 millones del FGS para ampliar el crédito hipotecario

Compartí esta noticia !

El Gobierno puso en marcha el mecanismo financiero con el que busca ampliar la oferta del crédito hipotecario para las familias que buscan acceder a una primera vivienda. En la primera licitación de fondos del esquema participaron 18 bancos, se presentaron 42 posturas y finalmente 13 entidades resultaron adjudicatarias de un total de $200.000 millones.

La subasta, instrumentada por la ANSES y comunicada por el Banco Central (BCRA), recibió ofertas por $258.640 millones. La diferencia entre el monto ofertado y el adjudicado muestra que existió demanda de fondeo por encima del volumen previsto para este primer tramo.

El mecanismo forma parte del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) mediante sucesivas licitaciones. El objetivo es que ese fondeo de mayor plazo permita a los bancos ampliar la cantidad de préstamos hipotecarios disponibles para las familias.

Cómo se distribuyeron los primeros $200.000 millones

El primer llamado quedó dividido en dos tramos con diferentes plazos y condiciones financieras. El primero tiene un plazo de un año y concentró $35.570.677.389, con una tasa equivalente a UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%.

El segundo tramo, de mayor volumen, alcanza $164.429.322.611 y tiene un plazo de cinco años, con una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

La estructura permite extender el horizonte del fondeo bancario, un factor relevante para un mercado hipotecario en el que los préstamos se otorgan a plazos mucho más extensos que los instrumentos tradicionales de financiamiento.

Cada entidad financiera puede ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. El esquema busca, de ese modo, distribuir el fondeo entre distintos participantes y evitar que una sola entidad concentre una porción excesiva de los recursos disponibles.

El resultado de esta primera licitación deja una señal sobre el interés del sistema financiero: las ofertas superaron en $58.640 millones el monto finalmente adjudicado. Ahora el punto central será determinar en qué medida ese fondeo se traduce en nuevos créditos para los hogares.

El FGS aporta liquidez, pero el banco asume el riesgo

Uno de los aspectos centrales del programa es la separación entre el fondeo y el riesgo crediticio. El Gobierno plantea que el FGS no será quien evalúe a los tomadores de los préstamos ni asumirá las consecuencias de eventuales incumplimientos.

La evaluación crediticia seguirá en manos de cada banco. Las entidades deberán analizar los ingresos, capacidad de pago y demás condiciones de cada solicitante antes de otorgar el préstamo hipotecario.

Caputo había explicado el criterio al presentar el programa: el FGS funciona como proveedor de liquidez para las entidades financieras, mientras que los bancos conservan la responsabilidad sobre la decisión de prestar y el riesgo asociado a cada operación.

La distinción resulta relevante para entender el alcance del esquema. El Estado no está otorgando directamente los créditos hipotecarios ni garantizando el repago de cada familia. Su intervención se concentra en facilitar a los bancos un fondeo de mayor plazo que pueda ampliar su capacidad de originación.

El desafío: que el fondeo llegue a la primera vivienda

El éxito de la política no se medirá únicamente por el volumen adjudicado en las licitaciones. La variable decisiva será la cantidad y las condiciones de los nuevos créditos hipotecarios que finalmente lleguen a las familias.

El programa parte de una restricción concreta: los bancos necesitan contar con instrumentos de financiamiento compatibles con préstamos hipotecarios de largo plazo. Al aportar liquidez mediante el FGS, el Gobierno busca reducir esa limitación y generar condiciones para que las entidades aumenten su oferta.

La primera licitación constituye, en ese sentido, el inicio de un proceso y no el resultado final. Los $200.000 millones adjudicados representan el primer tramo de un esquema que podría movilizar hasta $2 billones mediante sucesivas subastas.

También será determinante cómo se traslade el costo del fondeo a los créditos que ofrezcan los bancos. Las tasas adjudicadas, expresadas como UVA más un spread, forman parte de la estructura financiera que deberán considerar las entidades al diseñar sus productos hipotecarios.

Para las familias, la cuestión central estará en las condiciones concretas de acceso: monto financiable, plazo, tasa, relación entre cuota e ingresos y requisitos de calificación. Allí se definirá si una mayor disponibilidad de liquidez bancaria efectivamente amplía el universo de hogares que puede acceder a una primera vivienda.

La primera subasta deja así dos datos relevantes para el mercado hipotecario: hubo ofertas bancarias por encima del monto disponible y el Gobierno ya adjudicó los primeros $200.000 millones. El desafío siguiente será convertir ese fondeo en crédito efectivo y, a través de sucesivas licitaciones, construir una oferta hipotecaria de mayor escala y plazo.

Compartí esta noticia !

Ponen en marcha el fondeo de ANSES para los créditos hipotecarios con una primera licitación por $200.000 millones

Compartí esta noticia !

El Banco Central puso en marcha el mecanismo mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a fondear a los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. La primera licitación contempla $200.000 millones y forma parte de un programa que prevé canalizar $2 billones hacia las entidades financieras, con el objetivo de sostener préstamos de largo plazo para la compra de viviendas.

La herramienta fue anunciada dos semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de un paquete destinado a recuperar el financiamiento hipotecario y, al mismo tiempo, apuntalar la actividad económica vinculada con la construcción y el acceso a la vivienda.

En esta primera operación, el FGS colocará los recursos en bancos mediante plazos fijos UVA, mientras que el Banco Central actuará como agente financiero de ANSES. El programa contempla diez licitaciones de $200.000 millones cada una, por un total de $2 billones, equivalentes a unos u$s1.300 millones.

El diseño busca atacar uno de los principales problemas del mercado hipotecario: la disponibilidad de fondeo a largo plazo. Los depósitos UVA tendrán plazos de uno y cinco años, con tasas mínimas de 2,5% y 4,5%, respectivamente. A cambio de acceder a esos recursos, las entidades deberán destinarlos a nuevas líneas hipotecarias bajo determinadas condiciones.

El límite que cambia la ecuación para los bancos

El punto central del esquema es la tasa que deberán ofrecer las entidades beneficiarias. Los créditos financiados con recursos del FGS tendrán un costo máximo de UVA + 7,5%, lo que puede modificar la estrategia comercial de aquellos bancos que actualmente ofrecen préstamos por encima de ese nivel.

Cada entidad podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto disponible en cada licitación. Una vez recibido el fondeo, contará con un plazo de 90 días para transformar esos recursos en nuevos créditos hipotecarios.

La regla introduce una relación directa entre el financiamiento que reciben los bancos y el crédito que deben colocar. No se trata solamente de aportar liquidez al sistema financiero: el objetivo es que ese fondeo se traduzca en nuevas operaciones destinadas a la compra de viviendas.

Para las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel, el incentivo es diferente. El programa puede representar principalmente una fuente de financiamiento de mayor plazo, sin que necesariamente implique una reducción adicional de las tasas que cobran a sus clientes.

El mercado espera los primeros créditos hacia fin de año

La implementación también abre interrogantes entre los bancos. Uno de los puntos que todavía genera dudas es si las entidades podrán ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos para los plazos fijos UVA con el propósito de captar una mayor proporción de los fondos disponibles en las subastas.

Otro aspecto pendiente es el tratamiento de quienes ya tomaron préstamos hipotecarios a tasas superiores al nuevo límite. También resta determinar cuánto tiempo demandará el proceso entre la adjudicación de los fondos, su disponibilidad efectiva para los bancos y la aprobación de los nuevos préstamos.

Si el cronograma se desarrolla según las previsiones de las entidades, los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.

El impacto potencial no es menor. El programa fue diseñado para alcanzar a más de 10.000 viviendas y busca ampliar la disponibilidad de crédito en un mercado que durante 2026 muestra una contracción respecto del año anterior.

Un mercado que perdió volumen

El fondeo llega en un momento en que el crédito hipotecario atraviesa una etapa de menor dinamismo. Actualmente, el monto promedio de los préstamos ronda los u$s75.000, equivalentes a cerca de $100 millones, mientras que los plazos promedio se ubican en aproximadamente 23 años y las tasas se encuentran cercanas al 7%.

La evolución de las operaciones muestra la magnitud del desafío. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 créditos hipotecarios, mientras que para 2026 se proyectan unos 30.000 préstamos. De concretarse esa previsión, el mercado registraría una caída cercana al 34% interanual.

En ese contexto, el programa del FGS intenta recomponer una pieza clave del mercado: el financiamiento de largo plazo. Para que el esquema tenga impacto sobre la demanda habitacional, sin embargo, no alcanza con aumentar los fondos disponibles. La condición decisiva será que esos recursos efectivamente se conviertan en créditos, con tasas y plazos compatibles con la capacidad de pago de los hogares.

La apuesta oficial combina así dos objetivos. Por un lado, ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda. Por otro, utilizar recursos de largo plazo para darle mayor profundidad a un mercado hipotecario que todavía permanece lejos de los niveles necesarios para convertirse en un canal relevante de financiamiento habitacional.

La primera licitación será, en ese sentido, una prueba concreta del mecanismo. El volumen adjudicado, la cantidad de bancos participantes y, sobre todo, la velocidad con la que los $200.000 millones se transformen en nuevas hipotecas permitirán medir si el esquema logra superar el problema central del mercado: no solo disponer de dinero, sino convertirlo en vivienda financiada a largo plazo.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin