El Diputado nacional por Misiones, Diego Sartori habló en Open 101.7 sobre los dictámenes aprobados en comisión de Diputados para la reforma de la Ley de Alquileres, remarcó la necesidad de “una norma que beneficie a ambos sectores, inquilinos y propietarios” y anticipó que insistirá en que las actualizaciones de costos sean “cada seis meses en una negociación libre”.

Explicó que de los diferentes proyectos presentados en comisión se aprobaron dos, uno por mayoría del Frente de Todos y otro por minoría, de los diferentes espacios de la oposición.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes el pasado miércoles para reformar la Ley de Alquileres: uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos (FdT) que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

El despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio (JxC), Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados.

Sartori remarcó que “en un país con una inflación superior al 60% es imposible una negociación atada a un índice”. Recordando que actualmente las tarifas tienen actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la variación salarial establecida en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) del Ministerio de Trabajo.

“Así como esta la Ley es inviable, lo que pretendemos hacer una ley que le sirva a las dos partes. En cualquier tema que se trate en un país con un 60% de inflación cómo haces para que todas las ecuaciones cierren, esa es la cuestión”, resaltó Sartori.

Sobre el debate en el recinto, Sartori dijo que no se tiene fecha fijada, pero que “podría tratarse la semana que viene”.

Desde el socialismo, el Frente Renovador de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro no están del todo convencidos con el plazo de tres meses fijado en ese dictamen como plazo mínimo para actualizar el valor de los alquileres, aspiraban a que como mínimo fuera a los seis meses. En la legislación vigente es a partir del año.

Como contrapartida, una quincena de Diputados del PRO se plantó en que no aceptará que el margen sea mayor a los tres meses. Su objetivo original era que no hubiera lapso de tiempo para avanzar con los reajustes, amén de que la mayoría de ellos bregaban por la derogación lisa y llana de la norma aprobada en 2020.

En comisión el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo.

El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.

Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.

Los bloques opositores también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.

Además impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación”

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