Los agricultores, centrales en la transición del glifosato a bioinsumos

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Por María Rosa Fogeler, Antropóloga, Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera. En las siguientes líneas, un repaso sobre la historia del peligroso uso del herbicida glifosato en la agricultura de Misiones; sus consecuencias sociales, sanitarias, ambientales, económicas –  productivas y el reto que supone para los agricultores la prohibición de su uso, tras haber sido impuesto como “la mejor alternativa” durante décadas en su esquema de trabajo.

El sistema productivo de las chacras (explotaciones agrícolas familiares) se vio modificado desde fines de la década de 1960 en adelante. Crisis de precios de los principales productos agrícolas, proceso de concentración de las tierras y la producción, desempleo rural, expansión del monocultivo de pino a gran escala y en pequeñas chacras mediante subsidios a la producción y facilidades de desmonte, extensión de la frontera agraria, sobre todo para la producción de tabaco burley que continuó a la explotación forestal de los latifundios, alentadas por las empresas tabacaleras a partir de la década de 1980 y en coincidencia también con la introducción del plaguicida glifosato.

De esta forma, la limpieza en los principales cultivos agrícolas y forestales (tabaco, yerba mate, te, pino), donde antes se utilizaban herramientas manuales, tractores y combinación territorial y temporal de cultivos, se comenzó a efectuar mediante la aplicación del plaguicida marca Roundup de la multinacional Monsanto (que en la actualidad, el costo de la lata de 20 litros asciende a 40.000 pesos), lo que  implicó también un proceso de desvalorización y destrucción de las capueras, consideradas tierras improductivas sin valor que preservar o razón para permitir su restitución natural, que es el monte, la biodiversidad y el agua.

A grandes rasgos, las principales consecuencias de estos cambios fueron:

– Disminución del empleo rural y expulsión de este segmento a los espacios periurbanos. 

-Pérdida del poder adquisitivo de los salarios y renta de los pequeños productores, y del empleo rural registrado.

– Se revirtió la proporción entre la población rural y urbana.

–  Pérdida de la cultura agrícola y de la capacitación laboral en las tareas manuales y mecánicas de los cultivos y las prácticas agrícolas de cuidado y regeneración de los suelos y cultivos en general. 

-Pérdidas y crisis de producción en la cría  de animales de granja y otros alimentos elaborados tradicionalmente en las chacras. 

-Pérdida de la cultura técnica de los talleres locales de la provincia.

-Agotamiento del suelo.

-Destrucción de la biodiversidad y de vertientes de agua.

-Afectación a la salud de la población.

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A grandes rasgos, podemos asegurar que es incalculable el costo económico y social en décadas de uso de agrotóxicos, para la población y el Estado, sobre todo en términos de empleo rural, la salud, y la posibilidad de condiciones de vida dignas para las comunidades rurales (en torno a la producción agrícola, forestal y turística), de la misma manera que es incalculable el costo ambiental, que repercute en toda población, especialmente al tratarse de la disposición en cantidad y calidad del agua para consumo y para producción, y la biodiversidad.

Las ventajas  del uso de este herbicida respecto a la rentabilidad a corto plazo, sin considerar las desventajas asociadas al poder destructivo y degradante sobre el ambiente, la biodiversidad y la salud de la población, podrían sintetizarse en:

– Menor necesidad de trabajadores, tareas costosas fácilmente reemplazables con las fumigaciones de glifosato, generalmente a cargo del padre o los hijos varones mayores.

-Menor consumo de combustibles, herramientas y maquinarias, utilizadas en las tareas manuales y mecánicas con tractores, motoguadañas y herramientas manuales (excepto la industria del té que al mecanizar la cosecha y usar glifosato para la limpieza, eliminó casi la necesidad de empleados en el cultivo).

Actualmente nos encontramos ante la posibilidad de “prohibir el uso del glifosato, sus componentes y afines” y de promover la aplicación de productos biológicos naturales, los bioinsumos, tal como lo establece el proyecto de ley XVI-N°124 aprobado en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Si bien quedan aspectos por abordar públicamente, como por ejemplo cuando hablan de bioinsumos, ¿a qué se refieren? Es un concepto muy abstracto, requiere especificaciones. ¿Qué incluyen, cuáles son, dónde se compran, cómo se obtienen, se pueden producir en las chacras o localidades?  No obstante, la iniciativa es una esperanza, ya que implicaría comenzar a cuidar la salud, a restituir la biodiversidad y recuperar el ambiente en general, degradado en sus aguas, suelo y aire.

Queremos confiar que esta norma, una vez aprobada, sea reglamentada y efectivamente aplicada. Nos gustaría que ocurra lo mismo con varias otras leyes, especialmente las ambientales, largamente celebradas pero que sin embargo duermen el sueño eterno en los archivos, mientras perdemos los bienes comunes esenciales para la vida. 

Retomando el proyecto de ley  XVI-N°124, cabe preguntar cuál es el plan del Gobierno para sustituir el glifosato: Si es un plan considerando las condiciones de vida y los esfuerzos productivos de los productores familiares, o si se va a restringir a imponer una tecnología de cultivos basada en un paquete de  bioinsumos difíciles de implementar para ellos, que con el tiempo forzará al abandono de las chacras y la destrucción de un sistema y una cultura de vida.

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Consideramos que para la implementación de tan importante norma, se requiere trabajar en la planificación considerando todo el territorio e involucrando a productores e instituciones pertinentes en cada lugar de Misiones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

-Tener presente que está orientada a comunidades rurales centrales en la producción de alimentos y  el cuidado de la naturaleza, con una rica cultura técnica que aportaron los inmigrantes y tecnologías desarrolladas en sus talleres para los requerimientos de la producción local y las agroindustrias.

-Plan de capacitación para la expansión de la producción agroecológica y orgánica, invirtiendo en el seguimiento y asistencia técnica a los agricultores y trabajadores rurales en general.

-Facilidades para la financiación de la producción de insumos, maquinaria, herramientas, instalaciones, energía, vehículos y transporte para los productores y los trabajadores.

-Formalización del trabajo agrícola y forestal. Plan para la contratación de trabajadores manteniendo la Asignación Universal por Hijo y la canasta de alimentos a nombre de las madres de los hijos de los trabajadores agrícolas y forestales registrados.

-Permitir y reglamentar la implementación de tecnologías para la producción de energía, incluyendo la producción del biocombustible alcohol hidratado, similar al que se utiliza en Brasil, en pequeña escala, para el autoconsumo de los productores y sus emprendimientos en las chacras y contextos habitacionales comunitarios.

-Implementar un programa con el objetivo de desarrollar la capacidad de captar la energía proveniente de los bienes naturales renovables (sol, agua, viento y biomasa), y emplearla en pequeña escala para el autoconsumo en las unidades productivas de las chacras, para mejorar las condiciones de vida y los esfuerzos productivos de la población rural.

Es necesario implementar estas medidas dado que el colono misionero viene usando glifosato desde hace décadas, y abandonarlo implica un cambio muy radical en su estructura. De ahí la importancia de que el Gobierno acompañe ese cambio con acciones como las enumeradas y otras que se sumen y evalúen pertinentes para alcanzar el objetivo propuesto por la norma.

“Misiones, La Hermosa”, como decía Alberto Roth, debe dar ese paso, imprescindible para la actual y futuras generaciones.

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