Se aprobó esta tarde en la Cámara alta de manera unánime, con 65 votos. Harán un puente del cuestionado mecanismo que se autogestionaron en abril pasado.

La noticia de que los miembros del Senado de la Nación pasarían a cobrar dietas de $9 millones provocó críticas de distintos orígenes y la reacción de la propia Cámara alta del Congreso, que por unanimidad canceló el último aumento de sus haberes. Además, José Mayans (Unión por la Patria) introdujo un proyecto para establecer una escala salarial de todos los funcionarios públicos, que por aprobación unánime se discutirá en comisiones.

El proyecto dispone un tope máximo de los salarios de las autoridades de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas, en donde el Presidente y la Vicepresidenta quedarían en mayor escala de haberes pero no podrán superar los veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, en agosto del 2024 anclado en los $262.432.

Asimismo, apunta fijar un principio de “coherencia y uniformidad” en la que los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional; los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, no pueden superar los quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Senado aprobó tipificar penalmente la venta de niños

El primer proyecto de resonancia que fue aprobado por unanimidad en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.

El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión “al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para “quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare”, con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal

El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos . Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.

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