En el Ministerio de Transporte de la Nación hacen cálculos. La suba del gasoil repercute directamente en el costo del transporte público de pasajeros y podría colocar al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal frente a los micrófonos anunciando un nuevo aumento del boleto de colectivo.

Según datos oficiales, entre enero y febrero de esto año el Gobierno nacional transfirió $ 2.664 millones en subsidios al transporte automotor de pasajeros. Eso es 40% menos respecto al mismo período de 2018 consecuencia del cronograma de aumentos de la tarifa que supuestamente terminó a mediado de marzo pasado y del cumplimiento del Consenso Fiscal que transfirió parte de la responsabilidad del subsidio de la tarifa en el Área Metropolitana (Amba) a la Ciudad y provincia de Buenos Aires.
Pero entre enero y marzo de este año el valor del litro del gasoil en promedio se incrementó 8,9% lo que hace tambalear la política oficial de reducir subsidios vía aumentos de tarifas y puso en duda el cronograma de aumentos que anunció el ministro Guillermo Dietrich a finales de 2018 y que estableció para marzo el valor del boleto mínimo en 19,50 pesos.
El propio Dietrich desmintió ayer la posibilidad de una suba. Al término de la reunión de Gabinete el ministro señaló que el Gobierno no evalúa “ninguna variación de los valores del transporte en el área metropolitana de jurisdicción nacional, que es la que está bajo la órbita del Gobierno”. Si no aumenta tarifa, aumenta subsidios.

Así lo confirmó una alta fuente del Gobierno nacional a El Cronista quien señaló que la suba del combustible “va suponer mas subsidio para que las empresas paguen el gasoil barato, siempre hablando de colectivos de jurisdicción nacional”.

En este contexto el Ejecutivo decidió aumentar el gasto de la Nación para solventar y asistir a las 140 empresas que mueven en 18.800 colectivos 3500 millones de personas al año que tienen en sus recorridos diarios conectar la Ciudad y con el Conurbano bonaerense .
Aún no está establecido el monto que tendrá que incrementar Transporte para mantener el nivel de servicio. Por lo menos aún no lo tienen en el sector público, porque los empresarios ya hicieron los cálculos.
Según los datos de las empresas de colectivos que operan en el Amba el incremento del valor del combustible significa que el sector necesita unos “100 millones de pesos más” por mes para poder operar. “Si no hay esos fondos tenes menos unidades en la calle seguro”, explicaron desde una compañía.
En esa línea se está trabajando para reducir el movimiento como sucedió con la emblemática Línea 6O. “Están trabajando en el tema de sacar ramales con poco movimiento. Eso se controla con la Sube. Pero en realidad va muy lento”. agregaron fuentes del sector privado.
La imposibilidad de ajustar más el valor del transporte público de pasajeros quizás radica en que en el Ejecutivo siguen de cerca la merma que está viviendo el sector. Según el Indicador sintético de servicios públicos que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) muestra que desde a septiembre hasta noviembre del 2018 -aún no están los datos de consumo del servicio de 2019- registró una caída en el consumo del transporte de pasajeros y recién en diciembre se recuperó.
Pero mientras la Nación define la cantidad de fondos que tendrá que derivar a las compañías que todos los días conectan al conurbano con la Ciudad y viceversa, en el interior del país las municipalidades y las provincias con menos apoyo financiero de la Casa Rosada deberán mirar la otra cara de la discusión: tarifas.
Con el fin de financiar a las provincias, a diferencia de lo que sucede en el Amba que lo paga el Tesoro, la Nación dispuso crear un fondo compensador por $ 6.500 millones para asistir a las provincias y que se nutría del Impuesto sobre los Bienes Personales. Con esos números, en diciembre de 2018, sólo se cubría el 25% de los fondos que necesitan las provincias en la previa al aumento de prácticamente nueve por ciento del gasoil. El resto, o lo desembolsa cada administración provincial o se pasa a tarifa, situación que ya está generando varios conflictos. Y más en un año electoral.
Esto se pudo observar hace unos pocos días cuando el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, acusó a la administración nacional de haberle quitado fondos para subsidiar el transporte público de las 70 líneas que recorren la provincia. El ministro Dietrich señaló que los dichos del gobernador eran “objetivamente falsos”.
En paralelo, hace poco se conoció que Dietrich busca recuperar $ 611 millones de subsidios que se pagaron entre 2014 a 2016 y que no se rindieron debidamente. Esa fue la primera de una lista de resoluciones en la que seguirá reclamando a las empresas de todas las jurisdicciones que recibieron fondos nacionales y que, en principio, no cumplieron los requisitos burocráticos.

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