La inseguridad alimentaria infantil en Argentina alcanzó niveles críticos en 2024: más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no tuvieron garantizada una alimentación adecuada, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El 35,5% de los menores fue afectado por este flagelo, y el 16,5% lo padeció en su forma más severa. La situación, vinculada a la pobreza estructural, el desempleo y la precariedad laboral, pone en riesgo el desarrollo físico, cognitivo y educativo de la infancia.

Según el informe “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, elaborado por las investigadoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, uno de cada tres niños argentinos vive en hogares con dificultades para acceder a una alimentación adecuada, y más de 1,8 millones sufren inseguridad alimentaria severa.

Las cifras corresponden al relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) y exponen una realidad persistente desde hace más de una década, con picos alarmantes en los años 2018, 2020 y 2024.

Radiografía del hambre: ¿quiénes son los más afectados?

El informe detalla que los hogares más impactados son aquellos con jefes o jefas sin empleo formal, familias monoparentales, numerosas, y con bajo nivel educativo. Además, se detectó una relación directa entre inseguridad alimentaria y bajo rendimiento escolar, lo que refuerza el carácter multidimensional del problema.

“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, subraya el documento, coordinado por Agustín Salvia.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue siendo la región más afectada, aunque en 2024 el interior del país alcanzó niveles similares, producto de un fuerte incremento de la inseguridad alimentaria en provincias que históricamente registraban indicadores más bajos.

La inseguridad alimentaria no solo implica falta de acceso a alimentos, sino también déficit en nutrientes esenciales. Esto genera consecuencias directas en el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los menores.

La OMS advierte que la desnutrición infantil puede provocar déficit de atención, bajo rendimiento escolar, mayor vulnerabilidad a enfermedades crónicas y dificultades de aprendizaje que se arrastran durante toda la vida.

El informe también señala que el 14,8% de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica entre 2022 y 2024, mientras que otro 9,2% vio agravarse su situación en ese mismo período. Solo el 44,5% logró mantenerse sin problemas de alimentación durante tres años consecutivos.

El estudio reconoce que las políticas de transferencia de ingresos (como AUH o Tarjeta Alimentar) contribuyeron a mitigar los efectos en sectores vulnerables. Sin embargo, la persistencia de la pobreza estructural, el desempleo y la informalidad laboral neutraliza parcialmente estos esfuerzos.

“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, indican las autoras.

Políticas necesarias: escuela, ingresos y empleo

El documento plantea una serie de propuestas para revertir la tendencia:

• Fortalecer los sistemas de protección social con enfoque territorial y federal
• Garantizar el acceso universal a una alimentación adecuada a través de la escuela pública
• Revalorizar el empleo formal como principal vía para reducir la inseguridad alimentaria
• Profundizar las políticas de inclusión laboral y educativa para familias en situación de pobreza estructural

La inseguridad alimentaria en la infancia argentina es un fenómeno estructural agravado por crisis cíclicas. Sus efectos no se limitan al presente, sino que condicionan el futuro de toda una generación. El informe de la UCA plantea un escenario urgente: sin políticas públicas integrales y sostenidas, el país arriesga su capital humano más valioso: su niñez.